Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

Nombres: Garza, Paulina de la, autor.

Título: Narrativas de política feminista versus conservadora : el aborto en Oaxaca / Paulina de la Garza.

Descripción: Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2023.

Identificadores: LIBRUNAM 2224699 (impreso) | LIBRUNAM 2224716 (libro electrónico) | ISBN 9786073083744 (impreso) | ISBN 9786073083751 (libro electrónico) (epub).

Temas: Aborto -- Política gubernamental -- Oaxaca. | Movimientos por el derecho al aborto -- Oaxaca. | Salud reproductiva -- Aspectos sociales -- Oaxaca. | Aborto -- Aspectos morales y éticos -- Oaxaca. | Aborto -- Oaxaca -- Estudio de casos.

Clasificación: LCC HQ767.5.O39.G37 2023 (impreso) | LCC HQ767.5.O39 (libro electrónico) | DDC 362.19888097256—dc23

Este libro fue sometido a un proceso de evaluación, por parte del comité dictaminador y el jurado del Concurso Laureana Wright.

D. R. © 2023, Universidad Nacional Autónoma de México

Torre II de Humanidades, piso 7, Circuito Interior,

Ciudad Universitaria, 04510,

Ciudad de México

https://cieg.unam.mx

Primera edición electrónica: diciembre, 2023, CIEG-UNAM

ISBN electrónico: 978-607-30-8375-1

DOI: https://doi.org/10.22201/cieg.9786073083751e.2023

Imagen de portada: Hermanas Gemila y Meztly Domínguez en la Marcha del 28S de 2019 en la ciudad de Oaxaca, México. Fotografía tomada por @JesusaGR

Diseño de interiores y de portada: Lucero Elizabeth Vásquez Téllez

Supervisión editorial: Modesta García Roa

Cuidado de la edición: Alejandra Tapia Silva, Salma Vásquez Montiel y Modesta García Roa

Formación: María Alejandra Romero Ibañez

Edición digital: Diego Froylan García Portal y Miguel Ángel García Franco. Wuldorwordum Procesos Editoriales

Corrección de estilo y de pruebas: Janet Grynberg Jasqui, Rigell Ayala Rivera, Jimena de Anda González y Teresa Maldonado Barrón

Ventas y distribución: Ubaldo Araujo Esquivel

Teléfono: 55-5623-0020

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Hecho en México

NOTA SOBRE LA CUBIERTA

Esta fotografía fue tomada durante la marcha del 28S del 2019 en Oaxaca. Celebrábamos que fuimos la segunda entidad en despenalizar el aborto.

En esa ocasión, me acompañaba mi hermana Meztly. Era de sus primeras marchas feministas; por eso fue tan importante para mí tomarla de la mano.

Como acompañantes clandestinas, nos enfrentábamos a diversos obstáculos para ayudar a otras mujeres, por lo que esta resolución representó un gran logro colectivo por el que veníamos peleando desde años atrás.

Gemila Domínguez

Para mi mamá y papá

ADVERTENCIA

Las páginas de este libro ofrecen una investigación centrada en argumentos de política y no en los medios de comunicación. Esto quiere decir que tomo los medios como fuente principal de información, pero no presento un análisis mediático dado que no los retomo en su carácter de actor político ni hago una aproximación al uso mediático de marcos interpretativos.

Considero que los medios son actores importantes en los subsistemas de políticas porque pueden contribuir a los objetivos perseguidos por coaliciones de defensa (Shanahan et al. 2008), y también reconozco la existencia de una brecha entre la cobertura mediática y la realidad, principalmente por que este tipo de cobertura puede presentar variaciones depen diendo del medio y del problema público en cuestión. Es decir, identifico que los medios son actores interesados que retratan de manera deliberada unas narrativas y no otras. Así, la diferencia analítica entre tipo de medio y cobertura corresponde a un campo de estudio en sí mismo que excede los alcances de esta investigación.

El enfoque sobre los medios que se enfatiza aquí es el de su carácter limitado para influir en los resultados de política. De acuerdo con Kingdon (2013), los casos cubiertos por los medios suelen provenir de una agenda fijada mucho antes de su cobertura. En esta investigación, los medios son comprendidos como actores políticos complejos que tienen una impor tancia limitada respecto a la agenda y cambio político, e indirecta respecto a la opinión pública. Aquí, los medios son comprendidos como vehículos de información importantes, ya que ejercen tres funciones destacadas. Primero, actúan como comunicadores dentro de la comunidad política: dado el alto flujo de información, se asume que las y los políticos leen los periódicos porque estos últimos condensan la información; en segundo lugar, —lejos de originarlos— los medios magnifican los movimientos existentes, aceleran su desarrollo y maximizan su impacto. En otras palabras, los medios de comunicación son amplificadores de la información y administradores de la atención (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010; Flores-Ivich 2020).

Por último, su importancia varía de un actor a otro. Es probable que quienes tienen más poder político necesiten menos cobertura para expandir su agenda que aquellos actores sin poder, quienes necesitan hacer todo lo posible para llamar la atención del personal funcionario de gobierno y de la ciudadanía (Kingdon 2013: 61).

INTRODUCCIÓN

La manera en la que se cuentan las historias de política es central para comprender qué temas serán considerados como problema público y lograrán entrar en la agenda gubernamental, así como para moldear las soluciones que serán escogidas. A un año de que entrara en vigor la despenalización del aborto en Oaxaca, el representante del Frente Nacional por la Familia (FNF) aseguró que «la vida desde la fecundación y hasta su muerte natural es el derecho humano fundamental, superior y de avanzada sobre cualquier otro derecho […] Las organizaciones civiles buscan apoyar para salvar las vidas de la madre y el hijo por nacer. No existe el aborto seguro, aunque se practique en las mejores condiciones» (Vélez 2022). La visión del líder de esta organización civil conservadora representa la reducción de un problema político complejo a un argumento integrado por un escenario, personajes, trama y moraleja que ayudan a las personas a dar sentido a la problemática del aborto. Sin embargo, en este proceso de simplificación, los actores políticos, (personas, organizaciones y medios de comunicación) construyen estratégicamente narrativas que son consistentes con su visión del mundo para defender soluciones determinadas a los problemas públicos (Shanahan, Jones y McBeth 2011).

La Despenalización del Aborto en Oaxaca (DAO) ocurrida en 2019 es un caso sobresaliente porque, en un ambiente de mucha incertidumbre, logró interrumpir un periodo de tendencia conservadora iniciada doce años atrás. Después de que en 2007 se aprobara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, se desplegó una brutal reacción antiaborto a nivel subnacional en la que se reformaron 20 de 32 constituciones estatales con la finalidad de proteger la vida desde el momento de la fecundación.

Si a ello le sumamos el contexto global en el que los grupos que disputan el derecho al aborto han cambiado sus estrategias argumentativas para obstaculizar el avance de la agenda de género (Gianella 2018; Niño y Rincón 2018) con la finalidad de disputar el significado social (Cejudo 2008; Weible et al. 2012), surge la pregunta: ¿cómo se construyeron las narrativas de política sobre aborto en un contexto subnacional de tendencia conservadora? Conocer cómo se configuraron las narrativas predominantes en el debate sobre aborto en Oaxaca permite generar estrategias valiosas de comunicación política que ayuden a legitimar el cambio en materia de derechos sexuales y reproductivos en otros contextos similares.

El análisis de la dimensión narrativa de un asunto tan polémico como el aborto es un campo de investigación importante, porque permite evidenciar cómo se despliegan las distintas visiones morales sobre la realidad para influir en procesos de política. Estas últimas están expresadas en argumentos construidos con el propósito de convencer. En palabras de Majone, «la política pública está hecha de palabras» (1997: 2) en el sentido de que las creencias, especialmente las relacionadas con los valores normativos, impregnan gran parte de la política. Con esto último no quiero decir que el contenido técnico formal de una política no sea importante, sino que no es suficiente para transmitir por sí mismo la justificación de por qué la decisión de política tomada es la correcta y los resultados esperados los convenientes. Hace falta incorporar la variable narrativa de manera estratégica para generar la legitimidad esperada de toda decisión gubernamental en ambientes democráticos (Riorda 2008).

La literatura tradicional ha identificado dos variables explicativas primordiales para comprender los casos en que se ha legislado a favor del aborto en la región latinoamericana; la primera, proveniente del contexto institucional; y la segunda, de la dimensión organizacional feminista. Sin embargo, la tendencia académica se ha centrado en focalizar a los actores y argumentos que buscan ampliar el derecho al aborto o restringirlo, como si ambas posturas vivieran en cámaras de eco en donde la otra parte no conoce ni reacciona a las acciones de la contraparte. Esta investigación asume un enfoque relacional donde se considera que las acciones de cada lado cambian el cálculo político del otro. Se presenta entonces un análisis de la narrativa proaborto vis a vis con la narrativa conservadora en el caso de Oaxaca.

Asimismo, argumento que los elementos sistemáticos de las narrativas de política están compuestos por un escenario, personajes, trama, solución al problema, sistema de creencias y una estrategia comunicativa: las narrativas de política son construcciones estratégicas de una realidad promovida por actores que buscan ganar una contienda política. En cuanto que los posicionamientos conservadores y feministas son políticamente interesados, sus narrativas sobre la política sexual persiguen el objetivo de establecer y estabilizar los supuestos que defienden.

A partir del análisis sistemático-descriptivo de las narrativas sobre aborto en el caso oaxaqueño, identifico diferencias entre coaliciones en el uso de elementos narrativos, estrategias y creencias políticas en el debate sobre el aborto. Argumento que, en contextos de oportunidad política, una estrategia narrativa estructurada en historias afirmativas que están basadas en el uso de héroes y aliados, que logre demostrar que la política trae más beneficios que costos, es una estrategia efectiva para legitimar el cambio político en términos de derechos sexuales. En su contraparte, señalo que las estrategias caracterizadas en el uso de villanos, enfocadas en resaltar las acciones negativas de la oposición asemejándolas con una figura «diabólica», es una estrategia poco fértil para generar ambientes legislativos progresistas.

Este libro comprende tres unidades teóricas de análisis: la narrativa feminista, la narrativa conservadora y aquella de tipo indefinido sobre aborto en el contexto oaxaqueño de liberalización. Para describir analíticamente los elementos sistemáticos de la disputa de política sobre aborto, se aplica cualitativamente el Marco de Narrativa de Políticas (MNP) propuesto por McBeth, Shanahan y Jones (2005). El objetivo de esta teoría del proceso de políticas es explicar cómo los grupos y las personas utilizan las narrativas de las políticas para influir en los resultados de estas.

El enfoque metodológico del MNP establece que toda narrativa de política está conformada por una estructura y un contenido. La estructura de los argumentos de política contiene elementos identificables como un escenario, personajes, trama y moraleja de la historia (Jones, McBeth y Shanahan 2014), mientras que el contenido refleja los sistemas de creencias de los actores que las construyen, así como las estrategias de comunicación empleadas para persuadir y cambiar el resultado de una política o, por el contrario, mantener el statu quo.

Los supuestos teóricos del MNP son: 1) los elementos sustantivos de la realidad política provienen de una construcción social; 2) pese a que el significado de esas construcciones sociales es variable y crea diferentes realidades políticas, esta variabilidad está limitada por sistemas de creencias, lo que hace que exista cierta estabilidad en el tiempo; 3) las narrativas de política tienen elementos identificables que son estructurales y generalizables; 4) las narrativas de política operan en tres niveles interactivos de análisis, a saber, micro (individual), meso (grupal) y macro (cultural y social); y 5) las narrativas juegan un papel central en la cognición y comunicación humana. Es decir, se asume un modelo homo narrans del individuo, en el que las personas preferimos pensar y hablar en forma de historias (Shanahan, Jones y McBeth 2018).

Dado que el enfoque de esta investigación es conocer cómo los grupos proderechos versus las coaliciones conservadoras construyeron y comunicaron sus narrativas para influir en el proceso político, el análisis de narrativas sobre la política del aborto se realizará en el nivel meso. En comparación con las otras dimensiones de análisis, el nivel meso se concentra en los actores del subsistema de políticas (grupos, coaliciones, organizaciones). Por otra parte, en el nivel micro la dimensión de investigación es el individuo y el enfoque es comprender cómo este forma narrativas; mientras que la dimensión macro se centra en las narrativas de políticas que impregnan la sociedad y las normas culturales, su enfoque es comprender cómo los cambios o la estabilidad en las narrativas de políticas macro, integradas en culturas e instituciones, influyen en la política pública en el tiempo.

De acuerdo con este enfoque teórico, las narrativas de políticas operan como transmisores de información sobre una problemática y, por su estructura, pueden ser estudiadas de manera sistemática para comprender el vínculo entre historias y cambio político. Este estudio ofrece conocimientos novedosos sobre la investigación empírica de las narrativas de políticas, y arroja luz sobre un elemento fundamental en la agenda para la liberalización de los derechos sexuales y reproductivos, que es la construcción social y normativa de la política sexual en con textos subnacionales.

Analizo 267 argumentos —y un silencio relevante— sobre la política del aborto en Oaxaca retomados por medios de comunicación. Cada argumento de política fue considerado como una unidad de observación que a su vez fue capturada en una base de datos de elaboración propia.

Para identificar las distintas narrativas, realicé en un primer momento un rastreo de actores involucrados en el debate retomados por los medios de comunicación en el periodo de 2018 a 2021. La selección de este periodo se justifica meto do lógica mente porque durante este lapso se modificaron tres normativas estatales que hacen actualmente de Oaxaca uno de los estados más progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos (DSR) en México. Estas tres normativas son la despenalización del aborto en el Código Penal (2019), la reforma a la Ley Estatal de Salud (2021) y la reforma al artículo 12 de la Constitución local (2021).

La selección de las fuentes hemerográficas fue motivada por considerar que los medios son proveedores potenciales de argumentos de política, ya que contienen editoriales, noticias escritas por el personal del periódico y artículos de opinión. Asi mismo, estas fuentes de información responden a dos características de los medios: la primera es que operan como grandes amplificadores de la información (Flores-Ivich 2020), y la segunda es que la cobertura noticiosa está guiada principalmente por el conflicto (Gillespie et al. 2013; Powers e Izadi 2022).

La identificación de las 267 unidades de observación se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en la identificación de actores involucrados en el debate a partir de un proceso de búsqueda de noticias por año con las palabras clave: aborto + despenalización + Oaxaca. Se realizó la búsqueda para cada año —2018, 2019, 2020, 2021— con la finalidad de ajustar la pesquisa dependiendo del contexto. Esto quiere decir que para todos los casos se utilizó el mismo criterio de búsqueda, pero se eliminaron palabras específicas para cada año dependiendo del contexto nacional y regional. Se tomó como criterio inicial de búsqueda la disponibilidad de notas periodísticas sobre aborto en el agregador de noticias Google News. Sin embargo, con el objetivo de obtener una visión más próxima al fenómeno, se complementó la búsqueda con las notas publicadas en los dos diarios locales más grandes.

Una vez obtenida la muestra de los argumentos de política, la segunda etapa consistió en operacionalizar sistemáticamente los elementos básicos de la narrativa de política a través de codificar estos argumentos en las siguientes variables relevantes: fecha, nivel, unidad de observación, heroína o héroe, villana o villano, víctima, aliada o aliado, moraleja, estrategia comunicativa, postura frente al aborto e índice de narratividad. El análisis de estas dimensiones es cualitativo, por lo que la codificación es de carácter analítico.

LÍNEA DEL TIEMPO

El análisis para comprender el vínculo entre historias y cambio político requiere un entendimiento general sobre los eventos relevantes ocurridos en el marco del debate por la liberalización del aborto en Oaxaca. Por ello, mencionaré aquí de manera enunciativa y cronológica veintitrés acontecimientos ocurridos durante el periodo de análisis, relacionados con el problema de investigación. Conocer estos eventos permite mapear procesos sociales y situar debates públicos, elementos indispensables para el análisis de narrativas de política.

El 7 de enero de 2019, a unos meses de las elecciones presidenciales, la diputada morenista Hilda Pérez Luis presentó por primera vez una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para despenalizar el aborto. Más adelante, en el marco del Día Internacional de la Mujer, contingentes de mujeres se manifestaron, entre otros motivos, por la despenalización del aborto en el estado. El 9 de abril, la diputada Laura Estrada Mauro, coordinadora del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia de interrupción legal del embarazo —artículos 2 y 12 de la Constitución del estado; artículos 312, 315 y 316 del Código Penal—.

El 16 de julio el Congreso del Estado de Oaxaca celebró el foro Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en Oaxaca.1 El 31 del mismo mes, la diputada Elisa Zepeda Lagunas presentó la iniciativa de modificación a la Ley Estatal de Salud «con el fin de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación». El 8 de agosto la también diputada morenista Rocío Machuca presentó una iniciativa adicional para reformar el artículo 12 de la Constitución del estado para «proteger y garantizar el derecho a la vida a todo ser humano desde la décimo tercera semana de gestación».

En el mes de septiembre de 2019 se registró la primera aparición del movimiento conservador a nivel local. El día 2, el Movimiento Ola Celeste Nacional organizó el foro El Aborto en la Actualidad, celebrado en el salón de sesiones del Congreso del estado a favor «de la vida». El foro fue convocado por la legisladora priista Magda Rendón Tirado. En contraste, el mismo mes, después de ser aprobada por las comisiones de Estudios Constitucionales y la de Administración y Procuración de Justicia, el día 18 se realizó la primera lectura de la iniciativa propuesta por la diputada Laura Estrada Mauro en sesión ordinaria del Congreso del estado. El día 25, el Congreso del estado aprobó la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, en lo general y lo particular, con 24 votos a favor y 12 en contra (artículos 213, 313, 315 y 316 del Código Penal estatal). Quedó pendiente la modificación del artículo 12 constitucional: el aborto era no punible, pero todavía inconstitucional.

Para finalizar el mes de septiembre, integrantes del movimiento #MareaVerde marcharon en la ciudad de Oaxaca por el Día de la Acción Global para el Acceso Legal al Aborto pidiendo, fundamentalmente, la reforma pendiente al artículo 12 constitucional.

El 9 de octubre, la diputada Hilda Pérez Luis presentó la iniciativa por la que se expediría la Ley de Amnistía para el estado de Oaxaca que, entre otros supuestos, «busca dar libertad a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y a los médicos o parteras [sic] que participaron». El día 24 del mismo mes, se realizó la publicación del decreto de reforma del Código Penal en el Periódico Oficial del estado. El 27 de noviembre se registró otro evento organizado por grupos con servadores cuando ocurrió una manifestación organizada por personal médico provida en el Congreso del estado. Rumores sugerían que en esa sesión ordinaria se sometería a votación la reforma al artículo 12 de la Constitución estatal, sin embargo, no sucedió.

En la misma línea, el 4 de diciembre médicas y médicos provida presentaron un amparo ante el Juzgado Noveno del Distrito de Oaxaca con motivo de la inconstitucionalidad del decreto que reformó el Código Penal estatal. Con pancartas pretendieron, sin éxito, ingresar al Congreso del estado.

El 5 de febrero de 2020, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, presidida por la diputada morenista Wendy Briceño, aprobó la iniciativa que adiciona di versas disposiciones a la Ley General de Salud. Fue turnada a la Comisión de Salud para su dictaminación. Más adelante y cerca del Día por la Acción Global por el Acceso Legal al Aborto, el 23 de septiembre, organizaciones civiles (i.e. Ola Celeste) y colectivos de médicos se manifestaron en el Congreso estatal para solicitar legislación en materia de objeción de conciencia. Después de varios meses en que no fueron registrados eventos públicos asociados al aborto en Oaxaca, un año más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó protagonismo en el debate.

El 7 de septiembre de 2021, la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que castigaba con prisión el aborto voluntario, y la fracción del 198 que impedía a una mujer ser asistida por personal de salud en el procedimiento. De igual modo, se anuló el artículo 199 que limitaba a las primeras doce semanas de gestación el plazo para que una víctima de violación pudiera abortar. La decisión se aprobó de manera unánime, por lo que se estableció un criterio obligatorio para todas las juezas y los jueces del país. Dos días después, la SCJN invalidó la disposición de la Constitución del estado de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva (artículo 4 Bis A, fracción I). Esto se estableció como criterio obligatorio para todo el país.

El 20 de septiembre del mismo año, la SCJN declaró inconstitucional el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, mas no el derecho a objetar la prestación de servicios. Las ministras y los ministros hicieron un llamado al Congreso de la Unión para establecer lineamientos claros que permitieran ejercer la objeción de conciencia sin que esto afectara el ejercicio de otros derechos, como el acceso a servicios de interrupción del embarazo. Dos días después de este fallo, el Congreso de Oaxaca reformó la Ley Estatal de Salud instruyendo que las instituciones públicas que integran el Sistema Estatal de Salud deben garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción del embarazo (instruyó, por ejemplo, la gratuidad médica).

Finalmente, el 30 de septiembre, con 33 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al artículo 12 de la Constitución estatal que establece que el derecho a la vida no empieza en la fecundación. Esta fue dictaminada previamente por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales del Congreso local.

Interpretado como una reacción al exitoso mes de septiembre del 2021 para los grupos progresistas, el día 3 de octubre el arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, convocó a «la feligresía oaxaqueña» a participar en una procesión para «expresar el amor a la madre de Dios y tomar conciencia sobre la importancia de la vida». Concluyó con una misa abierta celebrada en el templo de la Virgen de la Soledad. Para concluir, el día 16 del mismo mes entró en vigor la reforma a la Ley Estatal de Salud, que obliga a las instituciones públicas a garantizar la interrupción del embarazo, tras su publicación en el Periódico Oficial del estado.

LÓGICA DE EXPOSICIÓN

Dado que el nivel subnacional mexicano estuvo dominado hasta hace poco por reacciones conservadoras antiaborto, estudiar cómo se ha podido superar esta reacción al lograr la aprobación de la despenalización del aborto resulta un aporte de primer orden. Este es un análisis clave para entender cuáles son las estrategias comunicativas feministas proaborto frente a las estrategias conservadoras, que permite avanzar en esta área fundamental de la agenda feminista.

Los resultados aquí presentados son de carácter descriptivo y exploratorio, en lugar de explicativos y concluyentes. Buscan contribuir no solo a la literatura sobre estudios de género para avanzar en la agenda por los DSR, sino al campo de la comunicación política. Asimismo, el análisis descriptivo-analítico de la dimensión narrativa plantea la posibilidad de hipótesis exploratorias para una agenda de investigación futura que busque complementar y complejizar la explicación tradicional para la despenalización del aborto, basada en el contexto institucional y organización feminista.

En la introducción planteo el problema de investigación y destaco la paradoja subyacente a esta: en un ambiente caracterizado por la tendencia conservadora, Oaxaca pudo albergar un debate sobre la despenalización del aborto e incluso contemplar, en la reforma a la Constitución local y la Ley Estatal de Salud, la ampliación de las condiciones para el aborto legal. Este cambio inauguró un proceso de liberalización —aún vigente— a nivel subnacional. Además, hago un repaso de la literatura y señalo la ausencia de la variable narrativa para enmarcar los casos de éxito en la legislación sobre aborto en la región.

En el primer capítulo expongo el marco teórico con el que analizo cómo compiten las narrativas de política sobre aborto en un contexto subnacional. Discuto el papel de las narrativas de política retomadas por los medios a la luz de dos teorías: 1) los efectos de los medios en el sistema político y 2) de los Marcos de Narrativas de Política (MNP). Adicionalmente, rastreo y sistematizo las principales estrategias utilizadas durante las últimas tres décadas por grupos conservadores y grupos feministas para impulsar sus agendas políticas, sobre todo a partir de la disputa desencadenada por las conferencias de El Cairo y Beijing en la década de 1990.

En el segundo capítulo desarrollo y justifico la ruta metodológica seguida. Me detengo en los criterios para rastrear actores, seleccionar medios y recopilar notas, y en la codificación de las variables teóricas. En el tercer capítulo, presento los resultados y principales hallazgos de manera descriptiva, para poder discutir sus implicaciones en el cuarto capítulo, sección en la que incorporo un silencio político como elemento contextual que es relevante para comprender el fenómeno examinado. Por último, concluyo con las reflexiones finales motivadas por esta investigación.

LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

En un contexto regional en el que los grupos que disputan el derecho al aborto están cambiando sus estrategias argumentativas e intervenciones políticas para obstaculizar o promover el avance de la agenda de género en Latinoamérica (y en particular en México) desde 2007, la despenalización del aborto en Oaxaca en 2019 ejemplifica un caso atípico porque logró contrarrestar la fuerte reacción conservadora iniciada después de la ile en la Ciudad de México. Si, además, se afirma que la manera en la que se cuenta una problemática influye en cómo esta será comprendida no solo por las personas, sino por quienes hacen las políticas, cobra relevancia preguntarse: ¿cómo se han construido las narrativas de política sobre aborto? El objetivo de esta investigación es describir y distinguir las narrativas predominantes sobre aborto en un contexto subnacional. Para ello, describo sistemáticamente la dimensión narrativa de la política sexual en un contexto prohibitivo.

Pocas políticas generan una cantidad similar de controversia moral y polarización política como la del aborto. Después de que se aprobara la ile en la Ciudad de México en 2007, se desató una fuerte oleada regresiva a nivel subnacional para reformar las constituciones locales de los estados con la finalidad de «proteger la vida desde el momento de la concepción». En poco tiempo pudieron lograr que se aprobaran enmiendas constitucionales contra el aborto en 20 de 32 constituciones estatales.2 La reforma restrictiva más reciente ocurrió apenas el 12 de febrero de 2021 en Aguascalientes.3 Estas enmiendas son interpretadas como una severa reacción conservadora que busca limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto (GIRE 2018a).

Así, el campo del derecho se ha convertido en un campo de lucha no solo legal, sino simbólico, cultural y político. Mientras que el feminismo se moviliza por flexibilizar y pluralizar el orden social y legal, el activismo conservador potencia el uso del derecho como instrumento represivo en defensa de es quemas morales y estereotipos de género (Vaggione 2018: 329).

En México, a partir de 2006 la única causal legal para el aborto que se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM-046 se debe garantizar el acceso a este servicio para todas las mujeres, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo es producto de este delito. Empero, la situación respecto a la política del aborto en el país no ha dejado de modificarse constantemente.

En un acto progresista, el pasado 7 de septiembre de 2021, la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que castigaba con prisión el aborto voluntario, y la fracción del 198 que impedía a una mujer ser asistida por personal de salud en el procedimiento. Con ello, se estableció un criterio obligatorio para que ninguna jueza o juez del país pueda encarcelar a quien decida abortar. Esto último no significa la legalización del aborto en todas las entidades, pero sí impide su criminalización penal.

Sin embargo, México es un sistema federal, por lo que el aborto se regula a nivel local. A través de los códigos penales de cada entidad se establecen no solo causales de punibilidad diferenciadas, sino que con ello se define el momento en que comienza la vida. En la práctica, este orden se convierte en una situación de discriminación jurídica, puesto que el acceso a un derecho está condicionado por el lugar de residencia. Aun después de la sentencia realizada por la SCJN, el marco legal sigue siendo más o menos restrictivo dependiendo de la entidad, lo que obliga a muchas mujeres a trasladarse a otros lugares, a llevar a cabo un embarazo no deseado o a recurrir a la clandestinidad. De este modo, la universalización de los servicios de salud para interrumpir un embarazo no deseado aún parece un horizonte lejano.

Así, la situación jurídica en México respecto a la política del aborto puede ser contradictoria; abortar es un derecho bajo algunas causales, pero siempre si es producto de una violación, y es al mismo tiempo un delito que se regula a nivel local pero que no puede ser sancionado con cárcel en ningún lugar (Castañeda 2021).

Desde 2007, la disputa por el derecho al aborto entre grupos conservadores y coaliciones proelección no ha dado tregua en México. A través de novedosas estrategias, como la modernización de sus narrativas, el activismo antiaborto ha generado fuertes consecuencias en materia de derechos. Sin embargo, en medio de un contexto nacional cada vez más prohibitivo, en 2019 la ofensiva progresista logró quebrar la reacción conservadora iniciada doce años atrás. La atención se volcó hacia Oaxaca por ser el primer estado en lograr contrarrestar el señorío conservador de más de una década. Este evento inauguró una oleada liberalizadora a nivel subnacional, todavía en curso.

LA REACCIÓN CONSERVADORA: EL CAIRO Y BEIJING

La discusión sobre el aborto representa uno de los problemas políticos más controversiales en la agenda de las democra cias modernas. Mientras que grupos progresistas ven el aborto como una cuestión de derechos reproductivos y sexuales, así como de salud pública, grupos conservadores argumentan que la prohibición del aborto es necesaria para proteger el derecho humano a la vida, defender los valores morales y familiares, e incluso proteger la soberanía nacional (Htun 2003b: 142). Pese a que en la teoría la no criminalización de las mujeres ha funcionado como un punto de equilibrio,4 el inconveniente es que en la práctica no existe reconciliación aparente entre las posturas. Este enfrentamiento abre nuevos espacios de disputa política dadas las obligaciones institucionales para tratarlos (Mayka y Smith 2021: 8), y convierte el ámbito de la legalidad en un espacio para institucionalizar la lucha social por el poder (Gianella 2018; Vaggione 2020).

Después de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Cairo en 1994 y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing el año siguiente, se desencadenó una fuerte reacción conservadora liderada por la Iglesia católica.5 El punto de quiebre sucedió cuando los DSR fueron reconocidos formalmente como parte de los derechos humanos durante las conferencias. A partir de esto último, el interés por discutir los derechos reproductivos ha aumentado a lo largo de los años en toda América Latina, de modo que el movimiento por los DSR comenzó a ganar terreno en las agendas gubernamentales (Sutton y Borland 2013: 210). Esto fue percibido por el Vaticano como una amenaza, y desde entonces desplegó una estrategia de reapropiación semiótica en la que el uso creciente del término ideología de género ha sido utilizado para contrarrestar la influencia de los movimientos feministas y LGBTQI (Htun 2003b: 150).

A partir de la década de 1990, la autoridad apostólica creó una distinción conceptual entre la teoría de género y la ideología de género. De este modo aseguraba que no se oponía a todas las perspectivas de género, sino solo a aquellas que buscaran eliminar la «base antropológica» de la familia negando «la diferencia y reciprocidad en la naturaleza de un hombre y una mujer» (Vaggione 2020: 257). De ahí que la Iglesia católica se refiere a feministas de género6 para identificar a aquellas académicas o activistas que adoptan una «perspectiva ideológica» para afirmar que las normas sexuales están socialmente construidas y naturalizadas (O’Leary 1997 en Garbagnoli 2016: 189).

En las últimas tres décadas, las estrategias discursivas de las manifestaciones antigénero, lideradas por la Iglesia católica, han estado acompañadas de argumentos cada vez más sofisticados para rediseñar formalmente el lenguaje progresista utilizado por su oposición. En lugar de reclamar la sumisión de las mujeres o la inferioridad de las personas LGBTQI como lo hicieron antes, han adoptado la noción de familia natural entendida como elemento fundamental de la humanidad. Siguiendo esta lógica, si existe la familia natural y es la conyugal heterosexual, las infancias se convierten en víctimas inocentes del hedonismo y egoísmo (Garbagnoli 2016: 197).

Así, los movimientos contra el aborto han utilizado la causa antigénero como una nueva oportunidad para promover su propósito al inscribirlo en un marco más amplio en defensa de lo que llaman naturaleza humana. En este sentido, la noción de género ha logrado operar como un pegamento simbólico (Kováts y Poim 2015; Lamas 2017) para aglutinar una amplia gama de intereses con el fin de alimentar un pánico moral y bloquear las reformas legales y sociales relacionadas con la salud y los dsr, así como otros derechos reivindicados por los grupos LGBTQI (Garbagnoli 2016: 199; Corrêa, Paternotte y Kuhar 2018: 6).

Antes de analizar la manera en que se han conformado los encuadres narrativos sobre aborto, es relevante mencionar que existen diversas interpretaciones del término reacción conservadora (backlash) que aún se encuentran en disputa. Para Paternotte (2020), esta noción ofrece un uso engañoso porque es conceptualmente imprecisa, empíricamente débil y políticamente problemático. Principalmente por su carácter polarizante se tiende a agrupar a actores extremadamente diferentes bajo un mismo paraguas (conservadurismo vs. progresismo, derecha vs. izquierda, etcétera). Esto puede llevar a categorizaciones apresuradas y binarias, que no permiten ver la diversidad y las tensiones en un conjunto complejo de fuerzas y actores.

No hay razón para suponer que los grupos conservadores están menos divididos que otros (Paternotte 2020).

Asimismo, el sentido lineal del concepto reacción conservadora suele emplear una comprensión bastante mecánica de la historia que recuerda la noción de progreso. Esta perspectiva puede caer en la trampa de considerar la política sexual como una larga marcha hacia un futuro necesariamente más progresista. De ahí que el contragolpe puede entenderse equivocadamente como la acción de los oponentes que vienen del pasado y se resisten al cambio (Paternotte 2020: 2). En realidad, la oposición a los DSR es más compleja y desafía la comprensión mecánica de la historia.

Considerando la dificultad conceptual para utilizar la noción de reacción conservadora, y el peligro de deducir una relación causal entre reformas específicas y formas de oposición sin considerar el contexto político, aquí la reacción conservadora será definida como una resistencia al cambio social progresista, la regresión de los derechos adquiridos o la defensa de un statu quo no igualitario (Paternotte 2020).

Como se ha mencionado antes, resistir el avance de la agenda de género es una prioridad política para la Iglesia católica y otros grupos conservadores. Por ello, las reformas legislativas representan un escenario para enfrentar y resistir la llamada ideología de género, que, según afirman, busca crear no solo una «revolución cultural e ideológica» sino también una «revolución jurídica», ya que tales creencias reclaman derechos específicos para el individuo y la sociedad (Vaggione 2020: 257).

En este sentido, el proyecto de resistencia conservadora ha convertido al género y la sexualidad en campos de batalla cruciales y símbolos poderosos de lo que se puede lograr en la política. En otras palabras, las estrategias de reacción utilizadas por grupos conservadores no deben entenderse únicamente como una base de disputa, sino como una manera de hacer política que pretende en última instancia promover nuevos criterios de validación en el ámbito de los derechos. De acuerdo con Paternotte (2020), las campañas contra el género deben leerse como procesos de desdemocratización que no pueden limitarse al enfoque del alcance de la destrucción u obstaculización de derechos, sino que esta nueva manera de hacer política se caracteriza por la instrumentalización de la ley contra la expansión de los derechos sexuales y reproductivos (Vaggione 2020: 263).

LA CONTRAOFENSIVA PROGRESISTA: MAREA VERDE A NIVEL SUBNACIONAL

La ILE fue aprobada en 2007 en la Ciudad de México. Desde entonces transcurrieron doce largos años en los que la reacción conservadora logró frenar en seco cualquier atisbo que buscara la liberalización del aborto en el país. Sin embargo, en los últimos cuatro años, se ha venido manifestando una ola de iniciativas para la legalización del aborto en los congresos locales: desde 2018 se han presentado al menos trece iniciativas7 a nivel subnacional para despenalizarlo. Aunque todavía existen dictámenes pendientes, en algunos estados estos esfuerzos han resultado en legislaciones exitosas, mientras que en muchos otros han fracasado. Después de la ILE y la DAO, se han sumado cuatro casos de éxito. Estos son Hidalgo, Veracruz, Baja California y, más recientemente, Colima. Con ello, existen seis estados (de 32) en toda la república en donde se ha legislado a favor de la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos (hasta 2021).

La tercera entidad en permitir la ILE, junto con Oaxaca y la Ciudad de México, fue Hidalgo. El 30 de junio de 2021, el proyecto fue aprobado con 16 votos (de 30) —todos de Morena— a favor, es decir, el mínimo necesario para aprobar la ley. La despenalización del aborto en Hidalgo modificó los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal, así como la Ley de Salud local. Con esto último, la reforma ha establecido que el estado debe garantizar el acceso gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los centros de salud privados y en las cárceles de mujeres, mientras que la penalización para las mujeres que aborten después de la semana doce de gestación se mantiene entre seis meses y un año de prisión, y entre diez y cuarenta días de salario mínimo como multa (de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización, UMA).

Anteriormente Hidalgo ya había intentado despenalizar el aborto voluntario en diciembre de 2019, pero el proyecto no había alcanzado los votos suficientes; incluso las diputadas y los diputados de Morena de la misma legislatura lo habían rechazado. Esto quiere decir que las legisladoras y los legisladores asociados con el partido de izquierda modificaron su intención de voto en el transcurso de unos meses. De hecho, la iniciativa aprobada fue presentada por la diputada y el diputado morenistas Ricardo Baptista y Roxana Montealegre, presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, quienes dos años antes se abstuvieron de votar a favor.

Con tan solo veinte días de diferencia de la reforma hidalguense, la cuarta entidad en sumarse a la marea verde fue Veracruz. El 20 de julio de 2021, el Congreso local aprobó con 25 votos a favor (de 50), 13 en contra y una abstención, la iniciativa presentada por la morenista Mónica Robles que buscaba reformar el Código Penal al modificar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154; así como la derogación del 152 que castigaba con penas de seis meses a cuatro años de cárcel y multa de hasta cincuenta días de salario mínimo (según la UMA vigente) a quien causara lesiones o impidiera su normal desarrollo al producto de la concepción. Asimismo, se modernizaron las causales del delito de aborto a partir de los tres meses, de modo que ahora son más específicas.

Al igual que con Hidalgo, el movimiento feminista y organizaciones de la sociedad civil veracruzanas ya habían promovido un proyecto para despenalizar el aborto durante 2019. La novedosa estrategia de litigio utilizada por los grupos proaborto en Veracruz fue de gran alcance. El caso llegó hasta la primera sala de la SCJN, quien finalmente, en julio de 2020, desechó el dictamen que obligaba al Congreso local a despenalizar la interrupción del embarazo, con lo que el ímpetu del movimiento proaborto tuvo que esperar un año más.

Unas semanas después de que la SCJN declarara inconstitucional penalizar la IVE, lo que significa que ninguna mujer puede ser encarcelada por abortar, el estado fronterizo de Baja California se sumó a este movimiento. El 29 de octubre de 2021, el Congreso de Baja California aprobó la iniciativa presentada por la diputada morenista Liliana Michel Sánchez Allende —presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud—, con 15 votos a favor (de 25), 7 en contra y una abstención, para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana doce de gestación. Con ello, se reformaron los artículos 132, 133 y 136 del Código Penal, así como la Ley de Víctimas y la Ley de Salud.

De acuerdo con medios de comunicación, debido a la reacción con la que algunos grupos provida habían actuado unas semanas antes de la reforma, el Congreso decidió dividir la votación que inicialmente se haría en un solo paquete. Se reportó que grupos conservadores bloquearon el Congreso dos semanas antes, pensando que se discutiría ese día la iniciativa para despenalizar el aborto. Además, antes de que iniciara la discusión, grupos conservadores vandalizaron las oficinas de las diputadas morenistas Alejandra Ang Hernández y Liliana Michel Sánchez Allende (Cervantes 2021).

Finalmente, el 1 de diciembre de 2021, Colima se convirtió en la sexta entidad en despenalizar el aborto en México. Con 12 votos a favor (de 25), 5 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de Colima aprobó la iniciativa de Ana Karen Hernández, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Con ello, se modificaron los artículos 188, 189, y 190 del Código Penal, y se adicionaron los artículos 20 Bis, 20 Bis 1, 20 Bis 2 y 20 Bis 3 a la Ley de Salud del Estado de Colima para establecer la obligación de la Secretaría de Salud de proporcionar los servicios de interrupción durante las primeras doce semanas de gestación y de garantizar dicha práctica ante la objeción de conciencia del personal médico.

La reforma en Colima es innovadora y se diferencia de las anteriores porque amplió las causales para interrumpir el embarazo al incluir dos motivos adicionales. Estos son: 1) cuando una autoridad hubiese negado el aborto a una mujer previo a las doce semanas de gestación y 2) cuando el personal de salud hubiese omitido informarle sobre su derecho a la interrupción del embarazo en ese plazo. Sin embargo, el proyecto aprobado estableció una pena mayor a quien decidiera abortar después del plazo legal: pasó de cinco a diez años y multa a un periodo de tres a quince años de prisión y multa.

Estos casos exitosos de cambio a nivel subnacional —sin contar la Ciudad de México— comparten al menos tres elementos: primero, todos ocurren después de 2018, es decir, durante el gobierno de Morena. En segundo lugar, el factor partidista parece tener eco; en todos los casos en que se aprobó la reforma, la legislatura local contaba con mayoría morenista, así como que las iniciativas fueron propuestas por diputadas del mismo partido. Por último, la presencia de un fuerte activismo feminista de base, así como antecedentes para impulsar esta reforma, forman parte de los puntos en común.

AUSENCIA DE LA VARIABLE NARRATIVA

Puesto que la importancia fundamental de un problema público proviene de un acto social de dar sentido (Jones y McBeth 2010) —en otras palabras, si desde un enfoque constructivista de la política pública, la formación de la agenda supone un proceso social previo de asignación de valor político para definir los problemas de interés colectivo— ¿cómo decidimos, o aceptamos, en conjunto que liberalizar el aborto es un tema de principal interés y que debe urgentemente legislarse? Las narrativas de política juegan un papel importante para definir qué sucesos de la vida vamos a considerar como un fenómeno de interés público y las soluciones que serán asignadas.8 La literatura tradicional ha identificado dos variables primordiales para explicar los casos en que se ha legislado a favor del aborto en la región latinoamericana; la primera, proveniente del contexto institucional; y la segunda, de la dimensión organizacional feminista. Todas las explicaciones de este fenómeno se caracterizan por comprender su multicausalidad; es decir, sabemos que la despenalización del aborto no es causada por la presencia de un solo factor sino de la compleja interacción de diversas variables que en conjunto conforman las circunstancias adecuadas para que ocurra dicho proceso.

Pese a que existe un consenso en que la variable discursiva y los marcos de interpretación han sido utilizados de manera estratégica para defender la liberalización del aborto (Sánchez, Pain y Elliot-Buettner 2008; Ortiz-Ortega y Barquet, 2010; Fernández 2016), con los estudios existentes no podemos saber cuáles son los marcos de narrativa política subyacentes a este debate público ni cómo son utilizados estratégicamente por las coaliciones políticas para delimitar un problema público e impulsar cambios políticos. Las explicaciones teóricas del fenómeno no suelen incluir a profundidad la dimensión narrativa sobre la política del aborto. Incorporar esta variable permite ampliar las explicaciones de tipo institucional y organizacional feministas, así como incorporar nuevos matices y una lógica complementaria para el análisis sistemático de las estrategias utilizadas por los grupos que disputan este derecho a través de la transformación de los significados sociales. Asimismo, los escasos estudios académicos que sí abordan las narrativas políticas sobre aborto tienden a focalizar en los actores y argumentos que buscan ampliar o restringir el derecho al aborto como si vivieran en cámaras de eco en donde una parte no conoce (ni reacciona) a las acciones de la otra.

Por ejemplo, Sutton y Borland (2013) evidencian que los marcos utilizados a lo largo del tiempo por las feministas argentinas no han sido siempre los mismos. Los marcos interpretativos se construyen en escenarios sociales históricos y culturalmente específicos, y están influenciados por las relaciones de poder existentes, desde aquellos que resuenan con el discurso cultural dominante hasta aquellos de tipo radical que no se ajustan a la lógica cultural vigente. De acuerdo con las autoras, hasta 2013 el encuadre más utilizado en Argentina había sido el de reconocer el aborto como un problema de salud pública. Empero, también identificaron seis enfoques más: a) reconocer el problema como un tema de justicia económica y social, b) como un problema asociado al derecho de elegir de manera autónoma y garantizada por el Estado, c) como un tema asocia do al cuerpo y la libertad de vivirlo, d) como un asunto pragmático, e) como un tema centrado en la vida9 de las mujeres y, finalmente, f) como una cuestión de derechos humanos.

De acuerdo con Htun (2003a), en el caso de la Ciudad de México el debate público que se llevó a cabo durante largos meses incorporó argumentos valiosos para definir, retratar y describir la despenalización del aborto. En este contexto, se enmarcó el fenómeno como un tema de justicia social, y se presentó información para exponer la gravedad de la tragedia de salud pública frente a la ilegalidad. Con base en Ortiz-Ortega y Barquet (2010), a través del uso innovador del discurso se logró acaso que la sociedad civil y grupos políticos mexicanos se sintieran comprometidos personal y profesionalmente con el debate y la necesidad de legalizar el aborto en la entidad.

Los estudios que incorporan el proceso relacional (narrativas proderechos vis a vis con narrativas antiderechos) de comunicación estratégica de la política del aborto en esta disputa son escasos. Comprender la trama legal del aborto requiere también entender a los actores, argumentos y estrategias que se activan en defensa de su criminalización. Como se ha mencionado, pese a su importancia, los estudios disponibles sobre el fenómeno tienden a concentrarse en una sola narrativa —con- servadora o, por el contrario, proaborto (Felitti 2011; Sutton y Borland 2013; López 2020)—. En este sentido, es importante completar estos estudios con el análisis del activismo conservador que sostiene su criminalización (Vaggione 2018: 329).

Los estudios que se centran en las estrategias narrativas conservadoras igualmente han aportado elementos valiosos para comprender la reacción antiderechos. Niño y Rincón (2018) analizan los argumentos conservadores sobre la política del aborto utilizados en Colombia. A partir de la información analizada, concluyen que los debates rescatados por la prensa se pueden agrupar en tres grandes tipos de argumentación: a) de tipo moral, como aquellos que se presentan bajo la idea de que el aborto es un asesinato y por ello no debería ser protegido por el orden jurídico, así como aquellos que defienden la despenalización parcial pero a condición de preservar la objeción de conciencia; b) las intervenciones de carácter conveniente, como aquellos argumentos que cuestionan las cifras de abortos clandestinos y defienden que la mejor forma de combatirlos es a través de la prohibición; y c) los de tipo constitucional o legal, que se basan en sostener que el aborto no es un derecho fundamental sino un delito con excepciones, así como en cuestionar el papel de la Corte para regular la objeción de conciencia.

Dentro de estos estudios, se ha identificado que la oposición conservadora ha desplazado estratégicamente sus argumentos como parte de un fenómeno transnacional (Gianella 2018). A través de adoptar argumentos de tipo secular, han diversificado su siempre presente argumento moral que asimila la IVE a un asesinato. Asimismo, han comenzado a variar sus espacios de demanda, ocupando cada vez más foros judiciales y legislativos.

Por su parte, Jairo López (2020) sostiene que en el caso de Veracruz los grupos conservadores10 obstaculizaron el avance del derecho a decidir en materia legislativa oponiéndose fuertemente al movimiento feminista. Estos grupos aprovecharon las estructuras de mediación existentes, como las redes sociodigitales y los medios tradicionales, para difundir argumentos que asociaron al aborto con temas sensibles de discusión pública a nivel subnacional —como el crimen organizado y la soberanía nacional—, desviando el eje de la discusión y dejando de lado los derechos de las mujeres.

Adicionalmente, existe una serie de estudios sobre los marcos de interpretación de la interrupción del embarazo provenientes de los estudios de periodismo centrados especialmente en la cobertura mediática (ver Mogaburo 2012; Sinche, Duque Rengel y Calva 2019; Taurozzi 2019), pero los estudios circunscritos en la literatura de comunicación y cambios políticos respecto al aborto son más bien escasos. El estudio relacional de las estrategias narrativas que aquí se describe forma parte de una propuesta complementaria a la literatura tradicional del fenómeno. Por lo anterior, en los siguientes dos apartados hago un breve pero contundente recorrido de las explicaciones clásicas que la literatura ha dado sobre la liberalización del aborto.

LAS VARIABLES INSTITUCIONALES

La aprobación de la política del aborto en algunos países de América Latina ha estado asociada con la hipótesis proveniente de la llamada vuelta a la izquierda de finales del siglo XX. Esta sugiere que la marea rosa fue un periodo de oportunidad política para el feminismo (Friedman et al. 2020), que se comprueba en la medida en que las demandas fueron impulsadas de forma estratégica por los grupos de cambio.

La presencia de al menos cinco factores políticos circunstanciales ha facilitado la aprobación de esta ley. Estos son: 1) la incidencia favorable de la posición presidencial (Reuterswärd et al. 2011; Friedman et al. 2020); 2) el activismo judicial favorable frente a las demandas por los derechos reproductivos y sexuales (Lamas 2017; Ruibal 2021); 3) los supuestos y concepciones de legisladoras y legisladores «progresistas» respecto de los costos de apoyar los proyectos de ley (Htun 2003b; Fried man et al. 2020); 4) la existencia de un sistema de partidos mayoritariamente de izquierda (Fernández 2016; Beer 2017; Htun y Weldon 2018); y 5) la influencia disminuida de la Iglesia y grupos conservadores en la toma de decisiones públicas (Reuterswärd et al. 2011; Fernández 2016; Friedman et al. 2020; Zaremberg y Rezende 2022).

La variable sobre la influencia del Ejecutivo para la aprobación de la ley del aborto se cumple en el caso de Argentina, Uruguay, Ciudad de México, Veracruz y Baja California. Para el primero, de acuerdo con Friedman et al. (2020), la negativa del Congreso antes de 2020 puede estar asociada con las manifestaciones públicas en contra del aborto voluntario realizadas por la expresidenta Cristina Fernández en repetidas ocasiones. Fue hasta 2020, cuando el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley sobre el aborto, que este fue finalmente admitido. En este sentido, la sincronización temporal importa para sacar adelante esta reforma. Tanto las elecciones presidenciales como el cambio de administración brindan ventanas de oportunidad para el cambio político que pueden o no ser aprovechadas por las redes temáticas (Reuterswärd et al. 2011; Kingdon 2013).

Mientras tanto, en Uruguay, de acuerdo con Fernández (2016), la elección de José Mujica (2010-2015) como presidente, quien no se opuso a la despenalización del aborto, así como la presencia de un sistema de partidos altamente institucionalizado con un fuerte partido izquierdista y la relativa debilidad de la Iglesia católica, facilitaron el éxito de la campaña organizada por grupos feministas para promover la legalización del aborto en 2012. Apenas una administración anterior, el médico expresidente Tabaré Ramón Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) vetó en 2008 un proyecto similar aprobado por el parlamento, argumentando razones científicas.

Los casos a nivel subnacional en México son variados por su constitución política. De los seis estados en donde la política del aborto ha tenido éxito, únicamente en tres de ellos el Ejecutivo local representaba a un partido de izquierda: Ciudad de México, Veracruz y Baja California.11 Empero, debido al carácter federal del país, algunas legislaturas locales han aprobado la legalización del aborto en el primer trimestre sin el beneplácito formal del presidente de la República o de los gobernadores estatales.12

El papel de las cortes, asimismo, ha contribuido al avance del derecho al aborto en América Latina en las últimas dos décadas.13 El primer fallo de un tribunal constitucional en la región para liberalizar una ley de aborto ocurrió en mayo de 2006, cuando la Corte Constitucional de Colombia emitió su histórica decisión C-355/2006 con la que desechó la normativa que, desde 1979, sancionaba el aborto en todas las circunstancias y se encontraba entre las más restrictivas del mundo. Pese a que el alcance de la reforma fue limitado, su argumentación fue significativa porque logró articular el aborto como un derecho humano, reconoció el vínculo entre igualdad y aborto, y planteó una visión progresista de la salud (Ruibal 2019).

Por otro lado, el caso de Veracruz confirma el papel fundamental que el Poder Judicial puede desempeñar en las reformas de las políticas de género en aquellos ambientes con una fuerte presencia de grupos conservadores que influyen significativamente en la política y la sociedad (Reuterswärd et al. 2011: 827; Zaremberg y Rezende 2022). De acuerdo con López (2020), las organizaciones feministas veracruzanas llevaron a cabo una innovadora estrategia de litigio como respuesta a la intención conservadora del gobernador para reformar la constitución local a fin de «proteger la vida desde la concepción hasta la muerte». Con ello, lograron que se emitiera una Alerta de Género bajo la figura de Agravio Comparado al Estado de Veracruz, que obligaba a sus legisladoras y legisladores a realizar modificaciones en el Código Penal para despenalizar el aborto, quienes omitieron este llamado judicial.

En 2018, un juez concedió dos amparos debido al incumplimiento del estado, en donde se reconoció que la omisión legislativa de Veracruz violentaba los derechos humanos de las mujeres a la protección de su dignidad, no discriminación, libertad, salud sexual y reproductiva.14 El caso tuvo tal magnitud que alcanzó la primera sala de la Corte Suprema, quien terminó por desestimar la sentencia para Veracruz. Este evento confirma que cuando los procesos legislativos se detienen, los movimientos feministas buscan otros espacios institucionales y pueden recurrir a los tribunales para impulsar el cambio deseado (Ruibal 2019).

En consonancia con la hipótesis de la marea rosa, los gobiernos de izquierda y centroizquierda han tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres debido principalmente a las transformaciones prometidas históricamente por los gobiernos progresistas con agenda feminista. De acuerdo con Friedman et al. (2020), las mujeres se han beneficiado más de los cambios políticos y legislativos de la marea rosa en países como Uruguay y Argentina que en otras naciones latinoamericanas.

De nuevo el caso mexicano es distinto, primero porque el giro a la izquierda ocurrió de manera tardía comparado con la región (Torrico 2021), y segundo, por su carácter federal. De acuerdo con Sánchez et al. (2008), el éxito de la ile en la Ciudad de México está asociado con la extrema polarización social generada a raíz de las elecciones presidenciales de 2006,15 cuando el partido de izquierda (PRD) trató de distanciarse del partido conservador (PAN) mediante el impulso de reformas en tres temas progresistas: derecho al matrimonio igualitario —se aprobó un proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo en 2006 en la Ciudad de México—, eutanasia y aborto.

Destaca que, desde la creación del cargo de elección popular para la jefatura de la Ciudad en 1997, la capital había sido gobernada por el partido de izquierda (PRD), lo cual le permitió al partido posicionar el debate público para impulsar la reforma y colocar el aborto en la agenda mediática durante meses. Antes de la transición de México a la democracia, el país estaba más centralizado que cualquier otro sistema federal (Beer 2017: 42). Es decir, después del año 2000 los elementos favorables del clima político y social mencionados fueron ayudados por la estructura de gobernanza regional de descentralización política (Falleti 2010).

En el mismo sentido, Beer (2017) sugiere que los patrones que explican la variación política del aborto a nivel local en México dependen de la relevancia nacional del tema y del nivel de autonomía subnacional. De acuerdo con el análisis empírico de la autora, después del año 2000, el aborto en México era un problema de alta relevancia nacional (sobre aborto en México antes de 2007, ver Klugman y Budlender 2000) en un contexto de alta autonomía subnacional.

Sin embargo, las contradicciones a lo largo del tiempo han demostrado que la ideología y la política partidaria no necesariamente determinan cómo se abordan o no los derechos en materia de género y sexualidad en los sistemas de partido dominados por la izquierda. En otras palabras, puede haber gobiernos que se autodefinan en el espectro de izquierda sin que estos transformen los intereses estratégicos de las mujeres, como lo son los derechos sexuales y reproductivos16 (Zaremberg 2016: 84). Los ejemplos más recientes son la Venezuela de Nicolás Maduro (2013-2025) y la Nicaragua de Daniel Ortega (2007-2022). La política del aborto se ve influida por las visiones de las y los líderes de izquierda, las articulaciones de los gobiernos, así como de la política y las alianzas internas (Friedman et al. 2020: 14).

En cuanto a la variable religión, Beer (2017) argumenta que los estados laicos con un partido de izquierda fuerte tienen más probabilidades de aumentar el acceso al aborto, mientras que los estados donde la Iglesia católica es más poderosa tienen más probabilidades de restringir el acceso a este derecho. En el mismo sentido, Reuterswärd (2021) sostiene que es más probable que los movimientos antiaborto influyan en la formulación de políticas en contextos en los que pueden acceder a las redes y alianzas de las instituciones religiosas, y proporcionar indirectamente a las y los titulares apoyo moral y financiero a cambio de reformas restrictivas. Mientras, las activistas feministas no pueden ofrecer esa moneda de cambio, pues no suelen tener las mismas conexiones de élite ni acceso a recursos de movilización similares.

Por lo tanto, el cabildeo feminista ha tenido éxito principalmente en contextos de relaciones conflictivas entre la Iglesia y el Estado cuando las y los titulares de este último han tenido poco que perder desafiando la doctrina religiosa (Htun 2003a). En el caso de Argentina, de acuerdo con Friedman et al. (2020), existió un acercamiento entre la Iglesia y el Estado después de la elección de Jorge Bergoglio como papa Francisco. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) mantuvo un vínculo estrecho con la Iglesia, movimiento favorecido por su posición contraria a la legalización del aborto (Yussef 2013 en Friedman et al. 2020). En esta última administración kirchnerista (2011-2015), el compromiso presidencial con el papa de no avanzar sobre esta demanda del feminismo representó un obstáculo para que se legislara al respecto (2020: 118).17

LAS VARIABLES DE ORGANIZACIÓN FEMINISTA

La tradición movimentista del feminismo y su capacidad para incorporar nuevas estrategias, sobre todo para el armado de redes y litigio estratégico, representan una fuerza crítica para el éxito de esta política. Sin embargo, la fragmentación del activismo y las variadas líneas de acción en múltiples niveles han terminado, en algunos casos, por articularse de manera poco cohesionada a veces desvirtuando la demanda.18 De la literatura se deduce que en ausencia de un movimiento que defina el tema, organice una campaña en torno a él para combatir el estigma, reencuadre la discusión y exija la atención del gobierno, los políticos solo ven costos al abordarlo (Htun 2003a; Fernández 2016; Friedman et al. 2020).

Se ha identificado la presencia de al menos cinco variables asociadas con la dimensión organizacional feminista para la despenalización del aborto. Estas son: 1) alianzas entre el movimiento feminista y tomadoras(es) de decisiones (Fernández 2016), 2) armado estratégico de redes para ganar legitimidad (Htun 2003b), 3) capacidad para identificar ventanas de oportunidad para presionar a favor de la iniciativa (Reuterswärd et al. 2011; Kingdon 2013), y 4) expandir el activismo de base para contrarrestar fuerzas conservadoras (Zaremberg y Rezende 2022).

En el exitoso caso de la Ciudad de México, las alianzas entre organizaciones feministas y tomadoras de decisión fueron fundamentales. De acuerdo con Zaremberg y Rezende (2022) y Beer (2017), la participación y alianza de reconocidas organizaciones no gubernamentales, incluido el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que desde años atrás había presionado por la reforma del aborto, generó vínculos de colaboración y brindó asistencia técnica y argumentos al PRD. Este partido de izquierda jugó un papel cohesivo en la consolidación del apoyo dentro de la Asamblea Legislativa en 2007 (Sánchez et al. 2008: 350).

Incluso desde el primer esfuerzo para liberalizar la legislación sobre el aborto en México a principios del 2000 en respuesta a la creación planificada de nuevos códigos penales y civiles para la Ciudad de México, la legislación del PRD se apoyó en gran medida en documentos elaborados y proporcionados por las principales ONG de la Campaña de Acceso mexicana. Se basaron particularmente en GIRE, cuyos documentos fueron utilizados en algunos casos textualmente (Klugman y Budlender 2000: 216).

Asimismo, las reformas aprobadas en Uruguay y Argentina, durante 2012 y 2020 respectivamente, comparten como referente central en la demanda legislativa una fuerte coordinación al interior del movimiento por la despenalización del aborto. De acuerdo con Fernández (2016), una de las estrategias más importantes de la campaña Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) se basó en la construcción de alianzas con actores sociales clave y estrecha colaboración con legisladoras y legisladores simpatizantes del Congreso.

En el mismo sentido, según Friedman et al. (2020), la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, consolidada en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, logró unificar la demanda por el aborto. Esta campaña fue la principal impulsora del cambio normativo que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al menos en siete oportunidades (2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018), todas rechazadas, hasta que en 2020 el mismo presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley sobre el aborto que fue admitido.

En ambos casos, las actividades de las organizaciones feministas se orientaron a difundir la problemática del aborto clandestino y posicionar el movimiento como actor político a través de actos, manifestaciones, paneles, intervenciones artísticas y conferencias. En este sentido, se estrecharon alianzas eficaces que resonaron con la sociedad. Prueba de ello se encuentra en las encuestas de opinión lanzadas después del 2001 en Uruguay, en donde el apoyo a la reforma incrementó, lo que sugiere una relación positiva entre las actividades de esta campaña y la aprobación social (Selios 2007). Además, destaca que el número de legisladoras firmantes del proyecto en Argentina fue aumentando con los años,19 incluyendo representantes del Frente por la Victoria —partido de centroizquierda que gobernó el país hasta 2015—, quienes fueron modificando su voto paulatinamente.

De acuerdo con Tabbush et al. (2016), la conformación de redes temáticas (issues networks) de activistas, profesionales y representantes estatales ha sido una dimensión importante para llevar esta demanda al plano de la política institucionalizada y transformar normativas sexo-genéricas. Las redes temáticas se definen como pequeñas tramas de profesionales, actores estatales, periodistas, abogadas(os) y activistas que tengan como objetivo la realización de modificaciones normativas (Htun en Tabbush et al. 2016: 129).

En Uruguay, la alianza con el personal médico y el apoyo de los sindicatos brindó altos niveles de legitimidad social y permitió enmarcar la reforma como un tema de salud pública y ampliar su alcance (Fernández 2016). Al igual que en el resto de América Latina, las fuerzas clave que hicieron posible el salto tan grande en la política a nivel subnacional en México, en materia de derechos reproductivos, están asociadas con las redes feministas. De acuerdo con Sánchez et al. (2008), uno de los elementos más destacados para impulsar el cambio en la Ciudad de México estuvo relacionado con los actores involucrados.20

Sin embargo, el uso de redes temáticas ha sido una táctica utilizada también por los grupos conservadores, reforzando la idea de cierto mimetismo estratégico con las estrategias feministas (Vaggione 2018). En el caso de Veracruz, el rechazo del aborto en 2019 por parte del Congreso local, en consonancia con grupos conservadores, confirma que las estructuras de mediación y difusión de políticas son un elemento destacado que puede potenciar u obstaculizar la iniciativa. Sin embargo, la literatura sobre estructuras de narrativas y difusión de políticas ha sido insuficiente para comprender cuál ha sido su impacto en el sistema político.

Por otro lado, siguiendo a Klugman y Budlender (2000), las opciones disponibles para las activistas han sido moldeadas en gran medida por el contexto en el que se encuentran. En este sentido, las coaliciones feministas han evaluado estratégicamente el momento político adecuado para intervenir. Reuterswärd et al. (2011) sostienen que la evidencia empírica sobre la reforma de la ley del aborto ha destacado la importancia del momento del proceso de reforma (timing político), así como la capacidad de las activistas para identificar ventanas de oportunidad para presionar a favor de la iniciativa. Una idea teórica de la literatura sobre procesos de política ha sido precisamente la ventana de oportunidad (Kingdon 1984; 2013), en la que se argumenta que el establecimiento de la agenda y el cambio de políticas requieren que el catalizador de un emprendedor de políticas aproveche el momento adecuado21 para lograr sus objetivos cuando las políticas son correctas y la solución propuesta se corresponde con los problemas (Weible et al. 2012: 15).

Finalmente, la última variable en la dimensión organizacional feminista identificada está asociada con el impulso del activismo de base. Destaca el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en Argentina. Los enm, iniciados en 1986, son espacios en los que miles de mujeres de todos los ámbitos, de todas las edades, clases sociales, orígenes étnico-raciales e historias se reúnen, se organizan, reflexionan sobre sus vidas y discuten los temas críticos del día. Pese a que los encuentros nacieron en un contexto de apertura democrática y renovado activismo de mujeres de base amplia después de un periodo de brutal dictadura militar que duró de 1976 a 1983, sobresale que, desde sus orígenes, se han privilegiado los problemas locales y la participación de una diversidad de mujeres, pues esta reunión se lleva a cabo cada año en una provincia diferente.

De hecho, en el encuentro de 2003 en la ciudad de Rosario, se inauguró el uso de pañuelos verdes como símbolo de apoyo al derecho al aborto, hoy utilizado de manera global (LASA 2022). No sorprende entonces que desde muy temprano en su organización, los grupos fundamentalistas han señalado los encuentros como espacios políticos relevantes. A partir de 1997, las fuerzas conservadoras organizaron acciones de contramovimiento, como el envío de activistas capacitadas(os) a los encuentros o la realización de un contra-encuentro (Sutton y Borland 2013: 201).22

La alta capacidad de movilización a favor del aborto a nivel local ha servido para reducir el riesgo de rechazo en territorios electorales conservadores (Zaremberg y Rezende 2022). En el caso reciente de Oaxaca, la aprobación no fue liderada por las amplias organizaciones tradicionales proelección sino por organizaciones locales, como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), Consorcio para el Diálogo, Parlamento y Equidad Oaxaca, así como el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (Gesmujer). Esto, a su vez, prioriza el activismo de base y fomenta el desarrollo de liderazgo de mujeres jóvenes. A partir de los resultados de esta investigación se evidencia que la importancia de fomentar y expandir el activismo de base fue uno de los elementos más destacados del caso de Oaxaca. Más adelante volveré a este punto.

Pese a que la literatura provee variables explicativas valiosas para comprender este fenómeno, identifico la necesidad de complejizar y complementar las explicaciones de esta problemática mediante la incorporación de estrategias de comunicación política utilizadas por los grupos involucrados en el debate pú blico. Analizar sistemáticamente los argumentos de la política sobre aborto y su uso estratégico permitirá profundizar en la comprensión sobre cómo se ha podido superar la reacción con servadora en aquellos casos de éxito. Con ello, se busca ampliar los márgenes de acción del movimiento feminista proaborto y avanzar con la agenda de género a nivel regional.

OAXACA: UN CASO ATÍPICO

El 25 de septiembre de 2019, en el Congreso del Estado de Oaxaca, 24 diputadas(os) —de 42 en total— manifestaron su voto a favor de los derechos de las mujeres. De este modo, una de las entidades más pobres y desiguales del país despenalizó el aborto en su Código Penal para permitir la interrupción del em barazo durante las primeras doce semanas de gestación. En el contexto en donde la reacción conservadora había logrado pa ra lizar durante doce años el movimiento para la liberalización de derechos sexuales y reproductivos después de la ILE, Oaxaca sobresale no solo por ser el primer estado que logró contrarrestar la embestida conservadora iniciada en 2008 al reconocer uno de los derechos con más historia de lucha dentro del movimiento feminista en México —y en toda la región latinoame ricana (Lamas 2008: 70)—, sino porque con ello inauguró un proceso de liberalización a nivel subnacional.

La dao modificó los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal oaxaqueño,23 de modo que el aborto ahora es definido como la interrupción del embarazo después de la semana doce de gestación y no antes. Asimismo, se incorporó el trabajo comunitario como pena para aquellas mujeres que voluntariamente aborten después del periodo establecido, así como para personas que las asistan. Mientras, permanecen las causales por las que no existe responsabilidad penal: violación, inseminación no consentida y cuando la salud de la madre o del producto se encuentren en riesgo. Antes de esto, la legislación local se amparaba en el Código Penal para criminalizar a las mujeres que interrumpieran su embarazo voluntariamente.

La importancia de fomentar y expandir el activismo de base fue uno de los elementos destacados del caso de Oaxaca (Zaremberg y Rezende 2022). La lucha por la aprobación no fue liderada por las amplias organizaciones tradicionales proelección, sino que fue impulsada principalmente por organizaciones y activistas locales, incluidas las bases estatales de la Ddeser, Consorcio para el Diálogo, Parlamentario y Equidad Oaxaca, así como el Gesmujer.

También destaca el activismo institucional como parte de la estrategia para impulsar la discusión en la Cámara local. Se presentaron cuatro iniciativas para reformar el Código Penal, propuestas por las diputadas de Morena Hilda Graciela Pérez Luis, Laura Estrada Mauro —quien al momento de la aprobación era coordinadora del grupo parlamentario del partido en el estado y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca— y Rocío Machuca Rojas. Los únicos morenistas que votaron en contra fueron el dipu tado Ericel Gómez Nucamendi, entonces delegado especial de Morena y dueño del periódico local Noticias, Voz e Imagen, y Ángel Domínguez Escobar.

Sobresale que días después de la DAO, la diputada Hilda Pérez presentó una iniciativa para crear la Ley de Amnistía,24 que busca liberar bajo solicitud a aquellas mujeres y acompañantes que fueron privadas de libertad por el entonces delito de aborto. Esta ley fue aprobada apenas el 31 de octubre de 2021 por el Congreso local como «mecanismo de justicia considerando que la violencia hacia las mujeres en Oaxaca es interseccional, estructural y sistémica, que se agrava en el caso de las mujeres indígenas».

Importa decir que, a diferencia de la legalización, la despenalización significa exclusivamente que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en la entidad no terminarán en prisión ni se verán involucradas en ningún proceso penal. Sin embargo, esta reforma por sí misma no asegura el derecho a la atención médica en materia obstétrica. De hecho —de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—, de las 3,067 carpetas de investigaciones por aborto levantadas entre 2015 y 2020 a nivel nacional (ver gráfica 1), únicamente 72 se realizaron en el estado de Oaxaca. Es decir, apenas el 2.3% de abortos tipificados como delito fueron reportados en la entidad.25

Gráfica 1. Carpetas de investigación por el delito tipificado como aborto entre 2015 y 2020 (%).

Si solo se consideran estas cifras, lo cierto es que la criminalización parece ser un problema menor frente al vacío legal en materia de salud. En este sentido, sin una reforma a la Ley de Salud que acompañe la despenalización, difícilmente se puede garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos médicos. En este sentido, la DAO —junto con la ILE en la Ciudad de México— sobresale porque representa un precedente nacional importante en materia de derechos a nivel local. Tan solo dos años después, en 2021, el Congreso de Oaxaca logró en el transcurso de un mes aprobar reformas a la Ley Estatal de Salud y a la Constitución de Oaxaca, con lo que se eliminó por completo el marco legal que criminalizaba a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo y les garantizó el acceso a este derecho.

El 22 de septiembre de 2021, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma a la Ley Estatal de Salud, iniciativa presentada por la diputada Elisa Zepeda Lagunas. Con ello, se estableció que las instituciones públicas del estado deben garantizar el derecho de todas las mujeres a la interrupción del embarazo. Asimismo, en el dictamen se dispuso que todas las acciones en materia de salud reproductiva deben llevarse a cabo en español y en la lengua en uso en la región a la que se destinen, en formatos accesibles y de lectura fácil, y en presencia de traductoras al lenguaje de señas mexicano.

Asimismo, el 30 de septiembre, la iniciativa para reformar el artículo 12 de la Constitución local —impulsada por la diputada Estrada—, presentada por primera vez en abril de 2019, fue aprobada con una amplia mayoría de 33 votos de 42 en total. Con ello, se eliminó la normativa impuesta en 2009 que defendía la vida desde el momento de la fecundación. Así, la legislación para la interrupción del embarazo en Oaxaca es hoy una de las normativas menos restrictivas del país.

La selección del caso es relevante porque pese a que en la Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima se ha legislado exitosamente al respecto, lo cierto es que Oaxaca inauguró esta época de prolegislación después de la reacción conservadora que sobrevino en 2007. Entre otros factores en el contexto que acompaña a este evento, destaca un cambio en el sistema de partidos ocurrido en 2018. Luego de la abrumadora llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, que se asocia con la izquierda, se desencadenó una ola de iniciativas a nivel sub nacional para legislar sobre la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

Oaxaca sobresale también por diversas condiciones socioeconómicas y políticas. Mientras que por un lado el estado muestra una tendencia creciente hacia la aprobación de una legislación progresista —sobre todo en materia de derechos de las mujeres—; por el otro, mantiene una de las tasas de pobreza y carencias sociales más altas en todo el país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el año 2020 el 61.7% de su población se encontraba en situación de pobreza, y el 20.7% en pobreza extrema.26 Esto significa que más del 80% de la población oaxaqueña padece al menos una carencia social y su ingreso total es tan bajo que aun si lo destinase por completo a la adquisición de alimentos, no podría sobrepasar la línea de bienestar mínimo.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, Oaxaca tiene 8.1 grados de escolaridad, solo por encima de Chiapas y por debajo del promedio nacional de 9.7 años. Además, tiene un porcentaje de analfabetismo del 11.8%, muy por arriba del promedio nacional de 5%. Adicionalmente, cuenta con la población indígena más grande de todo el país. Al menos una de cada diez personas oaxaqueñas pertenece a uno de los dieciséis grupos étnicos —entre los cuales destacan por número la etnia zapoteca y mixteca—. Por otro lado, en términos de religión, el 75.5% de la población local es católica, 15.8% protestante o cristiano evangélico, y en tercer lugar se ubican las personas sin religión, con 6.1 por ciento.

Finalmente, en comparación con el resto del país, llama la atención que, de los 570 municipios del estado, alrededor de 418 se gobiernan bajo el sistema de usos y costumbres a través del mecanismo político de autogobierno, los cuales han interactuado durante las últimas décadas con administraciones principalmente priistas. La legislatura del Congreso local que aprobó la DAO estaba conformada en su mayoría por representantes de Morena (62%), mientras que el estado se encontraba gobernado por el priista Alejandro Murat Hinojosa.

Indudablemente, el contexto social y político de Oaxaca durante 2019 es relevante, ya que configuró el escenario donde se logró interrumpir la hasta entonces implacable ola conservadora. Además, estudiar el caso de Oaxaca importa porque identificar las dinámicas que hay detrás de la dao brinda elementos útiles para comprender otros casos similares. En este estudio de caso descansa implícitamente la existencia de un vínculo micro-macro en la escala nacional que permite una mejor comprensión del todo al centrarnos en una parte clave (Gerring 2006; Seawright y Gerring 2008).

En este sentido, cobra relevancia preguntarse: ¿cómo pudo Oaxaca albergar un debate sobre la despenalización del aborto e incluso contemplar, en la reforma a la Constitución local y la Ley Estatal de Salud, la ampliación de las condiciones para el aborto legal? ¿Qué podemos saber de la manera en que se contrarrestaron los recursos conservadores sobre el aborto en Oaxaca?

1 Véase Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) 2019.

2En el orden de reforma a partir del 2007 los estados mexicanos que defienden la vida desde la concepción son: Morelos, Baja California, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Naya rit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas (reformas antes de que terminara 2010), Veracruz, Sinaloa, Nuevo León (entre 2017 y 2019) y más recientemente Aguascalientes (en 2021). Chihuahua reformó su constitución en octubre de 1994, por ello no se contabiliza dentro del conjunto de reformas conservadoras para el periodo 2008-2021.

3La iniciativa fue impulsada por el FNF, organización conservadora, y fue presentada por la diputada Paloma Cecilia Amezquita, integrante del grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

4De acuerdo con Ruibal, en América Latina las leyes sobre el aborto que datan de las primeras décadas del siglo XX, que incluían excepciones a la penalización, no se han implementado de manera efectiva y el acceso a abortos legales se ha obstaculizado sistemáticamente (2021: 588).

5Estas conferencias desencadenaron al menos cuatro eventos coyunturales: 1) Juan Pablo II (1995) publicó la encíclica Evangelium Vitae, que planteó un marco moral y legal sobre la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos dentro de los derechos humanos; 2) a partir de 1994, Juan Pablo II organizó una serie periódica de encuentros denominados Encuentro Mundial de las Familias, un espacio global para contrarrestar la agenda de las conferencias; 3) en el año 2000, el Pontificio Consejo para la Familia denunció la existencia de un lobby internacional para imponer los derechos sexuales y reproductivos; y 4) en 2003 se publicó el Léxico del Pontificio Consejo para la Familia, que argumenta que existe un uso engañoso de ciertos términos para crear nuevos derechos contrarios a los principios universales (véase Vaggione 2020).

6En oposición al feminismo de género, el papa Juan Pablo II pidió en el Evangelium Vitae la creación de un «nuevo feminismo» que reconociera «la igualdad dentro de la diferencia» entre hombres y mujeres, argumento que en última instancia supone la renaturalización del orden sexual (Garbagnoli 2016).

7Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Baja California, Tlaxcala y Colima.

8Desde la literatura sobre cambio político, Weible et al. (2012) han identificado tres estrategias para influir en el proceso de política: a) participar durante largos periodos de tiempo, b) invertir en redes, y c) desarrollar un conocimiento profundo en un subsistema de políticas, asociado, sobre todo, con el conocimiento de los sistemas de creencias.

9Este marco interpretativo evidencia que las narrativas de cada lado ajustan el cálculo político del otro. El marco interpretativo feminista basado en la vida es una apropiación y resignificación por parte de las activistas del derecho al aborto para afirmar el valor de la vida de la mujer en contraposición a la narrativa que defiende la vida del feto. Curiosamente, el marco apareció por primera vez en 1999, es decir, después de los intentos más activos de la Iglesia católica de impactar los Encuentros Nacionales de Mujeres. Este marco parece responder a los argumentos del movimiento provida que están basados en fundamentos éticos (Sutton y Borland 2013; 2018).

10Principalmente de la Iglesia católica, colectivos civiles nacionales liderados por el FNF y ConParticipación, así como de actores institucionales de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social (PES).

11Por ejemplo, en la Ciudad de México, el entonces presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012) se mostró contrario a la reforma legal que se debatía en el Congreso del Distrito Federal para la despenalización durante las primeras semanas. Aun así, el temprano reconocimiento legal-formal de la ILE en 2007 sí requirió una intensa maniobra política dentro de los tres poderes tanto del gobierno federal como local (Beer 2017; Lamas 2017; Zaremberg y Rezende 2022), que lo ubican como un caso extraordinario en un ambiente latinoamericano y nacional prohibitivo.

12México es el único país latinoamericano donde se pueden promulgar leyes de aborto a nivel subnacional (Htun 2003: 10).

13Ruibal (2019) identifica cinco formas en las que los tribunales han actuado para extender o proteger el derecho al aborto y promover la deliberación pública sobre este tema: 1) en respuesta al litigio estratégico feminista, los tribunales han extendido las leyes del aborto creando nuevas excepciones a su criminalización (Colombia, 2006; Brasil, 2012); 2) los tribunales han respaldado reformas legislativas que legalizan los abortos en el primer trimestre (México, 2008); 3) han establecido criterios y obligaciones para que los actores estatales y los niveles de gobierno garanticen la implementación de las leyes de aborto existentes (Colombia desde 2009; Argentina, 2012; México, 2018, 2019, 2021); 4) han sido actores institucionales clave para contrarrestar los procesos de reacción al defender reclamos feministas contra activistas institucionales conservadoras que trabajan dentro de la estructura estatal (Colombia desde 2009); y 5) han promovido la deliberación pública a través de la creación de nuevos canales institucionales para que los actores sociales participen en procesos de toma de decisiones (México, 2008; Brasil, 2008) (Ruibal 2019).

14El Congreso local presentó el 19 de julio de 2019 un recurso de revisión solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso y, de esta manera, lograron no emitir un fallo sobre el aborto y dilatar la decisión de fondo (véase López 2020). En julio de 2020, la primera sala de la scjn desechó el dictamen que obligaba al Congreso local a despenalizar la interrupción del embarazo.

15El candidato Felipe Calderón del PAN, quien ganó la presidencia por un estrecho margen de alrededor de 1%, causó inconformidad social y el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, denunció fraude electoral.

16Zaremberg (2016) retoma los aportes de Maxine Molyneux (1985) para distinguir entre intereses estratégicos y prácticos. Los primeros surgen a partir del análisis de la subordinación femenina, mientras que los segundos se refieren a las condiciones concretas en las que se encuentran las mujeres (84).

17Anteriormente, en 1998, el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem (1989-1999), durante la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena, propuso a los presidentes latinoamericanos firmar una condena al aborto. Al no lograr su objetivo, instauró el Día del No Nacido coincidiendo con la celebración de la Anunciación de la Virgen María, como mensaje contra el derecho al aborto y un saludo a la Iglesia católica (Lamas 2017: Sutton y Borland 2013). De acuerdo con Htun (en Lamas 2017), Menem recibió una carta del papa Karol Wojtyla para agradecerle su iniciativa.

18Esto pese a que el aborto ha sido un tema que logró cohesionar el activismo feminista en las últimas décadas del siglo XX en la región latinoamericana. Más recientemente, la política contemporánea del aborto ha develado nuevas tensiones dentro del debate feminista. En Argentina, se han incorporado entendimientos no binarios de la identidad de género y la sexualidad en las luchas y los servicios de aborto (Sutton y Borland 2018). Es decir, el activismo por el derecho al aborto trasciende la propuesta de un enfoque jurídico descriminalizador centrado en el aborto como parte de los derechos humanos a la salud, y contempla la discusión de dimensiones culturales profundas. A considerar está que Argentina cuenta con dos normativas progresistas (Ley de Identidad de Género y la legalización de la IVE), lo que brinda condiciones para disputar los supuestos heteronormativos del aborto.

19«El aumento de legisladoras firmantes pasó de 22 en 2008 a 67 en 2014. Esto indica una tensión entre el apoyo creciente de las y los legisladores al proyecto de ley y las trabas para que llegue al recinto parlamentario y se someta a votación» (Friedman et al. 2020: 121).

20Sobresale uno de los liderazgos más fuertes en el debate sobre la despenalización del aborto a través del involucramiento de Marta Lamas —antropóloga, académica, periodista y reconocida activista feminista—, quien durante años había tenido una voz destacada en el movimiento feminista en particular por el derecho al aborto en México y América Latina (Sánchez et al. 2008: 350), y quien además ha sabido articular exitosamente el movimiento con grupos de élite política.

21La ventana de oportunidad hace referencia a la probabilidad que existe de que un elemento se eleve en la agenda política y que aumenta drásticamente si se fusionan tres aspectos: problema, propuesta y receptividad política: «Las soluciones se unen a los problemas, y ambos se unen a fuerzas políticas favorables. Este acoplamiento es más probable cuando se abre una ventana política, una oportunidad para impulsar propuestas favoritas o las propias concepciones de los problemas» (Kingdon et al. 2014: 194).

22Indudablemente, el contexto de movilización de la marea verde en Argentina durante 2018 generó una ola de expansión hacia otros países de la región, lo que a su vez activó una álgida reacción por parte de grupos conservadores frente a la demanda feminista por la despenalización del aborto en toda América Latina (Almeida y Zaremberg 2019).

23La publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca ocurrió el 24 de octubre de 2019 con el siguien te decreto: «Se reforman el párrafo del artículo 312, el párrafo primero del artículo 313, el párrafo primero del artículo 315, el párrafo primero y las fracciones II; III y IV del artículo 316; se derogan las fracciones I, II y III del artículo 315, se adicionan un segundo párrafo al artículo 312, un segundo párrafo al artículo 313, los párrafos segundo y tercero al artículo 315, la fracción V al artículo 316, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca».

24La iniciativa propuesta por la diputada Pérez ocurrió de manera coordinada con las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió el 15 de septiembre de 2019 una iniciativa a la Cámara de Diputados para expedir una ley que permitiera otorgar amnistía a personas que hubieran cometido cierto tipo de delitos, entre ellos, el aborto.

25Sin embargo, se sugiere que estas cifras sean interpretadas con reserva debido a que se han identificado casos en que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son imputadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, alterando así las cifras por el delito tipificado como aborto.

26Las cifras de pobreza han disminuido en los últimos años. De acuerdo con datos del Coneval, la pobreza en Oaxaca en 2016 era de 68% y la pobreza extrema de 24.3 por ciento.

1. DEBATES SOBRE EL ABORTO

NARRATIVAS DE POLÍTICA
EN COMPETENCIA

En el contexto reciente, en el que las estrategias narrativas en el debate sobre aborto se han ido modificando no solo a nivel transnacional sino nacional, resulta relevante preguntarse cómo se ha contado el aborto durante las últimas tres décadas y, sobre todo, cómo se han contrarrestado los dispositivos retóricos conservadores en algunos casos, como argumento que sucedió en Oaxaca.

En este apartado presentaré el marco analítico con el que más adelante analizaré cómo compiten las narrativas de política sobre aborto en un contexto subnacional. Discuto el papel de las narrativas y los medios en los procesos de cambio político a la luz de dos teorías: 1) los efectos de los medios en el sistema político y 2) de los Marcos de Narrativas de Política (Narrative Policy Framework, en adelante MNP). Adicionalmente, rastreo y sistematizo las principales estrategias utilizadas durante las últimas tres décadas por grupos conservadores y grupos feministas para impulsar sus agendas políticas, sobre todo a partir de la disputa desencadenada por las conferencias de las Naciones Unidas en El Cairo y Beijing, en 1994 y 1995 respectivamente.

EL EFECTO DE LOS MEDIOS EN EL SISTEMA
POLÍTICO

La influencia de los medios en la política es muy variada. Esto se debe en gran medida al carácter abierto e interpretativo de los problemas públicos, lo que a su vez hace de los procesos de política eventos de mucha incertidumbre (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010). Debido al carácter interpretativo de los problemas públicos, los medios, así como una diversidad de actores —como grupos de interés, funcionariado electo, empresas, entre otros— juegan un papel potencial para caracterizarlos.

En otras palabras, en toda reforma política el encuadre de los problemas desempeña una función importante para definir el tipo de discusión pública, la responsabilidad gubernamental y la construcción de una solución (Cejudo 2008). De acuerdo con Tarrow (1997), el encuadre es un proceso en el que las y los actores sociales, los medios de comunicación y los miembros de una sociedad interpretan en conjunto, definen y redefinen el estado de las cosas.

Reconocer que los procesos de políticas tienen una dimensión interpretativa es fundamental para comprender el debate público de las últimas décadas sobre el aborto, que, por tratarse de una política de carácter moral, tiende a ser más ideológico, más polarizado y menos propenso al compromiso que otros tipos de políticas (Beer 2017). Así, este debate se ha caracterizado por implicar un choque de absolutos que involucra no solo elementos retóricos e ideológicos, sino fuertes cuestiones de salud pública e incluso filosóficas. Pocas otras cuestiones provocan una indignación moral y una polarización política comparables.

La relación entre los medios y el sistema político es compleja, principalmente debido a que la manera en que operan los medios de comunicación por un lado y los procesos de formulación de políticas por otro, persiguen una lógica muy distinta. Al menos tres argumentos indican que la influencia de los medios en la política es compleja. Primero, la volatilidad de la cobertura de los medios tiende únicamente a generar rápidos focos de atención en las audiencias (Downs 1972), mientras que las agendas políticas se desarrollan en periodos prolongados de discusión legislativa (Kingdon 2013). Segundo, la representación de la política en los medios tiende a simplificarse al girar en torno a protagonismos, mientras que los procesos de política se concentran en espacios de regulación mucho más complejos y especializados. Finalmente, la agenda mediática se diferencia de la agenda política en la medida en que la primera está motivada por eventos de relevancia periodística y la segunda responde a problemas de carácter estructural (Shanahan et al. 2008; Koch-Baumgarten y Voltmer 2010).

Sin embargo, los medios sí pueden afectar los procesos legislativos de distintas maneras. A través de la opinión pública, los actores políticos tienden a evaluar sus propuestas antes de implementarlas formalmente al conocer la reacción que podrían desencadenar en los medios. Es decir, los medios operan como un indicador de la reacción que las decisiones pueden causar en la opinión pública. Asimismo, debido a la segmentación del proceso político, se ha vuelto imposible para las y los tomadores de decisiones mantenerse al tanto de todo lo que sucede en otros espacios de gobierno, por lo que seguir las noticias ha funcionado como una forma de monitoreo del momento político: «La información obtenida de los medios les proporciona pistas [a las y los actores políticos] que les ayuda a monitorear los movimientos de sus oponentes y medir su propia posición dentro de una constelación en constante cambio de coaliciones políticas» (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010: 3).

En el mismo sentido, quienes toman las decisiones pueden utilizar los medios de comunicación para interpelar o atacar a sus oponentes políticos a través de los llamados periodicazos (Jones y McBeth 2010). Otro mecanismo de influencia de los medios en la formulación de políticas tiene que ver con la cercanía entre la clase política y periodistas. Pese al ideal periodístico de ejercer como adversarios frente al poder político, lo cierto es que los dos grupos cooperan en lugar de trabajar uno contra el otro (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010). Incluso, las y los tomadores de decisiones buscan extender puentes de intercambio, especialmente con los niveles superiores del periodismo, para formar coaliciones temáticas.

Lo cierto es que no existe un vínculo de influencia directa entre los medios y la política, sino que dicha relación está condicionada por diversos factores. La incertidumbre política hace que las personas que legislan sean más susceptibles a la presión de la cobertura de los medios, en particular cuando el tema en cuestión tiene el potencial de movilizar a la opinión pública hasta un punto de pánico moral (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010: 5; Rodríguez 2017). Por el contrario, el consenso político entre quienes toman decisiones restringe el acceso e interés de los medios. Mientras, por su naturaleza, los medios buscan cubrir aquellos eventos noticiosos que usualmente representan cierto tipo de conflicto (Kingdon 2013; Powers e Izadi 2022). En este sentido, el papel que los medios ejercen en el proceso de cambio político es más el de un contribuidor que el de un conductor del cambio político (Shanahan et al. 2008). La inestabilidad de los campos políticos brinda oportunidades para que nuevos actores se sumen al debate, y así se abre la posibilidad de construir nuevos encuadres sobre el problema público y modificar leyes restrictivas, por ejemplo, sobre el aborto. En los últimos años, ha sido evidente la presencia de actores vinculados al campo religioso que defienden un sistema fuertemente criminalizador del aborto (Vaggione 2018: 351).

Pese a que conocemos que los medios de comunicación son amplificadores de la información y administradores de la atención (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010; Flores-Ivich 2020), la dinámica de cobertura mediática de las actividades políticas y la respuesta de los actores externos y la opinión pública no siguen un patrón lineal que pueda ser capturado fácilmente. Sin embargo, se espera que bajo ciertas circunstancias —en contextos de inestabilidad de los campos políticos— los medios de comunicación puedan entrar al ámbito de las políticas y cambiar el curso de la toma de decisiones, así como el resultado de las políticas, de manera sustancial en cuanto que pueden atraer nuevos temas y marcos de discusión al debate político.

MARCO DE NARRATIVA DE POLÍTICAS

La manera en la que se narran los problemas públicos juega un papel central en los procesos de cambio político. De acuerdo con el MNP, esto se debe a que la definición de problemas públicos suele tener una estructura narrativa e interpretativa; es decir, son historias con un principio, un medio y un final, que persiguen algún objetivo (Jones y McBeth 2010: 334). Asimismo, esta forma narrativa de las políticas está potencialmente expuesta a ser manipulada estratégicamente para dar forma a objetivos políticos específicos (Druckman 2014; Jones, McBeth y Shanahan 2014). En este proceso de comunicación estratégica, no solo los formuladores de políticas sino también los medios de comunicación han demostrado ser capaces de enmarcar los problemas públicos, así como de expandir el dominio de estos marcos interpretativos para dar forma a las agendas políticas (McCombs 2006; Waisbord 2016; Flores-Ivich 2020; Terlizzi 2021).

La pregunta central de este marco analítico se centra en el papel de las narrativas dentro de todo el proceso de política. El MNP tiene cinco supuestos centrales; el primero asume que los elementos sustantivos de la realidad política provienen de una construcción social; en segundo lugar, pese a que el significado de esas construcciones sociales es variable y crea diferentes realidades políticas, esta variabilidad está limitada por sistemas de creencias, lo que hace que exista cierta estabilidad en el tiempo. El tercer supuesto asume que las narrativas de política tienen elementos identificables que son estructurales y generalizables. En cuarto lugar, las narrativas de política operan en tres niveles interactivos de análisis, a saber, micro (individual), meso (grupal) y macro (cultural y social). Por último, el MNP supone que las narrativas juegan un papel central en la cognición y comunicación humana, es decir, asume un modelo homo narrans27 del individuo, en el que las personas preferimos pensar y hablar en forma de historias (Shanahan, Jones y McBeth 2018).

Ya que el enfoque de investigación aquí es conocer cómo los grupos proderechos versus las coaliciones conservadoras construyeron y comunicaron sus narrativas para influir enel proceso político, el análisis de narrativas sobre la política del aborto en Oaxaca se realizará en el nivel meso. En comparación con las otras dimensiones de análisis, el nivel meso se concentra en actores en el subsistema de políticas (grupos, coaliciones, organizaciones). Por su lado, en el nivel micro el lugar de la investigación es el del individuo y el enfoque es comprender cómo los individuos forman narrativas, mientras que la dimensión macro se centra en las narrativas de políticas que impregnan la sociedad y las normas culturales, y su enfoque es comprender cómo los cambios o la estabilidad en las narrativas de políticas macro, integradas en culturas e instituciones, influyen en la política pública.

Ahora bien, con el objetivo de operacionalizar el análisis de narrativas sobre la política del aborto, es relevante definir los componentes que la conforman. Las narrativas de política están compuestas por dos grandes elementos: la forma y el contenido. La primera manifiesta las características estructurales de la narrativa, mientras que la segunda se refiere al argumento dentro de la historia (McBeth, Shanahan y Jones 2005; Mcbeth et al. 2007; Jones y McBeth 2010; Jones, McBeth y Shanahan 2014; Shanahan, Jones y McBeth 2018). Abordaré en primer lugar la forma de la narrativa y posteriormente desarrollaré el contenido.

Los componentes básicos estructurales de la narrativa constan de cuatro elementos (McBeth, Shanahan y Jones 2005; McBeth et al. 2007; Jones y McBeth 2010; Jones, McBeth y Shanahan 2014): personajes, escenario, trama y moraleja. En cuanto al primero, los tres arquetipos más comunes son la heroína o el héroe, quien soluciona el problema de la política; la villana o el villano, que es la entidad que causa el problema; y la víctima, que es la perjudicada. Adicionalmente, se ha incorporado en la literatura a la aliada o el aliado como un tipo de personaje más, inicialmente propuesto por McBeth, Shanahan y Jones (2005). Este último personaje actúa alineado con las acciones de la heroína o el héroe.

El escenario es el espacio donde sucede la historia a lo largo del tiempo, aquí se utilizará en un sentido amplio el contexto espacial del entorno inmediato. La trama organiza acciones y es el elemento narrativo que articula a los personajes entre sí con el escenario. Finalmente, la moraleja es la solución en la narrativa de política, suele presentarse como la acción de la heroína o el héroe para proteger a la víctima del daño. Empero, es relevante mencionar que no todas las narrativas contienen soluciones políticas claras, sino que pueden ofrecer pasos intermedios para la solución de políticas más amplias (Shanahan et al. 2017: 5).

Si bien las narrativas de política comparten una estructura, lo cierto es que pueden incluir algunos o todos los elementos narrativos. El MNP establece como criterio mínimo que toda narrativa de política debe contener al menos un personaje y debe referirse a la política de interés (Shanahan et al. 2017). Cabe mencionar que se espera que los grupos que creen estar perdiendo en la batalla política utilicen historias para involucrar a más personas en el debate, y estas tácticas potencialmente amplían el alcance del conflicto. De manera similar, es probable que los actores que se piensa que van ganando utilicen narrativas para contraer el alcance del conflicto y controlar la participación de otros actores (Jones y McBeth 2010: 345).

En cuanto al segundo elemento de las narrativas de política, el contenido narrativo de políticas es el que otorga significado a las dimensiones narrativas para crear realidades políticas. Retomando uno de los supuestos del MNP, la variación de las realidades políticas está limitada por sistemas de creencias estables en el tiempo, lo que permite medirlas. Los sistemas de creencias se refieren a todo el conjunto de valores que orientan a los individuos, grupos y sociedades. Esta dimensión de análisis se encuentra más orientada a un nivel macro.

Asimismo, todas las narrativas de política se crean con un propósito; es decir, son argumentos motivados que pretenden persuadir, calmar o encender el debate público. De acuerdo con el MNP, esta dimensión se refiere a la manipulación intencionada de los elementos narrativos al servicio de los objetivos de la entidad narradora. Las cuatro estrategias más comunes en el MNP son scope of conflict, causal mechanisms y devil-shift versus angel-shift (Jones, McBeth y Shanahan 2014). Para el análisis de los argumentos de la política sexual en Oaxaca utilizaré una variación de las anteriores: balance del conflicto, quién-causó-qué, giro diabólico y giro angelical. Estas últimas son una traducción de las estrategias originales propuestas en el MNP, sin embargo, adicioné elementos y detalles específicos de manera inductiva para desarrollar las estrategias comunicacionales utilizadas en el caso concreto de Oaxaca.

La estrategia comunicativa balance del conflicto se refiere a la intención de distribuir los costos y beneficios de un conflicto, de modo que se pregunta cuál es el alcance del fenómeno y a quién beneficia o perjudica este problema público. Los grupos perdedores tienden a identificar los costos para un amplio espectro de víctimas y los beneficios solo para una minoría selecta, mientras que las coaliciones ganadoras suelen considerar que la solución política beneficia a una gran población de víctimas y los costos (relativamente bajos) son asumidos solo por unos pocos.

La estrategia quién-causó-qué es aquella táctica comunicacional que argumenta que existe una relación causal dentro de la política, en la que se utilizan estratégicamente los personajes de la narrativa. En otras palabras, se acusa a otros actores de provocar de manera intencional, involuntaria, mecánica o accidental el problema público. Esta estrategia puede no incluir una moraleja del problema público, porque su objetivo principal es señalar al sujeto, coalición o mecanismo responsable de un problema.

Finalmente, la estrategia giro diabólico supone que, en situaciones de conflicto relativamente alto, los grupos políticos tienden a extremar la percepción que tienen sobre sus oponentes, incluso asemejándola a la figura metafórica del diablo, es decir, considerándolos más malvados de lo que realmente son. Se trata de una construcción en donde se enfatiza en la trama el giro diabólico del otro y se resume en la simple idea de buenos contra malos. En esta estrategia, los actores impugnan los motivos de sus adversarios y enfatizan sus argumentos como razonables, puesto que están guiados por una preocupación por el bienestar público. Mientras, la estrategia contraria es el giro angelical, que igualmente está relacionada con la dis tancia entre la percepción del otro y las creencias propias. En este sentido, en lugar de «demonizar» a la persona adversaria, se enfatizan los aspectos positivos que se perciben como propios, y usualmente se resalta la moraleja propuesta en el argumento (Sabatier, Hunter y McLaughlin 1987).

Así, una narrativa de política se puede definir como un conjunto de historias y argumentos propuestos por actores que buscan establecer y estabilizar los supuestos para la formulación de políticas públicas en un contexto de alta incertidumbre y complejidad (Terlizzi 2021). La estabilidad narrativa se consigue a través de la estabilidad y fijación de los sistemas de creencias políticas y estructuras de significado, pudiendo estos ser democráticos o no (Riorda 2008; Paternotte 2020; Terlizzi 2021).

Es fundamental analizar las narrativas mediáticas sobre el aborto, pues estas influyen en la dimensión interpretativa del problema público por su capacidad para generar, amplificar y dispersar argumentos de políticas (Flores-Ivich 2020). Esto es aún más importante tratándose de temas doctrinales (Htun y Weldon 2018), también llamados políticas de moralidad (Beer 2017), donde las y los representantes electos tienden a ser más receptivos de la opinión pública por ser temas especialmente disruptivos en términos de la esfera moral-religiosa, sobre todo si se entiende lo moral-religioso como la base interpretativa sobre la que se han ido construyendo nuevas estrategias de encuadre utilizadas por actores conservadores de manera eficiente, particularmente en la última década.

RETÓRICA CONSERVADORA CONTRA
EL ABORTO

El activismo contra el aborto mantiene una estrecha relación con las formas organizativas de la derecha de base (Mayka y Smith 2021) y el neoconservadurismo28 (Vaggione 2020) por un lado, y de la Iglesia tanto católica como evangélica29 por otro, desde estructuras institucionales jerárquicas hasta redes informales y flexibles. Por ejemplo, sobre todo la Iglesia católica y pentecostal en la región latinoamericana han desplegado sus formidables redes y recursos ideológicos para defender causas tradicionalmente de derecha, como la oposición al aborto.

En este sentido, las estrategias de movilización de grupos conservadores contra los derechos sexuales y reproductivos han sido definidas como políticas antigénero (Paternotte 2020), politización de la religión (Felitti 2011; Vaggione 2015), impulso de fundamentalismos religiosos (Vaggione 2015; Lamas 2017; Ruibal 2021) o contramovimientos conservadores (López 2017; Gianella 2018; López 2020: 47).

Al menos dos tendencias históricas ayudan a comprender el activismo contra el aborto, surgido como consecuencia de las conferencias de la ONU en la década de 1990 (Vaggione 2020). Primero, las reformas dentro de la Iglesia católica llevadas a cabo a partir de 1978 con la elección del papa Juan Pablo II implicaron cambios organizacionales para mejorar el control institucional y la coherencia de la Iglesia, lo cual la convirtió en una opositora más comprometida y efectiva contra el aborto (Htun 2003a).

Segundo, hubo un crecimiento de los movimientos contra el aborto a nivel global. Mientras que en la década de 1980 el Vaticano se convertía en un oponente comprometido y eficaz del aborto y comenzaba a utilizar conferencias internacionales en la década de 1990 para promover su posición, el movimiento contra el aborto comenzó a movilizarse a escala global como reacción a los cambios legales liberalizadores en América del Norte y Europa Occidental (Htun 2003a: 151). Estas tendencias también ayudan a enmarcar los fracasos en América Latina para la despenalización.

Asimismo, se pensaba que la diversidad religiosa en América Latina era un factor que podía dispersar las políticas del aborto (Reuterswärd 2021), porque se asumía que el debilitamiento de la Iglesia católica socavaría algunas de las oposiciones organizadas (Htun 2003a: 170). Sin embargo, la capacidad movilizadora de la política sexual trastoca una amplia gama de intereses conservadores, tanto del catolicismo como del creciente cuerpo de evangélicos (Mayka y Smith 2021: 6). En este sentido, la derecha ha sabido capitalizar los beneficios políticos asociados con la oposición a las políticas sobre derechos reproductivos y sexuales como el aborto, la educación sexual en las escuelas y los derechos LGBTQI. A su vez, esta característica distingue a la derecha actual de la de otros periodos.

Lo que une a la amplia gama de problemas, identidades y reclamos adoptados por grupos conservadores en la América Latina actual es la afirmación de las jerarquías sociales tradicionales, ya sean patriarcales, heteronormativas, cisgénero, económi cas, religiosas o étnicas y raciales. Pese a que los objetivos conservadores se construyen socialmente y son contextuales, y por tanto sus causas e identidades más importantes varían en el espacio y el tiempo, el activismo conservador puede identificarse por su oposición general para desmantelar las desigualdades existentes y su apoyo a un orden social de tipo tradicional (Mayka y Smith 2021: 5).

Por otro lado, el activismo conservador ha agregado nuevas formas de movilización contenciosa a su repertorio, incluidos bloqueos o protestas callejeras; tácticas, estrategias y marcos históricamente asociados con la izquierda en América Latina (Mayka y Smith 2021). Esta diversificación se ha apoyado al menos en cuatro elementos: 1) el cambio social secular y la democratización; 2) nuevos agravios y amenazas percibidas, especialmente en países gobernados por la izquierda durante la marea rosa; 3) una infraestructura ampliada para la movilización a través de iglesias evangélicas y redes sociales; y 4) difusión internacional (Mayka y Smith 2021).

Así, cuando el debate sobre el aborto llegó a la región latinoamericana, quienes defendían los derechos reproductivos tuvieron que enfrentarse a estos grupos altamente organizados, así como a un clima global donde el activismo contra el aborto estaba obteniendo grandes victorias (Htun 2003b: 169).30 Se han identificado al menos tres tipos de activismo neoconservador que se oponen a la política de género: 1) facciones de las jerarquías católica y evangélica, 2) ONG autodenominadas provida o profamilia, y 3) políticos antigénero (López 2020; Vaggione 2020).

Como lo describe Mala Htun, la fuerza de los movimientos contra el aborto se combinó con la polarización social respecto al tema. Esto aumentó los costos políticos asociados con la defensa de la interrupción del embarazo. Así, temiendo la ira de los movimientos contra el aborto y la Iglesia, y juzgando que se ganaría poco políticamente apoyando la despenalización, la mayoría de los partidos y personajes políticos intentaron mantenerse alejados del tema del aborto (2003b: 144), al menos durante la primera década del siglo XXI y antes de las primeras reformas liberalizadoras. Lo cierto es que lo que el conservadurismo llama ideología de género ha surgido como un poderoso contramarco que ha permitido a estos grupos en América Latina impugnar el avance de la agenda por la liberalización de los derechos sexuales y reproductivos (Mayka y Smith 2021: 4).

ESTRATEGIAS CONSERVADORAS
PARA TRANSFORMAR LOS MARCOS
DE INTERPRETACIÓN

Dentro de las estrategias implementadas por los grupos conservadores en los últimos años, destacan dos tácticas que se han complementado para oponerse a las políticas de la sexualidad. En primer lugar, se encuentra la creación de la noción de ideología de género como un dispositivo retórico que ha permitido —en segundo lugar— la transformación semiótica de los marcos narrativos respecto al aborto, en la que se aprovechó y reutilizó el lenguaje de los derechos tanto como un giro hacia el lenguaje científico, aunque estas estrategias históricamente habían favorecido a los grupos progresistas. Esta transformación ha demostrado tener una fuerte capacidad de polarización y movilización social. De este modo, las coaliciones conservadoras en América Latina dejaron atrás gran parte de las narrativas tradicionales que habían utilizado para impugnar los derechos reproductivos durante el siglo XX.

Los nuevos marcos unificadores han demostrado ser exitosos para contrarrestar las narrativas feministas. Lograron vincular exitosamente los problemas de la derecha y el neoconservadurismo con el patriotismo y el nacionalismo, e incluso acusan las causas perseguidas por los movimientos feministas como intrusiones neocoloniales que amenazan la soberanía nacional (Mayka y Smith 2021; López 2020; Vaggione 2020).31

IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Pese a que la noción de ideología de género se ha utilizado para referirse principalmente a grupos feministas y a las izquierdas progresistas, esta encuentra sus orígenes en el rechazo del Vaticano hacia la desnaturalización del orden sexual. La fuerza de la reacción conservadora se encuentra lejos de ser específica de la religión, porque ha sido capaz de agrupar diversos actores sociales, sin embargo, destacan al menos tres cambios recientes en el discurso de la Iglesia católica. Primero, el núcleo de la doctrina social ha pasado de un enfoque económico a uno de carácter antropológico; segundo, el cambio de la posición católica sobre las relaciones entre teología, ciencias naturales y ciencias sociales se ha modernizado; y tercero, la doctrina social de la Iglesia católica se ha convertido progresivamente en la herramienta central para contrarrestar lo que el Vaticano percibe como una cultura secularista cada vez más agresiva y relativista, personificada por el género (Garbagnoli 2016: 188).

De acuerdo con la Iglesia católica, la deconstrucción del orden sexual defendido por los movimientos feministas trae consigo la destrucción del orden sexual. Esto último motivó al Vaticano a renovar radicalmente su discurso sobre la «naturaleza» de las mujeres, reemplazando gradualmente su visión anterior de sumisión de las mujeres frente a los hombres por el argumento aparentemente progresista de la «igualdad dentro de la diferencia» —debate en el que popularizaron el término equidad—,32 con lo que ha logrado impugnar exitosamente la desnaturalización del orden sexual (Mayka y Smith 2021; Garbagnoli 2016: 190). La visión que naturaliza el orden sexual supone que el destino y los hábitos de las mujeres están inscritos en la anatomía, este enfoque apoya una creencia establecida desde hace mucho tiempo en la que la maternidad se entiende como la vocación y misión natural de las mujeres (Juan Pablo II 1988 en Garbagnoli 2016: 190).

De este modo, el discurso antigénero surgió como una reacción política frente a la desnaturalización del orden sexual, encabezada principalmente por la academia y activistas feministas. Y de manera similar, la noción de ideología de género fue creada como una reacción conservadora, y se convirtió en un nuevo dispositivo retórico y performativo producido no solo para deslegitimar los estudios y las luchas feministas, sino para reafirmar que las normas sexuales trascienden los arreglos históricos y políticos (Garbagnoli 2016: 189).

El sintagma ideología de género fue reproducido de manera descuidada por diferentes plataformas de difusión, incluidos los medios de comunicación, y pronto se transformó no solo en una categoría política de acción para miles de manifestantes, sino también en una nueva categoría de percepción de la realidad (Garbagnoli 2016: 198). El éxito de esta estrategia conservadora está asociado con la manera en que se ha construido su poderosa retórica: se trata de un discurso católico que se difunde como un enfoque antropológico y científico sobre la naturaleza humana, aunado al uso de la noción de victimización. Esta combinación ha tenido un efecto potencial para generar pánico moral. Construida de manera transnacional (Gianella 2018), la ideología de género es un significante flexible capaz de ajustarse a diferentes contextos nacionales, distintas cuestiones sexuales y diversos tipos de activismo conservador (Vaggione 2020; Garbagnoli 2016: 201).

Este recurso discursivo se diferencia de los anteriores en sus objetivos. Mientras que las narrativas tradicionales buscaban afirmar la trascendencia del orden sexual a través de un discurso abiertamente misógino, este nuevo dispositivo se apropia de un concepto feminista y le adjunta argumentos que buscan negar la «verdad biológica», además de que denuncia la existencia de un poderoso grupo de presión (lobby) internacional que busca imponer derechos sexuales y reproductivos en contra de la idea de familia tradicional (Vaggione 2020). Básicamente, se acusa a las causas feministas de ir en contra de la naturaleza.

La ideología de género como retórica persigue al menos tres propósitos: 1) constituye un enemigo único, 2) reúne a actores religiosos y no religiosos para formar un gran frente de movilización en nombre de la defensa de lo humano, y, finalmente, 3) produce pánico moral en la esfera pública. Precisamente esta dimensión moral permite influir en la toma de decisiones de las y los legisladores para bloquear reformas jurídicas y sociales en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos (Garbagnoli 2016: 192).

Este recurso retórico actúa eficazmente porque reafirma de una manera novedosa la idea ya tradicional de que el orden sexual trasciende la historia, y esto a su vez refuerza las estructuras sociales que tienden a naturalizar las normas sexuales, el sexo, la sexualidad, el cuerpo y el género. De este modo, la ideología de género termina por atacar creencias sociales profundas sobre la manera en que se percibe la realidad.

REAPROPIACIÓN DE LA NARRATIVA CIENTÍFICA
O SECULARISMO RELIGIOSO

Otra estrategia más de contramarco consiste en reelaborar la oposición a la política de la sexualidad en términos científicos. Esta táctica, llamada secularismo religioso por Vaggione (2015), implica promover una agenda moral católica disfrazada de defensa de los intereses públicos y la moral universal. En la Congregación para la Educación Católica, publicada en 2019 por el Vaticano, se destacan algunos aspectos centrales utilizados en las últimas tres décadas por la Iglesia católica para resistir la desnaturalización del orden sexual, entre los que se promueve la importancia de la ciencia para demostrar la inexactitud de la agenda de género (Vaggione 2020: 257).

De hecho, el activismo religioso contra el aborto han buscado durante mucho tiempo alianzas con grupos seculares con base en los argumentos científicos sobre el desarrollo fetal (Gianella 2018; Niño y Rincón 2018; Mayka y Smith 2021: 9). De este modo, los grupos conservadores han logrado invertir el argumento de la opresión; es decir, los actores antigénero promueven la idea de que los grupos dominantes son «los verdaderos oprimidos» y utilizan términos victimizantes como «fobia a la familia», «heterofobia» y «adoctrinamiento ideológico» (Garbagnoli 2016: 197). Estas creaciones argumentativas son esenciales sobre todo para el activismo autodenominado provida o profamilia, que reclama la protección de niñas y niños de las amenazas de la ideología de género (Vaggione 2020: 261).

Esta táctica de la reacción conservadora contra el aborto consiste en una transformación semiótica de la narrativa que implica un cambio en el catálogo discursivo de los grupos que disputan los derechos sexuales y reproductivos. Al igual que con el recurso de la ideología de género, el activismo conservador retoman elementos científicos que antes rechazaban para resignificarlos en favor de sus causas. En este sentido, Reu terswärd (2021) demuestra que apelar a argumentos biológicos puede jugar un papel importante en la construcción de apoyo de las personas no devotas. Así, lo peligroso es que la transmutación de estas herramientas retóricas en acción política ocurre de manera encubierta como argumentos protocientíficos.

Sin embargo, por más secularización estratégica que los grupos conservadores puedan utilizar, sus argumentos no abandonan las justificaciones religiosas y morales. Esto se hace evidente en los términos en que se construyen los argumentos seculares: la mujer gestante siempre es nombrada como «madre»; el producto de la fecundación es «niño», «bebé» o «criatura inocente», y el aborto lo describen como un «asesinato/delito» y como algo que tiene que ver con la vida y la muerte (Niño y Rincón 2018: 401).

Un fenómeno reciente en América Latina ha sido el enfrentamiento ofensivo por parte de algunos personajes políticos antigénero que no solo buscan proteger los valores familiares, sino que también pretenden ilegalizar cualquier referencia de género ya sea por convicciones religiosas o por oportunidades electorales (o ambas), este tipo de político ha incluido la lucha contra la ideología de género en su agenda pública (Vaggione 2020: 262).

Pese a que no es nuevo que los grupos conservadores traduzcan sus puntos de vista tradicionales en comportamientos políticos, destaca que las movilizaciones antigénero tienen una fuerte capacidad movilizadora y efectos políticos decisivos. Un claro ejemplo de que el activismo contra el aborto ha logrado producir importantes efectos políticos es la reacción conservadora después de la legalización del aborto en la Ciudad de México en 2007 (Zaremberg 2020).

NARRATIVA PRODERECHOS
REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

La presencia de organizaciones feministas ha sido fundamental para incorporar la reforma del aborto en las agendas legislativas en América Latina. Pese a que el activismo de derechos reproductivos y sexuales mantiene una estrecha relación con las for mas organizativas de los movimientos feministas, estos no siempre operan de manera coordinada. A efecto de rastrear las narrativas del activismo proaborto, no se profundiza aquí en las diferencias entre la agenda del movimiento por los dsr y la agenda feminista, sino en los puntos de encuentro progresistas para influir en el cambio político respecto al aborto. Me refiero a estos puntos de encuentro progresistas como narrativas feministas.

Conviene comenzar destacando dos puntos importantes. Primero, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos representa la búsqueda por rearticular el significado de la sexualidad en la ley, la religión y la moral. Más que una exigencia de derechos individuales, es una redefinición del poder simbólico de la ley que apunta a desmantelar una concepción restrictiva de la sexualidad de las mujeres, basada en la reproducción y el matrimonio (Vaggione 2020: 254). Así, el debate sobre estos derechos —como el aborto, el acceso a educación sexual o el matrimonio igualitario— revela la matriz moralista y moralizadora del derecho, que deslegitima un amplio abanico de prácticas e identidades sexuales y reproductivas bajo una supuesta neutralidad, en la medida en que brinda autonomía a las mujeres y otros grupos sobre sus trayectorias vitales (López 2020: 150).

Segundo, las reformas para liberalizar el aborto en la región de Latinoamérica son consideradas políticas que interpelan a la moral, por lo que se diferencian de otros tipos de políticas al ser técnicamente simples —es decir, parece existir una solución obvia, aunque potencialmente polémica— y muy destacadas a nivel nacional por despertar niveles altos de participación ciudadana (Beer 2017). Si la naturaleza del problema es presentada de una manera sencilla, en la que se muestra que se trata de un tema grave y objetivo con soluciones relativamente sencillas y económicas, entonces las y los tomadores de decisión buscan en el flujo de políticas una alternativa que pueda ser vista como una solución razonable (Kingdon 2013: 174). Así, el debate sobre el aborto tiene el potencial de incorporarse en la agenda mediática y política.

Las primeras décadas del siglo xxi marcaron el comienzo de cambios de política antes inimaginables sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo (Mayka y Smith 2021: 11). El éxito en materia de derechos sexuales y reproductivos impulsado por activistas es mayúsculo si se considera que estos grupos no siempre han contado con las mismas estructuras institucionales ni la amplitud de redes informales y flexibles para difundir e implementar sus estrategias. Las activistas feministas suelen tener poco acceso a recursos de movilización y, más allá de la izquierda política inconsistente, tienen pocas alianzas33 que brinden acceso a los círculos de élite y otorguen peso político a sus demandas, en comparación con los movimientos conservadores (Reuterswärd 2021: 25). Esta desventaja histórica ha implicado una necesidad doble de coordinar las acciones del movimiento progresista para unificar marcos de interpretación respecto al aborto, así como reforzar las acciones para concretar alianzas y coaliciones.

No sorprende que las estrategias principales de los movimientos por los derechos reproductivos han consistido en responder de distintas formas al estancamiento de la problemática del aborto y a las estructuras de oportunidad que brinda el gobierno en el poder a través de generar alianzas en los congresos y en las cortes (Htun 2003b: 156; Ruibal 2021). En este sentido, el contexto político ha sido un elemento clave para sacar adelante las políticas sexuales, pero también lo ha sido la capacidad estratégica del activismo feminista para enmarcar al aborto como un problema público.

De hecho, los movimientos feministas en América Latina apelaron por primera vez a las legislaturas para extender el derecho al aborto, en cuanto que su repertorio habitual de acción era la movilización política y el cabildeo dentro del Congreso (Lamas 2009 en Ruibal 2021). Empero, cuando estas instancias se encuentran bloqueadas por actores religiosos conservadores, o cuando los congresos no responden a las demandas feministas, algunos sectores del movimiento han tendido a buscar otros espacios inexplorados obteniendo en muchos casos resultados favorables, en particular del sistema judicial. Así, en las últimas dos décadas, las cortes han demostrado ser un ámbito institucional favorable para el activismo feminista en América Latina (Ruibal 2021; Lamas 2017).

En cuanto al contexto político, la mayoría del partido gobernante también ha jugado un papel determinante en las perspectivas de reforma. Sabemos que ha sido la izquierda quien ha apoyado las demandas feministas de liberalización de políticas, y que los partidos de centro derecha han optado por defender una legislación restrictiva y promovido iniciativas por el derecho a la vida. Sin embargo, observaciones empíricas en México indican que esta asociación no siempre es así. Cuando el PAN, socialmente conservador, apoyó los proyectos de ley por el derecho a la vida, también lo hizo la legislación de izquierda en varios estados (Reuterswärd 2021: 26).

Destaca que, en algunos contextos, los ministerios —o secretarías de Estado— de mujeres o los mecanismos políticos han actuado como aliados internos de los movimientos feministas. Sin embargo, su capacidad para influir en las políticas depende de que ejecutivos amistosos proporcionen a las secretarías suficientes recursos e influencia política.34

Lo que es cierto es que los esfuerzos para despenalizar el aborto en la región latinoamericana solo han tenido éxito donde los partidos de izquierda dominan los poderes Ejecutivo o Legislativo (Ciudad de México 2007, Uruguay 2012, Argentina 2020, Oaxaca 2019, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima 2021). En este sentido y pese a las inconsistencias históricas, la presencia mayoritaria de partidos de izquierda parece ser un elemento necesario más no suficiente para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Reuterswärd (2021) argumenta que la izquierda política ha sido un aliado poco confiable en la lucha por liberalizar el aborto en la región debido a que las y los legisladores izquierdistas se han abstenido de promover cambios en contextos donde la Iglesia católica retiene influencia política, por temor a los costos políticos de desafiar al clero. Por lo tanto, el cabildeo feminista ha tenido éxito principalmente en contextos de relaciones conflictivas entre la Iglesia y el Estado,35 cuando las y los titulares de este último han tenido poco que perder desafiando la doctrina religiosa (Htun 2003a).

En cuanto a los elementos discursivos utilizados por el activismo progresista, se encuentra la conformación de redes temáticas integradas por actores políticos. Esto ha ayudado a las activistas feministas a crear conciencia, movilizar a la opinión pública y presionar a los actores estatales (Htun 2003b). Asimismo, la narrativa utilizada por el activismo proaborto se ha articulado con los discursos referidos a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, la salud pública y los marcos de derechos humanos para presionar a los gobiernos para que liberalicen las políticas sexuales (Reuterswärd 2021: 24).

Sin embargo, se ha acusado al activismo proaborto de utilizar el discurso de los derechos humanos para imponer su agenda a nivel mundial. A pesar de que la transnacionalización ha sido más bien una estrategia implementada tanto por la Iglesia católica como evangélica (Gianella 2018), los mismos se oponen a los derechos sexuales y reproductivos argumentando que es una imposición ideológica internacional (López 2020: 16; Vaggione 2020: 260).

Por un lado, esto sugiere que, pese a que el marco internacional de derechos humanos amplía el debate e incorpora nuevas ideas y actores, no garantiza su avance; y por otro, que es imposible explicar el éxito o el fracaso conservador sin considerar también las estrategias, los recursos y los marcos desplegados por los movimientos progresistas. Es decir, las acciones de cada lado cambian el cálculo político del otro: las fortalezas de los grupos conservadores y la de los grupos progresistas son relativas entre sí (Mayka y Smith 2021: 13). Además, destaca que el papel de las encuestas de opinión pública en la configuración de la política del aborto sigue sin ser concluyente (para dos enfoques distintos, ver Reuterswärd 2021; Lamas 2017).

En conclusión, el fracaso general respecto a la despenalización del aborto en América Latina aún predomina. Este encuentra sus orígenes en la falta de incentivos políticos para asumirlo, el bajo riesgo de salud para las mujeres de clase media y en que los castigos relacionados con el aborto rara vez se aplican. Asimismo, hay muchos costos involucrados en la defensa del derecho al aborto a la luz de la oposición del Vaticano, los movimientos antiaborto y los consejos de obispos nacionales (Htun 2003a: 156), así como de organización y coordinación dentro del activismo por los derechos reproductivos y sexuales.

Sin embargo, pese a los obstáculos, las estrategias feministas para la despenalización del aborto han sido exitosas en algunos contextos y en algunos otros han logrado ir abriendo paulatinamente el camino hacia la liberalización. Aquí se argumenta que conocer a través de la descripción analítica aquellas estrategias de comunicación de narrativas efectivas sobre la política del aborto es determinante para comprender —y ampliar en un futuro— la explicación sobre aquellos casos de éxito.

27En palabras de José María Merino: «La narración ha sido el instrumento natural del ser humano para explicar el mundo a su medida desde que tuvo conciencia de existir en él. Nuestro conocimiento de la realidad comienza con los cuentos […] Las narraciones nos ayudan a descifrar el fluir tumultuoso y desordenado de los hechos, o al menos a comprender- lo mejor, y con ello a comprendernos y descifrarnos más certeramente a nosotros mismos» (2002).

28Es importante mencionar que el conservadurismo no pertenece exclusivamente a la derecha. La izquierda ha demostrado mantener posturas bastante heterogéneas frente a los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, la vinculación de los partidos de izquierda con temas de clase, género y sexualidad puede caracterizarse más bien como ambigua y dependiente tanto del contexto como del tipo de problema del que se trate, pasando desde la confrontación directa hasta la colaboración activa (Friedman et al. 2020). La Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Ortega son un claro ejemplo de izquierdas conservadoras: ambas mantienen la política del aborto más restrictiva de la región.

29Asimismo, no todo el conservadurismo ha sido religioso. La Argentina de derecha libertaria lo ejemplifica muy bien.

30Por ejemplo, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, varios países de Europa del Este, incluidos Polonia, la República Eslovaca y Hungría, restringieron las leyes liberales sobre el aborto de la era comunista después de las transiciones democráticas (Githens 1996; Zielinska 2000 en Htun 2003a: 169).

31Así sucedió con el posicionamiento del discurso del contramovimiento en el estado de Veracruz en 2018. La narrativa conservadora fue retomada literalmente por la legislación estatal para rechazar el amparo judicial que protegía los derechos reproductivos y sexuales. Las y los legisladores, de mayoría panista, argumentaron que el amparo del juez federal era una intromisión en la soberanía estatal, justificaron su oposición a avanzar en la materia y defendieron el bloqueo del artículo 4 donde se «protege la vida desde la concepción» (López 2020: 18). En este caso, las estructuras y la difusión de contramarcos conservadores lograron bloquear el cambio en la política del aborto en Veracruz en 2018, sin embargo, en 2021 se logró la despenalización en el estado ya no por vía del litigio judicial, sino por el camino legislativo.

32Este debate entre igualdad y equidad tuvo eco en la vida pública mexicana en 2006. A raíz de que en la administración pública se utilizaban estos términos de manera intercambiable, en el 36° periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se emitieron algunas recomendaciones dirigidas a México. La recomendación fue la siguiente: «El Comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al concepto de “igualdad”, en los planes y programas del Estado Parte se utiliza el término “equidad”. […] También preocupa al Comité que el Estado Parte entienda la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad. El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que los términos “equidad” e “igualdad” transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y hombres. El Comité recomienda al Estado Parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término “igualdad”» (CEDAW 2006: 4).

33Esto ha cambiado recientemente, sobre todo después de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina en 2020. El efecto contagio de la marea verde ha cambiado el ambiente en la región y ha mandado señales de optimismo sobre la liberalización del aborto en los países latinoamericanos, aunque todavía faltan estudios sobre ello. A nivel informal, el movimiento ha logrado congregar mujeres jóvenes, así como estrechar vínculos con el movimiento lgbtqi. Mientras tanto, a nivel institucional, las agencias del Estado han demostrado ser aliados importantes: en México, Brasil, Colombia y Argentina el papel del Poder Judicial lo ejemplifica muy bien (Ruibal 2021).

34Esto sucedió con la exsecretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Sus recursos políticos para influir en la política sexual a nivel nacional fueron cuestionados por el titubeante silencio del presidente respecto al tema. La influencia política de Sánchez pudo haber sido mucho más fuerte para impulsar la política sexual a nivel nacional pero no contaba con recursos e influencia suficientes para ello.

35En Argentina se dio una fisura entre la Iglesia y el Ejecutivo durante la última administración kirchnerista (2011-2015). Activistas y legisladoras(es) indican como un obstáculo al tratamiento parlamentario del proyecto de la ive el compromiso presidencial con el papa Francisco de no avanzar sobre esta demanda feminista (Friedman et al. 2020: 118).

2. MAPEO DESCRIPTIVO
DE ESTRATEGIAS NARRATIVAS

RASTREO DE NARRATIVAS
A TRAVÉS DE ACTORES

En esta investigación se incorpora de manera novedosa la variable de narrativas políticas a los estudios que buscan comprender las causas y condiciones que posibilitan la despenalización del aborto en América Latina. A partir de las teorías de los efectos de los medios en el sistema político y del MNP, este estudio ofrece un mapeo descriptivo de las estrategias narrativas, tanto conservadoras como feministas, sobre la política del aborto en Oaxaca.

Para identificar las distintas narrativas, realicé un rastreo de los actores involucrados en el debate de esta política que fueron retomados por los medios de comunicación entre 2018 y 2021, periodo en que se modificaron las tres normativas estatales que hacen actualmente de Oaxaca uno de los estados más progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos en México. Estas tres normativas son la despenalización del aborto en el Código Penal (2019), la reforma a la Ley Estatal de Salud (2021) y la reforma al artículo 12 de la Constitución local (2021).

El análisis de las estrategias narrativas de los actores invo-lucrados en el debate del aborto se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en el mapeo de aquellos en el debate. La identificación de actores se realizó a partir de un proceso de búsqueda de noticias por año con las palabras clave: aborto + despenalización + Oaxaca. Se realizó la búsqueda para cada año —2018, 2019, 2020, 2021— con la finalidad de ajustar la pesquisa dependiendo del contexto. Esto quiere decir que para todos los casos se utilizó el mismo criterio de búsqueda, pero se eliminaron palabras específicas para cada año dependiendo del contexto nacional y regional.

En un primer momento tomé como criterio inicial de búsqueda la disponibilidad de notas periodísticas sobre el tema en el agregador de noticias Google News. Con el objetivo de obtener una visión más próxima al fenómeno, complementé la búsqueda con las notas publicadas en los dos diarios locales más grandes. Una vez obtenida la muestra de lo que aquí llamaré argumentos de política,36 la segunda etapa consistió en analizar sistemáticamente estos argumentos del debate público a través de la operacionalización de los elementos teóricos de las narrativas de política propuesto por el MNP. En cuanto que la codificación es un proceso iterativo, la codificación aquí presentada atravesó un proceso amplio de revisión, discusión y, finalmente, reconciliación de la clasificación y resultados finales.

MÉTODO DE BÚSQUEDA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de los argumentos de política fue obtenida de tres fuentes; Google News, El Imparcial Oaxaca y Noticias, Voz e Imagen Oaxaca. Se revisaron un total de 541 notas periodísticas, de las que únicamente 267 incluían algún argumento de política sobre aborto. Es decir, el número de observaciones es de 267 citas textuales provenientes de actores involucrados en el debate y recuperadas por distintos medios.37

AGREGADORES Y MEDIOS

Como ya se dijo, la selección de las fuentes hemerográficas para esta investigación fue motivada por considerar que los medios de comunicación son proveedores potenciales de argumentos de política, ya que contienen editoriales, noticias escritas por el personal del periódico y artículos de opinión. Asimismo, de acuerdo con el mnp, los periódicos son considerados como la mejor fuente para el análisis de narrativas de políticas sobre problemas locales, o problemas con un dominio geográfico particular, ya que los actores de políticas específicas forman coaliciones mucho más tarde en este proceso, mientras que los medios sí logran capturar en alguna medida esa inmediatez (Shanahan, Jones y McBeth 2018: 10).

Los medios son un instrumento para que las y los actores tengan oportunidad de hacer visibles sus demandas, y el aumento reciente del uso de internet y del teléfono móvil inteligente en México es una característica que ayuda a justificar el método de búsqueda a través de agregadores de noticias digitales. De acuerdo con el informe de 2019 sobre uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y actividades por Internet en México del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2015 el uso de internet a nivel nacional era de 57.5% y para 2018 pasó a 65.8%. Mientras, la tenencia de teléfono móvil inteligente en el mismo periodo pasó de 47.4% a 62.2%. Asimismo, en cuanto a la penetración de internet por entidad federativa, de acuerdo con el IFT, para 2019 el 48.9% de la población oaxaqueña tuvo acceso a internet, únicamente por encima de Chiapas donde, para el mismo año, la cifra era 41.9%, y por debajo de la media nacional de 65.8 por ciento.

En este sentido, el rápido desarrollo de las TIC a través de Internet también ha contribuido a la incertidumbre en los procesos de políticas, pero también ha abierto nuevas oportunidades de comunicación directa entre ciudadanía y clase política sin la interferencia de periodistas u otros intermediarios. Esto permite establecer redes temáticas entre aliadas y aliados que anteriormente habían estado aislados de la política nacional y local (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010). Aunque también hay que decirlo: la velocidad con que sucede la comunicación ha alterado la dinámica y el ritmo de la toma de decisiones, especialmente en los contextos de crisis internacionales (López 2021). La política en tiempos de covid-19 es un claro ejemplo de ello.

Pese a la disminución anual de la población lectora de periódicos en el país, el porcentaje de quienes leen diarios es de 37.6%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sobresale que la lectura en formato impreso sigue siendo predominante; de aquellas personas que leen diarios 78% prefiere el formato físico. Asimismo, el material de lectura en el que se dio la mayor diferencia por sexo es precisamente en periódicos, ya que los hombres declararon leerlos en mayor porcentaje que las mujeres. Así, la lectura de diarios a nivel subnacional representa un nicho de estudio limitado en constante consonancia con su variante digital.

Para la selección de periódicos locales consideré los dos medios impresos de circulación diaria con mayor alcance local en términos de tiraje y de usuarios digitales en su plataforma. Es decir, la muestra de argumentos mediáticos se obtuvo de la versión digital de los dos diarios locales más grandes. Según el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2020 y el Padrón Nacional de Medios de la Secretaría de Gobernación actualizado al 2022,38 los diarios oaxaqueños que cumplen este criterio son El Imparcial y Noticias, Voz e Imagen.

Destaca que la cifra sobre tiraje diario diverge significativamente dependiendo de la fuente consultada. Dado que las notas periodísticas analizadas aquí corresponden a la versión digital, prioricé la información divulgada por el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet del Instituto Nacional Electoral (INE) porque contiene la información sobre la variante digital. Empero, pese a las variaciones, en ambas fuentes se comprueba que ambos diarios son los que tienen un mayor alcance en la entidad.

El diario oaxaqueño con mayor circulación diaria en formato impreso es Noticias, Voz e Imagen con 46,000 ejemplares, mientras que El Imparcial tiene mayor presencia digital con 2,565,924 usuarias y usuarios al mes, lo que significa más de 85,000 diarios, muy por encima de lo reportado para el diario Noticias, Voz e Imagen. Esto último, aunado a la experiencia propia en la búsqueda de argumentos de política para esta investigación, sugiere que pese a que Noticias, Voz e Imagen es un diario ligeramente más joven que su competencia —se fundaron en 1976 y en 1972, respectivamente—, ha descuidado la importancia de transitar hacia la variable digital en el contexto actual.39

SELECCIÓN DE NOTAS

La pesquisa de noticias relacionada con la despenalización del aborto en Oaxaca está ajustada para cada año dependiendo del contexto. Para todos los casos se utilizó la cadena de búsqueda: aborto + despenalización + Oaxaca, pero para cada año se eliminaron palabras distintas. El ajuste por contexto se utilizó como un mecanismo inductivo para filtrar el resultado de notas finales. Debido a que los derechos sexuales y reproductivos han adquirido mayor relevancia en las agendas políticas y mediáticas, sobre todo a partir de la última década en México y a nivel regional, se consideró necesario aplicar filtros muy es pecíficos para excluir debates sobre la despenalización del aborto en otras latitudes.

Para el año 2018 eliminé la palabra Argentina porque el 8 de agosto de 2018, el senado argentino rechazó una iniciativa para la despenalización del aborto. Para 2019 eliminé las palabras Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Argentina, porque el 12 de marzo de 2019 el Congreso del estado de Nuevo León aprobó reformas regresivas en su Constitución para reconocer, proteger y tutelar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Mientras, el Congreso de Hidalgo rechazó una iniciativa para la despenalización del aborto en diciembre de 2019, e igualmente lo hizo el Congreso de Puebla en octubre del mismo año. Por último, en Argentina las álgidas discusiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo continuaron a lo largo de 2019 y obtuvieron asimismo gran cobertura mediática, por lo que también se eliminó en la búsqueda de ese año.

Para 2020 eliminé las palabras Veracruz, Argentina, Colombia y Guanajuato porque el 29 de julio de 2020 la SCJN votó en contra del proyecto que pedía la despenalización del aborto en Veracruz, mientras que en Argentina finalmente se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 30 de diciembre de 2020. Por otro lado, en Colombia, durante febrero de 2020 la Corte Constitucional comenzó a estudiar la opción de legalizar esta práctica en los primeros meses de embarazo.40 Finalmente, el Congreso de Guanajuato rechazó el 26 de mayo de 2020 dos iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en la entidad.

Por último, para el año 2021, eliminé las palabras Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Quintana Roo, Argentina, Chile y Suprema Corte de Justicia. Los primeros cuatro estados mexicanos despenalizaron el aborto en 2021, mientras que el congreso de Quintana Roo rechazó en marzo de 2021 las reformas al artículo 13 de la Constitución y a su Código Penal, relacionadas con la liberación del aborto. A nivel regional, el 14 de enero el presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmó el decreto para la promulgación de la IVE, y en enero de 2021 el Congreso de Chile, país latinoamericano con una de las políticas más restrictivas sobre aborto, comenzó la discusión para su despenalización. Por último, en septiembre de 2021 la SCJN mexicana realizó tres fallos históricos: declaró inconstitucional la penalización de mujeres que decidieran interrumpir voluntariamente sus embarazos, así como la protección de la vida desde la concepción. Asimismo, declaró inconstitucional el derecho a objetar la prestación de servicios que afecte el ejercicio de otros derechos.

Los criterios mencionados fueron utilizados en el buscador avanzado de Google News debido a la accesibilidad de este agregador de noticias; sin embargo, para la búsqueda de notas en la plataforma de los dos diarios locales, el procedimiento fue mucho más restrictivo, ya que no se puede realizar una búsqueda especializada a través de filtros automáticos. Esto solamente permitió una búsqueda más generalizada y, por lo tanto, una selección de notas más artesanal. Para los diarios locales, se replicó el criterio al descartar las notas publicadas antes de 2018 y después de 2021, así como aquellas en las que el centro de la publicación fuera distinto de la política sexual en Oaxaca.

CODIFICACIÓN

Los 267 argumentos sobre aborto en Oaxaca se capturaron en una base de datos de elaboración propia y se analizaron de acuerdo con las dimensiones propuestas por el MNP. En la base de datos se sistematizó la información en once variables relevantes (fecha, nivel, unidad de observación, héroe, villano, víctima, aliado, moraleja, estrategia comunicativa, postura frente al aborto e índice de narratividad) con la finalidad de operacionalizar los elementos básicos de los argumentos de política. Como se mencionó antes, el análisis de estas dimensiones es cualitativo, por lo que la codificación es de carácter analítico. Desarrollaré aquí el significado de cada variable y cómo fue codificada.

La fecha de publicación de los argumentos de política es considerada teóricamente como el escenario. De acuerdo con el MNP, el escenario es el espacio donde sucede la historia a lo largo del tiempo (Jones, McBeth y Shanahan 2014). Aquí se utilizará en un sentido amplio el contexto espacial del entorno inmediato (social, económico, geográfico y político) descrito en la introducción, así como en la caracterización nacional y regional. El periodo estudiado se divide por años, de modo que la codificación en la base de datos puede ser 2018, 2019, 2020 o 2021 dependiendo de la fecha de publicación. Se ofrece una caracterización clave en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de la variable escenario

La variable nivel del argumento recupera el cuarto supuesto del MNP que expresa que toda narrativa de política opera en tres niveles interactivos de análisis, a saber: micro, meso y macro. Esta variable identifica el nivel del argumento de manera dicotómica para conocer si se trata de un argumento expresado a nivel personal-micro o de un grupo-meso. Aquí no se considera el nivel macro por tratarse de un nivel cultural que apela a sistemas de creencias identificables únicamente a través de largos periodos de tiempo (Jones, McBeth y Shanahan, 2014). En este sentido, se codifica C = para coalición o grupo y P = para persona o individuo.

Las unidades de observación son los argumentos de política sobre aborto en Oaxaca, que se definen literalmente como las citas textuales de actores recuperadas de notas periodísticas, aquí llamadas también argumentos mediáticos de política.

En cuanto al análisis de personajes, es común que estos sean actores, pero no es necesario; en muchos casos los personajes son abstracciones antropomórficas o categorías amplias como la libertad o la gente (Jones, McBeth y Shanahan 2014: 6). El análisis de personajes se divide en cuatro entidades potenciales: la heroína o el héroe es quien soluciona el problema de la política; la villana o el villano es la entidad que causa el problema; la víctima es la perjudicada y, finalmente, la aliada o el aliado actúa alineado con la heroína o el héroe. La codificación para cada una de estas variables es analítica. Asimismo, debe decirse que los personajes no siempre aparecen de manera expresa, sino que puede presentarse el arquetipo de manera potencial.

A su vez, la variable moraleja de la historia es la solución política en el argumento. Esta suele presentarse como la acción de la heroína o el héroe para proteger a la víctima del daño. No todos los argumentos contienen soluciones políticas específicas, sino que algunas veces pueden ofrecer pasos intermedios para la solución de políticas más amplias, como, por ejemplo, modificar una ley o reglamento (Jones, McBeth y Shanahan 2014). La codificación de esta variable es igualmente analítica.

De acuerdo con el MNP, todas las narrativas de políticas se crean con un propósito. Es decir, son argumentos motivados que pretenden persuadir, calmar o encender el debate público. De acuerdo con el marco analítico utilizado aquí, la variable estrategia comunicativa se refiere a la manipulación intencionada de los elementos narrativos al servicio de los objetivos de la narradora o el narrador. Para esta dimensión elaboré variaciones de las cuatro estrategias más comunes propuestas en el MNP (scope of conflict, causal mechanisms, devil-shift, angel-shift), que son: balance del conflicto, quién-causó-qué, giro diabólico y giro angelical. La descripción de cada una de estas estrategias fue descrita detalladamente en el apartado teórico del primer capítulo.

Por su lado, la variable postura del argumento de política es una aproximación a lo que el MNP considera como sistema de creencias (Jones, McBeth y Shanahan 2014). Para su operacionalización, esta variable identifica de una manera dicotómica el conjunto de valores que hay detrás de un argumento de política. Se codifica con L = aquellos casos en que el argumento apoya la liberalización de los derechos sexuales y reproductivos; P = cuando se opone o prohíbe el reconocimiento de la libre sexualidad y reproducción de las mujeres; y S = cuando no existen elementos suficientes para valorar el posicionamiento de la intervención. Para la clasificación entre una narrativa liberalizadora del aborto, prohibitiva de este o sin elementos suficientes, se considera el conjunto de dos elementos = actor del argumento + moraleja de la historia. Las actoras y los actores se encuentran ordenados en la base de datos en tres dimensiones: nombre, cargo específico y tipo de organización a la que pertenecen,41 mientras que la solución política en sí misma permite conocer la dirección del argumento. En la mayoría de los casos, estos dos elementos (actor + moraleja) en conjunto permiten una valoración general pero suficiente para definir el posicionamiento del argumento.

Por último, el índice argumentativo es la variable que cuantifica el número de elementos narrativos que contiene cada unidad de observación. Se contabiliza la presencia de cada una de las seis variables estructurales en cada argumento (presencia de héroe, villano, víctima, aliado, moraleja y postura frente al aborto). El objetivo de esta variable es obtener información que permita ampliar la agenda de investigación del MNP en un futuro; interesa conocer si los argumentos feministas sobre aborto tuvieron un alto índice argumentativo bajo el supuesto de que las narrativas de una política ganadora integran altos índices argumentativos.

36Me refiero como argumento de política a citas textuales publicadas en un medio de comunicación. De acuerdo con el MNP, un argumento de política debe contener al menos un personaje y referirse al problema en cuestión.

37Me refiero a una narrativa de política cuando hablo de las dos grandes unidades de análisis que son la narrativa feminista sobre aborto y la narrativa conservadora sobre aborto, mientras que me refiero como argumentos de política a las partes que conforman la gran narrativa, es decir, aquellas 267 unidades de observaciones.

38El Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet y el Padrón Nacional de Medios se pueden consultar a través de los siguientes enlaces respectivamente: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113534/JGEor202002-17-ap-3-1-a.pdf y https://pnmi.segob.gob.mx/reporte.\

39Prueba de ello es que después de la recolección de las unidades de observaciones publicadas en el diario Noticias, Voz e Imagen, todo el contenido de su plataforma digital fue inhabilitado por causas de mantenimiento, de acuerdo con la editorial del diario. Esto imposibilita el acceso del público en general a la totalidad de su acervo digital.

40La demanda del movimiento feminista colombiano, representado por la organización Causa Justa, comprendió que la vía legislativa no era favorable y decidió probar la vía del litigio estratégico. Apenas el 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia resolvió esta demanda al de cidir despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana veinticuatro de gestación. Con ello, Colombia se convirtió en el país latinoamericano con el plazo más extenso para este derecho.

41Las categorías para ordenar el tipo de organización de actoras y actores se elaboraron de manera inductiva después de la revisión de la información. Estas son: academia, gobierno, Iglesia católica, organización proaborto, organización provida, partido político, poder judicial, poder legislativo, servicios de salud, sociedad civil y televisión.

3. DIARIOS, ACTORES Y ARGUMENTOS

Los resultados obtenidos de la base de datos sobre argumentos de política sobre aborto en Oaxaca señalan que el mayor número de diarios que retomaron este debate público son de carácter nacional, mientras que la mayoría de los actores asociados a esta discusión pertenecen al ámbito local y, en particular, son provenientes de organizaciones proaborto. Asimismo, destaca que el 70% del total de los argumentos expresan una postura a favor de la liberalización del aborto; tan solo un 22% mantuvieron una postura prohibicionista y un 7% no contiene elementos suficientes para definir una postura. También sobresale que los diarios nacionales decidieron amplificar en un porcentaje ligeramente mayor que los diarios locales los argumentos prohibicionistas. En este apartado describiré los resultados más destacados en el siguiente orden: diarios, actores, y finalmente profundizaré en la construcción de argumentos de política. El orden mencionado corresponde al orden de búsqueda y procesamiento de información seguido en esta investigación. En el tercer capítulo realizaré un análisis cualitativo del contenido y la forma de estos últimos.

MEDIOS

Del total de las 541 notas revisadas, únicamente 54 medios retomaron argumentos textuales sobre el aborto en Oaxaca. El 42% de las notas consideradas provienen de diarios nacionales, el 35% de diarios locales, el 13% de periódicos internacionales y el 5% de diarios de la región latinoamericana.

De los 54 periódicos que cubrieron el debate sobre aborto en Oaxaca, los tres diarios con más notas fueron locales: El Imparcial con 89 notas, Noticias, Voz, e Imagen con 83 notas y El Universal Oaxaca con 39. Le sigue Aristegui noticias con 11 entradas sobre aborto, Marca: la historia de Oaxaca con 9, Animal Político, Cimac Noticias, Forbes y Milenio con 8 notas cada uno, y en décimo lugar se encuentra Expansión Política con 7 notas.

En todas las dimensiones geográficas de los diarios, las narrativas políticas con postura liberalizadora frente a los derechos sexuales y reproductivos obtuvieron una amplia mayoría. Los diarios provenientes de la región latinoamericana son los que cubrieron mayoritariamente voces a favor del aborto, seguidos de los periódicos internacionales. Por el contrario, los diarios nacionales cubrieron con un énfasis mayor las narrativas provida. Esto último sugiere como hipótesis exploratoria que el sistema de medios mexicano a nivel nacional es más tradicional o conservador en temas polémicos, como el aborto, en comparación con el propio sistema de medios a nivel subnacional.

En este sentido, se puede cuestionar la idea común de que los medios a nivel local en México suelen caracterizarse por niveles bajos de profesionalización, innovación e independencia editorial, principalmente por causas históricas, políticas y económicas, como ejemplifican el clientelismo, la presencia de un partido dominante durante más de siete décadas y la violencia local (Márquez 2015). Sin embargo, se necesitan más estudios sobre la cobertura diferenciada de los medios locales y nacionales sobre temas polémicos relacionados con las agendas de género y LGBTQI.

Finalmente, aquellas narrativas que no tienen un posicionamiento claro frente al fenómeno fueron publicadas por diarios locales, lo que refleja la incertidumbre propia de todo proceso de política retratada así por la proximidad de los medios locales. Asimismo, considero importante destacar la existencia de argumentos indefinidos sobre aborto. Se esperaría que al tratarse de una política ampliamente polarizadora y de tipo moral, sería fácil identificar si un actor apoya o rechaza la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, se identificó evidencia que demuestra que aún queda espacio reducido para la indecisión (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Postura de argumentos por dimensión geográfica del diario (%).

En cuanto a la frecuencia con que se publicaron los argumentos sobre aborto, en los cuatro años de análisis la narrativa proaborto se mantuvo siempre por encima de su contraparte, con un mayor énfasis en 2019, año en que se despenalizó el aborto en Oaxaca. Durante 2019, el mayor número de argumentos sobre esta política se concentró en el tercer trimestre del año (julio, agosto, septiembre) y cayó ligeramente en el último trimestre. Sobresale además que, a partir de la reforma al Código Penal oaxaqueño, la publicación de argumentos disminuyó progresivamente. Incluso en 2021, cuando se modificaron la Ley de Salud y la Constitución local, no se identificó un aumento en las unidades de observación.

Esto último sugiere que la DAO fue un evento con alta incidencia en el debate público retomado por los medios, probablemente por su carácter sin precedentes, y no así los otros eventos legislativos que terminaron de ampliar este derecho en materia de derechos sexuales y reproductivos en la entidad.

MAPEO DE ACTORES

Se registró la voz de un total de 234 actores, de los que 66 son considerados protagonistas porque fueron retomados por los medios al menos en dos ocasiones. Pese a que el mayor número de notas periodísticas proviene de diarios nacionales, los 234 actores que participaron en el debate sobre la política sexual en Oaxaca se concentraron en el nivel local con el 60% frente a un 36% de actores de carácter nacional, seguido de un 2.5% de actores a nivel internacional y finalmente un reducido 0.8% a nivel regional.

Del total de actores que participaron en el debate, la mayoría pertenece a organizaciones proaborto con el 31%, seguido del Poder Legislativo con 17% y de organizaciones provida en tercer lugar con un 10%, en su mayoría de carácter local. Esto último sugiere dos posibles hipótesis para una agenda futura. La primera es que el relato feminista sobre aborto en México se encontraba entonces lo bastante consolidado como para dar cabida a un proceso de cambio político mediante acciones institucionales. La segunda está asociada con los medios de difusión de las distintas narrativas. Sería por demás relevante cuestionarse si las coaliciones conservadoras utilizan medios de difusión alternativos para transmitir sus narrativas antiderechos, por ejemplo: vías «subterráneas» o privadas para transmitir mensajes entre sus seguidoras y seguidores, como grupos de WhatsApp o grupos de Facebook, mientras que el cúmulo de sus filas se conformaría mediante la transmisión oral entre redes. Sin embargo, hacen falta más estudios tanto para comprender la re la ción entre narrativas de política dominantes y cambios políticos como para explorar vías alternas de comunicación de grupos antiderechos.

Por otro lado, el número de notas en las que se retoma la voz de un actor puede ser un indicador de su influencia en el debate público. La actora cuya narrativa fue retomada en mayor medida por los medios fue Mayra Morales, coordinadora de la Ddeser, seguida de las diputadas locales de Morena Hilda Graciela Pérez y Laura Estrada, autoras de las iniciativas para reformar el Código Penal.42 Destaca también que las actoras protagonistas del debate son mayoritariamente proaborto.

La presencia de la Ddeser como organización central de este proceso político sugiere una hipótesis relevante para ser explorada en un futuro. Ddeser es una organización creada en 2003 que desde entonces ha invertido recursos para el desarrollo de redes de liderazgo, indígenas y jóvenes. En este sentido, su destacada participación revela una posible transición generacional en el movimiento feminista mexicano en lo que respecta al tema de aborto, sobre todo si se considera que el único precedente que tenía Oaxaca era el caso de la Ciudad de México, en el que la participación más sobresaliente fue la del GIRE —organización amplia y con experiencia política nacional en la que destaca el activismo de Marta Lamas—.43 GIRE es reconocida internacionalmente por su trayectoria y capacidad de colocar en la mesa del debate público temas prioritarios en materia de derechos reproductivos, como la anticoncepción, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, y conciliación de la vida laboral y personal.

Así, la participación central de Mayra Morales deja ver una posible transición generacional mediante el involucramiento de figuras locales jóvenes en el activismo sobre aborto y otros derechos sexuales y reproductivos. El liderazgo de Morales al frente de Ddeser es relevante porque ha impulsado a lo largo de su trayectoria la participación política de mujeres indígenas a través de distintos espacios feministas como la Red de Mujeres Mixes y la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, así como las organizaciones Servicios del Pueblo Mixe A.C., Siempreviva y Mujeres con Autonomía. Además, fue nombrada titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.

Los actores provida protagonistas fueron Pedro Vásquez Villalobos, arzobispo de Antequera, Oaxaca con nueve argumentos de política, y el Área Médica por la Vida de Oaxaca, Asociación civil Oaxaca con cinco argumentos. Asimismo, se identificaron dos actores protagonistas de los cuales no existieron elementos suficientes para clasificar la postura de sus argumentos. Estos son el presidente Andrés Manuel López Obrador con seis intervenciones y José Ramón Pintor Sill, director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con seis argumentos registrados.

En cuanto a las organizaciones proaborto, se registraron en total 39 coaliciones de este tipo. Sobresale que en su mayoría estos grupos pertenecen al contexto local con el 64%, seguido del 33% nacional y, finalmente, el 3% del ámbito regional. La relevancia de las organizaciones locales destaca nuevamente si se considera que anteriormente la batalla por los derechos sexuales y reproductivos en México estaba centralizada por organizaciones de tipo nacional, principalmente ubicadas en la Ciudad de México.

En general, el mayor número de argumentos fue expresado por Ddeser con 14 intervenciones de política sobre aborto, tres de estas provenientes de sus redes estatales, seguida por el grupo local Consorcio para el Diálogo, Parlamento y Equidad Oaxaca, GIRE (nacional) y Marea Verde Oaxaca (local), con 10 argumentos cada una. Esto último sugiere una articulación novedosa entre organizaciones locales, y otras de carácter nacional e incluso regional, como gire o Marea Verde (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Número de argumentos de las primeras diez organizaciones proaborto.

Por otro lado, se identificaron 9 coaliciones autodenominadas provida. Los argumentos provenientes de estas organizaciones también son mayoritariamente del contexto local, con un elevado 80% frente a un 20% nacional. El mayor número de argumentos políticos sobre el aborto fue realizado por la organización Área Médica por la Vida de Oaxaca, seguido del FNF, e incluyendo narrativas provenientes de sus redes estatales (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Número de argumentos realizados por organizaciones provida.

La agrupación Área Médica por la Vida de Oaxaca es una organización local conformada por personal médico que adquirió visibilidad mediática a raíz de la discusión por la despenalización del aborto en Oaxaca. Sus intervenciones fueron polémicas por oponerse a la liberalización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por su parte, el FNF es un movimiento de ultraderecha de muy reciente creación (2016); sin embargo, es una organización amplia de carácter nacional con redes estatales bien establecidas que lidera la reacción contra los derechos sexuales y reproductivos en México (López 2020). El FNF argumenta defender una cultura a favor de la vida, la familia y las libertades, y ha protagonizado grandes movilizaciones en México para obstaculizar la agenda de género y LGBTQI.

PRINCIPALES HALLAZGOS

No todas las discusiones públicas que estuvieron asociadas con el debate sobre aborto en Oaxaca son argumentos de política. De las 305 citas textuales recuperadas, únicamente 267 fueron consideradas como unidades de observación porque contienen los elementos mínimos de un argumento político de acuerdo con el MNP —esto es al menos un personaje y una referencia a la política de interés—.

El 70% de las narrativas fueron a favor de la liberación del aborto y solo el 22% se opusieron a las reformas sobre derechos sexuales y reproductivos. Del 7% de argumentos que no tienen un posicionamiento claro, la mitad corresponde a aquellas declaraciones emitidas por actores del sector salud local.

Como mencioné anteriormente, de acuerdo con el MNP las narrativas de política están conformadas por dos dimensiones. La primera es el contenido, que se asocia con el sistema de creencias y la estrategia comunicativa; y la segunda es la forma, que se integra al menos por el uso de personajes y una moraleja. En este apartado se describe la configuración técnica de las narrativas sobre aborto y en el capítulo siguiente se discutirán las implicaciones de estas composiciones narrativas.

La narrativa feminista predominante en el debate sobre aborto en Oaxaca se caracteriza en su estructura por el uso —de mayor a menor— de a) una moraleja (89.3%), compuesta por dos soluciones: primero, la liberalización de los DSR, y segundo, la separación de la Iglesia y el Estado; b) la víctima (78.6%), representada por la diversidad de mujeres; c) un héroe (47.1%), encarnado por el Congreso local y marcos legales; d) aliados (40.1%), conformado por el Estado y el sector salud, y por último e) un villano (39.6%), representado también por el sector salud.

La narrativa feminista sobre aborto estuvo estructurada en historias afirmativas basadas en el uso de una estrategia comunicativa de balanceo del conflicto, con lo que lograron generar un mensaje simple pero efectivo. A través del uso de esta estrategia, no buscaron encender el debate público, sino aparentar consenso interno para evitar la incorporación de más actores en el debate, porque esto podría ampliar los plazos de discusión y con ello las medidas resolutivas.

La solución del problema propuesta en la narrativa proaborto fue muy clara y se corresponde con la literatura; por un lado, demandó la liberalización de los DSR, y por otro, la sepa ración entre el Estado y la Iglesia. En la historia de aborto contada por grupos progresistas, las mujeres fueron consideras como la víctima histórica del conflicto, narrativa en la que el Congreso local y el marco legal fueron los héroes del argumento. Mientras, el Estado y el sector salud fueron potenciales aliados para lograr el objetivo narrativo.

Debido al conflicto altamente mediático generado a raíz de la demanda por la objeción de conciencia realizada por el sector salud local —que encontró un fuerte apoyo por parte de grupos conservadores a nivel nacional—, la narrativa proaborto reaccionó y ubicó al sector salud como el villano principal de su narrativa.

Motivada por la experiencia con los partidos de izquierda en otras latitudes y el Poder Judicial en México —invocando los fallos históricos que han beneficiado al movimiento, particularmente aquellos provenientes de la experiencia de 2007 con la ILE en Ciudad de México—, la trama progresista buscó conectar con las y los tomadores de decisión mediante el uso de un lenguaje más neutral codificado en términos del habla gubernamental, justificando que sus causas persiguen motivos de justicia social, sobre todo la gratuidad y universalidad. Sus mecanismos persuasivos apelaron a significados abstractos como los derechos humanos y las libertades de las mujeres.

En contraparte, la narrativa conservadora predominante en el debate sobre aborto en Oaxaca estuvo estructurada a partir del uso —de mayor a menor— de a) moraleja (90%), expresada como la regulación de los dsr de las mujeres como propuesta de solución a la problemática del aborto; b) víctima (81.7%), personificada en el feto o la persona no nacida; c) villano (71.7%), encarnado como el Congreso local; d) héroe (41.7%), personalizado por la Iglesia católica, y por último e) el aliado (13.3%), representado por la figura abstracta de los valores morales y de las leyes que protegen la vida desde el momento de la concepción.

La narrativa provida estuvo caracterizada por construir historias basadas en el uso principal de villanos en un marco estratégico de giro diabólico. El uso de esta estrategia buscó agitar el debate público porque incorporó a otros actores a la discusión, con lo que buscaba no solo borrar los márgenes del debate sino prolongar las resoluciones del problema. De acuerdo con Jones y McBeth (2010), esto se debe a que los grupos que se perciben como perdedores tienden a utilizar su narrativa para difundir los costos del statu quo de la política, así como a concentrar los beneficios en una élite y utilizar símbolos como sustitutos de política. Así, esta organización demandó que la solución al conflicto era regular los dsr de las mujeres. Sus participaciones tendieron a desviar el debate y dejar fuera el protagonismo intrínseco que tienen las mujeres en este problema público. De ahí que el sentido de esta narrativa no privilegió la agencia de las mujeres para decidir.

La víctima en esta narrativa fue el feto, nombrado como bebé o niño, presentado en una trama que asemeja la ile a un asesinato. El villano fue caracterizado por el Congreso local, pues se le acusó de aprobar la reforma, y el héroe fue personificado por las jerarquías católicas que, a través de su supuesto conocimiento sobre la vida, se asumieron como acreedores de la soberanía popular para decidir en nombre del bienestar general. Mientras, el uso de aliados fue encarnado por elementos abstractos como los valores y las leyes que protegen la vida desde la concepción.

Asimismo, la narrativa conservadora del aborto en Oaxaca incorporó mecanismos de persuasión para movilizar a grupos específicos de la población a través de apelar a significados morales asociados con la supuesta existencia de un origen y naturaleza humana, así como a las diferencias inherentes entre mujeres y hombres. Además, se caracterizó por la intención de generar miedo social al recurrir a significados sensibles asociados con la inseguridad, la violencia, la soberanía nacional, a imágenes gráficas o historias de bebés asesinados, e incluso a la idea de intrusiones neocoloniales a través de intereses transnacionales.

Motivada por las reacciones principalmente de la Iglesia católica frente a las conferencias de las Naciones Unidas de El Cairo 1994 y Beijing 1995, en donde los derechos reproductivos y sexuales fueron reconocidos formalmente como parte de los derechos humanos, la trama narrativa antiaborto en Oaxaca utilizó, aunque marginalmente, la retórica sobre la ideología de género como un esfuerzo para responder y contrarrestar el peso del movimiento progresista. En mayor medida, se apropió del lenguaje de los derechos humanos y científico para defender una sexualidad sujeta a sus potencialidades reproductivas. El uso de estos dos elementos les permitió a los grupos antiderechos colarse en espacios legislativos y procesos judiciales para entorpecer el acceso legal al aborto.

Finalmente, la narrativa indefinida predominante en el debate sobre aborto en Oaxaca estuvo estructurada a partir del uso —de mayor a menor— de a) moraleja (60%), expresada como la defensa del Estado de derecho basado en los fundamentos legales del procedimiento para interrumpir un embarazo y la objeción de conciencia; b) víctima (49%), personificada en el sector salud; c) villano (25%), encarnado en el Congreso local; d) aliado (25%), representado por la figura igualmente del sector salud; y e) héroe (20%), personalizado por dos actores, el Congreso local y el sector salud.

La argumentación indefinida sobre el aborto en el caso Oaxaca está caracterizada por compartir tanto elementos narrativos de tipo feminista como conservadores. Mientras que el tipo de estrategia y la predominancia del uso de aliados son elementos característicos de la narrativa progresista, el bajo uso de héroes es una particularidad de las intervenciones provida.

42Como protagonistas del debate le siguen Marea Verde en Oaxaca, que aparece en nueve notas; Consorcio para el Diálogo, Parlamento y Equidad Oaxaca, y Magaly López Domínguez, diputada local morenista en Oaxaca, con ocho notas cada una; y el Congreso de Oaxaca, LXIV legislatura, que aparece en cinco notas. Únicamente menciono los primeros diez actores protagonistas, incluyendo actores conservadores.

43GIRE fue fundada en 1992. Dentro de sus objetivos se encuentra la incidencia en procesos legislativos y de políticas públicas, así como acompañar casos, y realizar estrategias de comunicación e investigación sobre el estado de los derechos reproductivos en México. Es actualmente una de las organizaciones más consolidadas en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.

4. NARRATIVAS FEMINISTAS
VERSUS CONSERVADORAS

CONTENIDO DE LA NARRATIVA

En cuanto a las estrategias utilizadas en la discusión sobre la política sexual, la táctica narrativa de los grupos proaborto fue más heterogénea al no concentrarse en el uso de una sola. La más utilizada por este grupo fue balance del conflicto con 44%, seguida de quién-causó-qué con 35%. Por el contrario, los grupos conservadores utilizaron una estrategia narrativa que se concentró más en una sola táctica; como se esperaba, en su amplia mayoría optaron por el giro diabólico al utilizarla en un elevado 65%, seguida de balance del conflicto con 22% del total de sus intervenciones.

Llama la atención que el grupo que no tiene una postura clara frente al aborto (sin elementos suficientes) eligió utilizar principalmente la estrategia balance del conflicto (55%), al igual que los grupos más progresistas. Es decir, sin pertenecer a organizaciones proaborto ni proponer una solución liberalizadora al conflicto, este grupo indefinido planteó argumentos similares en estructura a la coalición ganadora de este proceso de política. Esto sugiere que, en este contexto, la estrategia utilizada por actores indefinidos, más que obstaculizar el ambiente prolegislación, podría favorecerlo. En otras palabras, la indecisión podría beneficiar políticamente a la coalición ganadora.

ESTRUCTURA NARRATIVA

El debate público sobre la política del aborto en Oaxaca se originó en 2019 tras su despenalización en el estado. Desde entonces, el debate ha permanecido latente, aunque cada vez con una menor cobertura. Lo cierto es que, ya sea por desinterés de los medios o por una suerte de normalización, hablar de aborto como un problema de carácter público ya no es sorpresa para nadie en México, pese a las resistencias conservadoras. Conocer cómo fue construida la narrativa feminista sobre aborto es relevante porque brinda claves importantes para comprender y evaluar otras estrategias similares en contextos diversos pero con objetivos comunes. Asimismo, conocer los elementos que configuraron las narrativas feministas en el caso de Oaxaca permite mirar otros casos desde una perspectiva comparada en el futuro para comprender a profundidad los elementos sistemáticos subyacentes a este fenómeno.

En este apartado realizaré un análisis cualitativo de las narrativas de la política sexual en Oaxaca basado en las categorías de personajes y moraleja, elementos estructurales de la narrativa (retomadas del MNP). En un primer momento discutiré la estructura de las narrativas proaborto, referidas también como argumentos feministas, progresistas o liberalizadores en materia de DSR. Posteriormente analizaré el contenido de las narrativas autodenominadas provida, también referidas aquí como argumentos conservadores o prohibitivos frente a los DSR. Finalmente, se discuten los elementos sistemáticos de la narrativa indefinida frente al aborto, a la que también me refiero como argumentos sin elementos suficientes para determinar una postura frente al fenómeno.

NARRATIVAS FEMINISTAS SOBRE LA POLÍTICA SEXUAL

Las primeras narrativas liberalizadoras sobre el aborto tuvieron un comienzo enérgico a raíz de las movilizaciones por el 8 de marzo en 2019. Ana María Hernández, directora general e integrante del Programa de Construcción de Movimientos e Incidencia Pública de la organización local Consorcio para el Diálogo, Parlamento y Equidad de Género en Oaxaca, declaró en un tono de demanda característico de las manifestaciones públicas su descontento frente a la política sexual vigente. Hernández exhibió a las y los «gobernantes» al acusarles de falta de voluntad política para legislar con una «visión de derechos» y les pidió dejar a un lado su «doble moral» (Cruz 2019a). A partir de ese momento, los argumentos para defender la despenalización fueron creciendo paulatinamente hasta el desborde sin precedentes que ocurrió unos meses después.

Destaca que el tema sobre aborto en la entidad haya sido puesto sobre la mesa por Consorcio Oaxaca. Esto, como ya he mencionado, sugiere el cambio generacional dentro del movimiento feminista respecto al tema de aborto. Consorcio Oaxaca es una organización local que fue fundada el mismo año que Ddeser, en 2003. Sus objetivos, además de incidir en los procesos legislativos y de política, han sido similares a los de Ddeser, ya que buscan promover la articulación de redes de mujeres indígenas para promover el ejercicio de los derechos de las mujeres. Ana María Hernández ha sido una pieza importante en este proceso de organización local, ya que ade más de ser integrante de Consorcio, es fundadora de esta colectiva. Asimismo, es coordinadora de Casa La Serena y responsable de la estrategia de Autocuidado, Cuidado Colectivo y Sanación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

El elemento narrativo más utilizado por los grupos feministas fue la moraleja, ya que en un 89% de sus argumentos totales propusieron una solución al fenómeno. Pese a que el mensaje resolutivo de estos grupos fue muy claro y contundente, porque la mayoría de las soluciones estuvo alineada con la demanda generalizada de garantizar dsr, destacaron por número dos tipos de reparaciones sugeridas por grupos progresistas. La primera estuvo relacionada con el respeto al Estado laico y al Estado de derecho, y la segunda estuvo asociada con la necesidad de legislar para liberalizar los DSR (ambas con cuarenta menciones respectivamente). El respeto al Estado laico y al Estado de derecho como reparación incluyen demandas como separar la moral de los derechos humanos, defender los derechos de las mujeres, respetar el marco jurídico, garantizar derechos, cumplir con tratados internacionales, igualdad entre mujeres y hombres, entre otras. Mientras, la necesidad de legislar para liberalizar los dsr incluye: legislar para armonizar los marcos jurídicos estatales, modificar las cláusulas de protección a la vida desde la concepción, mandar iniciativas para la despenalización y reformar la ley estatal de salud, entre otras.

Sin embargo, también estuvieron presentes —por orden de mayor aparición— la urgencia de informar a las mujeres sobre sus derechos y planificación familiar (19), de descriminalizar (8), de proveer servicios de salud gratuitos y de calidad (10), de reducir la mortalidad materna (3), y de garantizar acceso a la justicia a las mujeres y personas gestantes que enfrentan procesos penales (4).

Se identificó principalmente el arquetipo de la víctima en un 78.6% del total de sus argumentos.44 Es decir, nombrar al actor o la situación en que a causa del problema público existen prejuicios importantes para el personaje. En las 147 narrativas en las que se nombra una víctima, más de 140 hacen referencia a las mujeres como víctimas del problema: oaxaqueñas, pobres, vulnerables, menos educadas, jóvenes o indígenas que decidieron abortar, aquellas criminalizadas por hacerlo, que no tienen información ni autonomía sobre sus cuerpos, o incluso los «cientos de mujeres» fallecidas por abortos mal practicados.

En cuanto al uso de la figura del héroe, esta se utilizó en un 47% del total de narrativas liberalizadoras. El actor más mencionado fue el Congreso local y los marcos legales (31 menciones), lo que muestra, como se esperaba, la cercanía narrativa del movimiento feminista con los espacios de toma de decisión. También se mencionaron como figuras heroicas a las mujeres organizadas (27 menciones), en segundo lugar, y al Estado (10 menciones) en tercero. Pese a que el Congreso es parte del Estado, aquí se diferencia entre estos dos para respetar la manera en que fueron construidos los argumentos de política por las coaliciones feministas.45

Este último hallazgo es interesante porque desde ciertas posiciones feministas —sobre todo provenientes de los grupos más anarquistas, antiinstitucionales o outsiders—, el Estado suele ser considerado como un villano opresor. Sin embargo, en el movimiento proaborto en Oaxaca, sucede lo contrario. Es decir, el Estado es visto como una figura heroica, ya que se asume que es quien puede obstaculizar o liberalizar los DSR. En este sentido, la decisión de interpelar a la autoridad estatal como héroe podría ser considerada como una estrategia comunicativa pragmática implementada por el movimiento feminista. Esto va muy acorde con la expectativa narrativa, en la que no se busca la confrontación institucional sino una especie de negociación política con miras a incidir en el cambio político.

Así, la narrativa liberalizadora identificó en su estructura una triada de héroes y heroínas —los tres son personajes institucionales—, aunque también incluyó en menor medida la presencia del sector salud (12), la SCJN (4), el partido político Morena (3) y con una sola mención a Dios.

La mención de Dios como héroe del argumento político fue realizada por Fray Julián Cruzalta, asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, en una narrativa innovadora que muestra otra perspectiva liberalizadora del fenómeno, así como el carácter heterogéneo de la coalición proderechos. Cruzalta declara que «la voz de la conciencia es la voz de Dios, cualquiera que sea su concepción e imagen. No puede haber condena ni pecado cuando las mujeres y adolescentes toman decisiones difíciles como la de interrumpir un embarazo» (Jiménez 2021).

El uso de aliados en comparación con la narrativa conservadora es significativo. Mientras que los grupos prohibicionistas solo incluyeron el arquetipo del aliado en un 13% del total de sus narraciones, los grupos liberalizadores lo hicieron en un 40%. Esto último indica que los primeros no aprovecharon las cualidades estratégicas de incluir en sus argumentos de política la figura de un «cómplice» o un «amigo», que, tras la experiencia exitosa del caso de Oaxaca, parece ser un elemento potencializador en los argumentos de política sexual. Al sustituir el personaje del villano por el del aliado, como lo hicieron las feministas, se evita la confrontación e incluso se pueden generar puentes de diálogo.

La triada de alianzas utilizada en las intervenciones progresistas fueron el Estado (19 menciones), el sector salud (19) y el Poder Legislativo (14). De nuevo, el uso de esta figura refuerza la idea de que el movimiento feminista mexicano interpela con una habilidad practicada desde hace décadas a los sectores estatales, quizá debido a los vínculos elitistas pero exitosos forjados incluso antes de 2007 con la ile en la Ciudad de México (Lamas 2017). Llama la atención que también se incluyera como aliado a la ciudadanía organizada (8 menciones), esto podría sugerir que la narrativa feminista, aunque en menor medida, también le está hablando a sectores populares. Finalmente, también se mencionan como aliados al sistema judicial (6), organismos y normativas internacionales (5), la experiencia ocurrida en Ciudad de México como referente importante (3) y, por último, hay una mención de la normativa católica.46

Por otro lado, el personaje menos utilizado fue la figura del villano. Esto último indica que la argumentación progresista fue sobre todo afirmativa, es decir, no se basó en acusaciones entre coaliciones, sino que se concentró en aspectos de carácter más estructural, como exigir a las instituciones públicas la resolución del problema a través de la ampliación de derechos. La triada de villanos utilizada en la narrativa feminista estuvo conformada, en primer lugar, por número: por el sector salud (19 menciones), los grupos conservadores (18)47 y autoridades negligentes/marcos legales obsoletos (15). La amplia mención del sector salud como villano puede ser interpretada como una respuesta reactiva de los grupos feministas. Ello debido al escándalo mediático desatado a raíz de la objeción de conciencia que reclamaba un sector del gremio local, a partir de lo cual surgió un fuerte apoyo por grupos conservadores a nivel nacional.48

También destaca como villano la mención del Estado (8 menciones), la clandestinidad y la criminalización (con 4 menciones cada una), el sistema de justicia (2) y otros (4). La mención del Estado también como villano es un hallazgo relevante. Podría parecer contradictorio que el Estado sea considerado como un personaje heroico y como un villano en la misma narrativa de política, sin embargo, esto refuerza la hipótesis exploratoria mencionada anteriormente. La estrategia narrativa sobre aborto proveniente de las coaliciones feministas es sobre todo pragmática y busca generar puentes de diálogo para modificar los espacios legales para liberalizar los dsr. Para ello, se juega narrativamente con la idea de confrontación potencial con el Estado, pero también con la idea de mucha cercanía.

Otros49 villanos utilizados en menos medida fueron tres: la información amarillista, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y feministas que reproducen discursos clasistas. La primera se explica a raíz de la publicación de imágenes de un feto dentro del vientre, realizada por la senadora Lilly Téllez, del partido opositor PAN. Al respecto, la vocera de gire Brenda Rodríguez mencionó que «los datos que se manejan en las publicaciones son bastantes cuestionables, son imágenes amarillistas, fuera de la realidad, no hay bebés descuartizados. No corresponde ni con la normativa ni con lo que se está demandando en las marchas» (Agence France-Presse 2020).

La segunda encuentra sus orígenes en el escándalo mediático protagonizado por la UABJO cuando incluyó una pregunta de opción múltiple en sus exámenes de admisión a nivel superior, relacionada con el derecho a decidir de las mujeres. De acuerdo con grupos feministas, la pregunta contenía: «El aborto es una medida […] y puede acarrear graves trastornos». A continuación se proporcionaban espacios en blanco para completar respuestas entre las que se incluyeron palabras como «repulsiva» o «peligrosa». Al respecto, Mayra Morales, coordinadora de Ddeser, declaró:

Un embarazo no deseado conlleva muchos más problemas de salud y emocionales. Por otro lado, cuando una mujer ya ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo y se le niega o se le estigmatiza, como se hizo con las afirmaciones del examen de la UABJO, también se está poniendo en riesgo su salud. Es una violación al Estado de Derecho, a los derechos que tenemos reconocidos en el Estado, y eso es gravísimo, más aún cuando ocurre desde una institución académica (López 2021).

Así, uno de los centros académicos más importantes de Oaxaca se convirtió en un villano en la narrativa feminista. Como menciona la coordinación de Ddeser, simplificar las consecuencias de un embarazo no deseado al punto de la estigmatización puede incluso desvirtuar la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, es importante mencionar que la academia como personaje dentro de la narrativa sobre la política del aborto en Oaxaca ha sido poco clara no solo debido a este acontecimiento, sino también porque sus intervenciones suelen tener una postura «indefinida» frente a este problema público.

Por último, considerar como villanas a las mujeres que reproducen discursos clasistas es una narrativa que, aunque marginal, sobresale debido a que apela al propio movimiento fe mi nista. Esto último deja ver la cada vez más visible heterogeneidad dentro del mismo. Dahlia de la Cerda, cofundadora de la colectiva feminista Morras Help Morras, mencionó que

los movimientos de crítica social reproducen habitualmente estos discursos tan arraigados y la narrativa de decir que el aborto es importante para que «no haya niños pobres» da a entender que sería mejor que no existieran y sería muy diferente si hablá ramos de políticas públicas. […] Cuando una mujer empobrecida quiere abortar lo logra porque lo logra, pero seguimos atoradas en un discurso paternalista, las mujeres hemos sido demasiado huérfanas y queremos pertenecer a un movimiento, pero muchas veces no hay un compromiso político real, uno de estos compromisos es evaluar los discursos que reproducimos sin pensar (Mendoza 2020).

La intervención de Dahlia de la Cerda pone sobre la mesa la complejidad del análisis sobre narrativa de políticas porque incluso las narrativas dominantes sobre aborto contienen disputas internas. Sobre todo, destaca la necesidad de cuestionar los objetivos y estrategias de la argumentación feminista sobre aborto.

En cuanto al tipo de estrategias comunicativas empleadas por grupos feministas, como se planteó en el capítulo 3, la más utilizada por los grupos progresistas fue la argumentación balance del conflicto. Esto quiere decir que la estructura de sus intervenciones planteó en términos simples que la solución política era relativamente sencilla y que, de implementarse, una amplia población de mujeres que estaba siendo perjudicada se vería beneficiada. Es decir, ofrecieron en una narrativa simple —aunque recurriendo a significados estructurales— la idea de soluciones fáciles para conflictos complejos.

La estrategia comunicativa quién-causó-qué se caracte riza por señalar la participación expresa o potencial de distintos actores que puede provocar que otro evento suceda. Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (Gesmujer), ofrece un argumento original donde le exige al gobernador de manera velada, y con un lenguaje afirmativo, publicar la iniciativa aprobada semanas antes por el Congreso para concretar y hacer efectiva dicha reforma. Asimismo, incorpora al menos tres personajes: el Congreso local es el héroe, las mujeres oaxaqueñas son las víctimas históricas y el gobernador del estado, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, es el posible aliado. Con este tipo de narrativa no solo se nombra a algunas y algunos actores involucrados, sino que implícitamente se cuenta la historia en la que se establecen relaciones y responsabilidades, así como expectativas y posibles prejuicios.

Celebramos que el Congreso local haya aprobado la despenalización el 24 de septiembre, porque con ello se reconoció que además de ser un tema de libertades, representa un avance fundamental para salvar la vida de las mujeres […] El gobernador de Oaxaca tiene la oportunidad de contribuir a salvar la vida de las oaxaqueñas y evitar que por una ineficaz política, sigan pagando con su vida la falta de acciones contundentes para proteger el derecho a la vida de las niñas y las mujeres (Sosa 2019c).

La intervención innovadora —en términos narrativos— de Gesmujer puede estar asociada a su carácter y experiencia como un espacio de discusión crítica y reflexividad. Fundada en 1977, Gesmujer es reconocida por traer al debate público temas que las instituciones de gobierno locales habían evita do discutir por muchos años porque no los identificaban como asuntos prioritarios, como la salud materna, la prevención de la muerte materna y la violencia de género en sus distintos ámbitos. Angélica Ayala Ortiz asumió la presidencia de esta organización en 2019.

La táctica comunicativa giro angelical no solo se distancia de las ideas del «otro» ni se centra en lo que considera una causa que beneficiará a la mayoría, sino que tiende a tratarse de una narrativa utilizada sobre todo por grupos feministas que se interpelan a sí mismas como un grupo unificado de élite con capacidad de toma de decisión. Es un discurso moderado pero potente en el que protagonizan las acciones afirmativas y las causas históricas y «democráticamente justas», como la libertad, el acceso a los derechos, la igualdad, el cuidado, la protección de las mujeres más vulnerables, entre otras. Esta estrategia suele considerar al Estado como un aliado. Normalmente no señala la responsabilidad de otros actores porque eso modificaría la estrategia; no acusa, no señala la culpa de otros explícitamente, sino que presume de sus acciones y de los motivos que las guían. Si señala las acciones del villano, suele hacerlo sin confrontar, normalmente escudándose en las causas «socialmente justas».

La intervención de Jennifer Jiménez González, entonces coordinadora de relaciones interinstitucionales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam),50 es un ejemplo de la conformación de argumentos de política que utilizan una estrategia de giro angelical. En su argumento se resaltan las acciones implementadas por la Fundación, así como la idea de que lo que están haciendo es necesario para resolver algunas problemáticas de las mujeres oaxaqueñas:

Existe todavía mucho camino por recorrer, estamos trabajando para la asignación del presupuesto, ya que hasta ahora es una demagogia para que el sector salud garantice este servicio a las mujeres. […] La Fundación trabaja en la entidad oaxaqueña para dar a conocer en las comunidades los derechos de las mujeres porque en algunas comunidades las mujeres son vistas como personas sin derechos, estamos formando mujeres oaxaqueñas para que conozcan sus derechos reproductivos y sociales, para que se involucren en el diseño de políticas públicas, hay un grupo de mujeres para realizar un monitoreo en el sector salud para que se constate que se garantice un aborto seguro (Carrera 2020b).

Si se analiza la frecuencia de palabras más repetidas en los argumentos de política feminista encontramos que mujeres, derechos, aborto, salud, embarazo y Oaxaca son los elementos que más aparecen. Cuando se trata de contar una historia en política —y también en otros contextos— la repetición importa porque la contundencia del mensaje se transmite a través de la reiteración de una comunicación simple (Burton y Shea 2010). Esto último refleja de manera general y simplificada los significados e ideas principales que fueron utilizados en la narrativa de política sexual.

En términos más detallados, la historia contada por grupos feministas recurrió a significados complejos. Por ejemplo, Yésica Sánchez de Consorcio Oaxaca recurrió a valores históricamente asociados a la democracia mexicana utilizando la estrategia de giro angelical con un elevado índice argumentativo.51 Su intervención tiene un carácter heroico y afirmativo, le habla expresamente al Estado obviando que la ampliación de derechos de las mujeres es la solución más evidente.

Más a detalle, menciona a Benito Juárez, personaje del histórico nacional reconocido por las Leyes de Reforma que separaron la Iglesia del Estado en 1859,52 a quien, por cierto, el actual presidente mexicano considera un referente y homólogo político53 para dirigir la vida pública y transformar la política del país. Por lo tanto, no es aleatorio pensar que además de hablarle a las y los legisladores, esta organización proaborto esté interpelando también de manera velada al Poder Ejecutivo:

Por muchos años se luchó para la separación de la Iglesia-Estado y hoy no se puede retroceder. Oaxaca puede colocarse a la vanguardia como un territorio digno de Juárez y como el primer estado que da el derecho a la ampliación de los derechos de las mujeres […] Llamamos a los y las legisladoras a ser leales defensores del Estado laico, a votar a favor de la interrupción legal del embarazo y a frenar la intromisión de las creencias religiosas en la vida pública y política (Cruz 2019b).

Asimismo, si acaso la estrategia feminista es confrontativa es por la demanda de la separación entre la religión y la política. El argumento sobre el Estado laico ha sido común en la narrativa feminista y se comprueba en el caso de Oaxaca. Unos días antes de la discusión en el Congreso local, la intervención de Anabel López, integrante del Colectivo por los Derechos de las Mujeres, demandó concretamente la separación entre las creencias religiosas y los asuntos públicos, en sus palabras: «que […] en la discusión antepongan los derechos humanos de las mujeres sobre las posturas personales e ideologías religiosas» (Luciana 2019a). En el mismo sentido, el argumento de Marea Verde Oaxaca pidió abiertamente a las diputadas no privilegiar la religión ante los DSR y sobreponer el Estado laico:

Señoras diputadas, #OaxacaEsProvida solo si se legisla sin anteponer principios religiosos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Exigimos que se respete el #EstadoLaico […] El Congreso es una soberanía, llevar imágenes religiosas y oficiar misa al interior del Recinto Legislativo, son una grave falta al #EstadoLaico, no pueden legislar desde su fanatismo religioso. El derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres corresponde a las propias mujeres, es un derecho inalienable ¡y de dignidad humana! (Luciana 2019b).

Llama la atención que la estrategia narrativa balance del conflicto también es ampliamente utilizada por quienes toman decisiones —políticas(os), funcionarias(os), etcétera—. El mismo lenguaje formal y aparentemente neutral que comunica el alcance del fenómeno, así como a las y los actores perjudicados por el mismo, en algunos casos ofrece una moraleja de tipo estructural, como defender el Estado de derecho.

Asimismo, existe una similitud en la conformación de la estructura narrativa entre aquellos argumentos de política sin una postura clara frente al aborto y aquellas de carácter liberalizador, y es que ambas suelen dirigirse a sus mismos grupos. Pareciera que buscan convencerse a sí mismas de que las acciones propias son las correctas. Por ejemplo, pese a que en la declaración de Donato Casas Escamilla, titular de los sso, podría parecer que se encuentra implícita una postura política, nunca termina de posicionar se claramente frente a las reformas al Código Penal, sino que se escuda en la obediencia servil y en los procedimientos técnicos-legales de la administración a la que pertenece:

Nosotros somos una secretaría que acatamos órdenes y estaremos muy al pendiente de lo que suceda; de aprobarse, nosotros no contamos con infraestructura y tendríamos que hacer una reingeniería para poder tener mejores espacios y dar la cobertura que nos pidan (Sosa 2019b).

En este sentido, una de las diferencias importantes en la estructura narrativa proaborto y la de los actores indefinidos —mayoritariamente funcionariado del sector salud local— es que las declaraciones de estos últimos son juzgadas en el marco de la normativa vigente, por lo que muchas veces no expresan su verdadera opinión frente al tema sino la del «deber ser», mientras que los argumentos feministas suelen ser abiertamente defensores de la liberalización del aborto.

NARRATIVAS CONSERVADORAS
SOBRE LA POLÍTICA SEXUAL

La ofensiva narrativa de los grupos conservadores comenzó tarde en comparación con su contraparte. Apenas unos días antes de la discusión para reformar el Código Penal ocurrió un evento simbólico en el recinto legislativo. De acuerdo con el diario Noticias, Voz e Imagen, el 3 de septiembre de 2019 la diputada priista Magda Rendón54 organizó un foro llamado El Aborto en la Actualidad a las afueras del Congreso oaxaqueño. La representante convocó a creyentes católicos, así como a integrantes del movimiento antiderechos Ola Celeste, quienes después de rezar a la puerta del Congreso ingresaron al salón de sesiones en comitiva llevando al frente imágenes y haciendo cánticos religiosos. Una vez dentro repartieron pañoletas celestes con la leyenda: «Sí a la vida».

Al respecto, Miguel Bautista Muñoz, vocero de Ola Celeste Oaxaca, declaró que la única finalidad del foro era presentar «una visión de la defensa a la vida desde un enfoque médico y científico» (Luciana 2019c). Con ello, reforzó la expectativa teórica y dejó claro que los grupos conservadores buscaban rea propiarse del dominio del lenguaje científico —al suponer que existen motivos «objetivos» para impedir el reconocimiento de derechos reproductivos— y conseguir alianzas en el sector médico que ayudaran a legitimar sus demandas. Después de este evento y a pocos días de que la despenalización del aborto fuera un hecho en Oaxaca, la estrategia narrati va conservadora se concentró sobre todo en reaccionar a los eventos y a las declaraciones feministas más mediáticas. Esta incorporación tardía de los grupos conservadores al debate público sobre aborto sugiere que la estrategia narrativa de la coalición antiderechos fue de tipo reactivo. De ahí que, precisamente días antes de la despenalización del aborto en Oaxaca, los grupos provida se hayan organizado para ingresar al recinto legislativo.

En cuanto a la construcción de sus argumentos políticos, se identificó —al igual que la narrativa feminista— que el elemento narrativo más utilizado fue la moraleja con un elevado 90% del total de sus narrativas. Ofrecieron 54 soluciones al conflicto que fueron agrupadas de manera inductiva en ocho tipos. Por número, la propuesta resolutiva más utilizada fue la urgencia de realizar mediante vía legislativa una regulación de DSR de las mujeres (18 menciones), seguida de proteger las dos vidas (16) y facilitar procesos de adopción, guarderías y vida libre de violencia para las mujeres (8) como una alternativa a la interrupción voluntaria del embarazo. Empero, también ofrecieron otras opciones, como proteger la objeción de conciencia del servicio médico (5), defender los valores morales (3), difundir información contra las secuelas del aborto (2), así como realizar una consulta popular e interponer amparos para frenar la reforma, con una mención cada una. Ninguna de las «soluciones» ofrecidas al problema se salió del margen teórico esperado —desarrollado en el argumento de esta investigación—.

En este sentido, existe una variación importante de argumentos en la región. Después de un análisis de los argumentos conservadores contra el aborto en Colombia, Niño y Rincón (2018) sostienen que las justificaciones más frecuentes en los debates públicos fueron la defensa de la vida del no nacido y la objeción de conciencia. Sin embargo, en Oaxaca se encontró que los argumentos conservadores defienden las dos vidas, lo que sugiere que las estrategias fundamentalistas a nivel local han sabido transformarse y adaptarse al momento político.

Esto también refuerza la idea de cierto mimetismo (Vaggione 2018) narrativo entre el movimiento conservador y el movimiento feminista. En Argentina, existió una apropiación y resignificación de la defensa de la vida por parte de las activistas del derecho al aborto como respuesta al autodenominado movimiento provida. Las feministas argentinas defendieron la vida de las mujeres a partir de 1999, después de los intentos más activos de la Iglesia católica de contrarrestar los Encuentros (Sutton y Borland 2013: 218).

En cuanto a la defensa de la objeción de conciencia, los grupos conservadores han buscado institucionalizarla con el objetivo de que hospitales enteros puedan objetar conciencia y no tener que prestar el servicio de la IVE. Incluso juezas y jueces invocan la objeción de conciencia para no proteger el derecho de las mujeres por la vía judicial (Niño y Rincón 2018: 383).

En lo que se refiere al uso de personajes, la figura más utilizada fue la víctima con un 82%. Es decir, en 49 de 60 argumentos de política se incorporó este arquetipo. Por número, la triada de víctimas estuvo compuesta por tres figuras, a saber: el feto o la persona no nacida (17 menciones), el pueblo (13) y el sector salud (9). La primera y tercera víctimas refuerzan de manera coherente la diversidad de moralejas ofrecidas por estos grupos, sin embargo, sobresale la mención del pueblo como víctima, porque al incorporarlo en su narrativa se está utilizando un recurso retórico en apariencia apolítico o neutro pero altamente movilizador. Además, la narrativa prohibitiva utiliza indistintamente al pueblo como víctima, héroe y aliado, y así se rearticula una cadena de significado que interpela a un gran número de posturas frente al aborto.

Por ejemplo, el arzobispo de Antequera Pedro Vásquez intervino utilizando un argumento moral en el que la amplia selección de símbolos generó un efecto con alto potencial movilizador porque apelaba a significados comunes en la vida de las personas. La efectividad de palabras y frases como «orígenes de la vida», «cuidados», «valor de la familia», «valores evangélicos», «dignidad humana y nosotros», y la idea de la población oaxaqueña versus «lo otro», que es un «claro signo de muerte» busca agitar el debate público al referirse a elementos individualizables, tangibles o fácilmente identificables en lo cotidiano.

En la historia contada por el arzobispo, destaca asimismo la maestría en el uso retórico del término «pueblo oaxaqueño», porque además de que él mismo se asume como el pueblo oaxaqueño, establece un muro imaginario —pero con efectos reales— entre «nosotros los buenos» y «ellos los malos». Esta ha sido una estructura narrativa tradicional muy eficiente utilizada por grupos conservadores frente a la política sexual al menos desde hace tres décadas (Garbagnoli 2016; Bergallo, Jaramillo y Vaggione 2018; Sutton y Borland 2018; Reuterswärd 2021).

La iglesia católica continuará promoviendo, como se ha hecho desde sus orígenes, el cuidado de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. […] La iglesia está en contra de estos enfoques legales que son claros signos de muerte […] Seguiremos promoviendo el valor de la familia, con todo lo que esto significa, y lo que en la actualidad estamos viviendo, necesitamos cultivar la cultura de los valores evangélicos que puedan combatir esas expresiones que atentan contra la dignidad humana […] los oaxaqueños no queremos leyes que vayan deteriorando cada vez más nuestra conciencia, porque con ello se va viendo amenazada toda la dignidad de la persona humana (Torres 2019a).

También se mencionan como víctimas al sector salud (9) asociado con la objeción de conciencia, mujeres (4), valores morales (3), la normativa que protege la vida desde la concepción (2) y, por último, el FNF con una mención.

Por otro lado, el uso del arquetipo del villano destaca por que es utilizado en un alto 71%. En consonancia con lo esperado de cada narrativa, si comparamos la argumentación feminista sobre aborto con aquella conservadora, encontramos que la primera tiende a utilizar más las figuras heroicas mientras que los últimos apelan al villano en mayor medida. O, en otras palabras, se identifica que el uso de héroes en la narrativa feminista es inverso al uso de villanos en la narrativa conservadora sobre aborto. De este modo, la estrategia comunicativa progresista suele optar por un enfoque afirmativo centrando sus intervenciones en las acciones propias o de sus aliados en un sentido positivo, mientras que la táctica conservadora se ha inclinado por el uso del giro diabólico, es decir, extremar la percepción negativa que tienen sobre sus oponentes, muchas veces considerándolos más «malvados» de lo que realmente son.

La experiencia del caso de Oaxaca sugiere que, aunado a la presencia de condiciones contextuales óptimas —como la presencia mayoritaria de un partido asociado a la izquierda—, concentrarse en discursos afirmativos en donde prevalezcan las figuras heroicas y centrar la estrategia comunicativa en balancear el conflicto podría ser más efectivo para reforzar ambientes propicios para discutir legislativamente la liberalización el aborto.

La triada de villanos utilizada en la narrativa conservadora está conformada por el Congreso local (15 menciones), por mujeres organizadas (9) —entre las que se encuentran quienes deciden abortar, así como el movimiento Marea Verde— y, por último, las leyes liberalizadoras del aborto (5). También se identificó la mención de organismos transnacionales o figuras externas a la nación (4), como por ejemplo la onu, el Fondo Monetario Internacional, industrias transnacionales, así como la mercadotecnia (en abstracto), a las cuales se les acusó de querer imponer visiones contrarias a los valores familiares.

El uso de esta última figura (organismos transnacionales) también es considerado un elemento clásico de la narrativa conservadora. Por ejemplo, Víctor Manuel Aguilar, representante del FNF en Oaxaca, argumentó que el único beneficiario de la liberalización del aborto era la industria transnacional, por lo que en su narrativa esta aparece como villano. Mientras, la víctima de la situación son las mujeres y el sector salud, que se encuentra «amenazado»:

Si analizamos quiénes son los beneficiados de este tipo de disposiciones encontramos que en el fondo es promover la industria transnacional del aborto. Pronto veremos en el sector salud a las filiales en México de estas transnacionales, dando «capacitación» a los médicos o, mejor dicho, amenazándolos para practicar los abortos. Por eso les urge a los ministros echar abajo la objeción de conciencia. […] Esto de ninguna manera beneficia a las mujeres, lo único que logra es promover y aumentar el número de muertes de mujeres por esta causa, porque el aborto tanto clandestino como legal en ningún momento es seguro. […] El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia (Aguilar 2021).

Asimismo, dentro de la historia sobre aborto contada por grupos antiderechos se acusó también al partido político Morena (6 menciones) por impulsar la iniciativa para la DAO, y finalmente a la SCJN (2) por no echar abajo la reforma o amparar a grupos inconformes. Otro ejemplo que ilustra bien el uso de figuras villanescas es la intervención de Patricia Lazo, representante del movimiento Unidad Oaxaca, quien acusa abiertamente a la diputación de Morena por presentar iniciativas a favor de la liberalización del aborto; asimismo, en su narrativa la víctima explícita son las madres y los padres de familia y las mujeres «asesinadas». El argumento utilizado contiene muchos símbolos polarizadores que buscan agitar el debate social porque utiliza significados fácilmente materializables en la vida cotidiana de las personas —como la pobreza, inseguridad, des nutrición, feminicidios, cáncer—, por lo que también es altamente movilizador. Esta manera simplista e incluso irresponsable de contar la historia da a entender que estar a favor de la liberalización de los DSR significa oponerse a causas tan sensibles como las muertes por cáncer o incluso los feminicidios:

Estamos […] en desacuerdo con las iniciativas legislativas presentadas recientemente por algunos diputados de Morena en el Congreso del Estado, por atentar contra la vida y en contra de los derechos de los padres, así como en contra del derecho a la salud. Faltan servicios básicos, como energía eléctrica, agua, drenaje y piso firme. También, tenemos problemas de desnutrición infantil, violencia y desintegración familiar, así como desaparición y asesinato de mujeres. Mientras los recursos se distraen en temas en contra de la vida y la familia, los recortes al gasto para el tratamiento y medicinas en contra del cáncer han cobrado mil 602 muertes, entre diciembre del 2019 y septiembre de este año (Vélez 2020).

Por otro lado, pese a que el uso del héroe como figura narrativa no es predominante, representa un 41% del total de intervenciones prohibitivas. Los tres más empleados fueron la Iglesia católica (9 menciones), activismo provida (4) —entre los que se encuentran el movimiento Unidad Oaxaca y los foros organizados por la Ola Celeste Oaxaca—, el sector salud (4) —en un tono que se mezcla con el victimismo—, las normativas que protegen la vida desde la concepción (3), el PAN (2) como defensor de los intereses «familiares», el pueblo (2) presentado como mayorías oaxaqueñas y finalmente, mencionado en una ocasión, aquellas(os) hijas(os) productos de una violación como historia de superación de vida.

Esta escandalosa última mención ocurrió en el marco de la iniciativa de Ley para la Objeción de Conciencia Médica en noviembre de 2020. Al respecto, la organización Área Médica por la Vida Oaxaca declaró que «A veces los hijos producto de una violación son los más brillantes» (López 2020).

Por último, el uso de aliados fue muy reducido en comparación con la narrativa progresista. Los grupos provida únicamente hicieron uso de esta en un 13%. Por número, los más usados fueron los valores morales (2 menciones), seguidos de la normativa y las autoridades que protegen la vida desde la concepción (2), mientras que se mencionaron en una sola ocasión a Donaldo Casas Escamilla, secretario de los Servicios de Salud Oaxaca, los tribunales internacionales y al pueblo oaxaqueño.

En el marco de la iniciativa para la Ley de Objeción de Conciencia, Adriana Jáuregui, especialista en cirugía general y consejera del Consejo Mexicano de Cirugía General, intervino para exigir al secretario de Salud que echara abajo la des penalización del aborto en Oaxaca por representar un asesinato. En este sentido, Donaldo Casas representa un potencial aliado para el movimiento antiderechos:

No comprendemos cómo nuestro sistema de salud califica a los hospitales como amigos del niño y la madre, ahora se convierte en ejecutor del asesinato de estos niños. Exigimos al gobernador y diputados abolir la ley del asesinato del aborto que lo legaliza y les decimos: el sistema de salud de Oaxaca está para defender la vida. […] Solicito al secretario de Salud, Donaldo Casas Escamilla, que escuche la voz de su personal de salud para defender los hospitales amigos del niño y de la madre […] Esa madre en gestación y el hijo que porta en su vientre son el motivo del trabajo de estos hospitales, proteger su integridad y salud. El aborto es un asesinato con un autor intelectual: aquellos que avalan y aprueban esas leyes de muerte. Los ejecutores no seremos los médicos oaxaqueños (Sosa 2020).

En cuanto al tipo de estrategias comunicativas empleadas por los grupos provida, predomina la argumentación en la que se utiliza el giro diabólico (65%). Esto significa que la historia sobre la política del aborto utilizada por grupos conservadores optó por emplear una de sus tácticas tradicionales no solo al distanciarse radicalmente de sus oponentes, sino a través de construir un imagen perversa del otro mediante el uso de significados sensibles para generar pánico moral, como inseguridad, violencia, muerte, educación, la idea de sometimiento a ideas «perversas» impuestas por grupos desconocidos, así como la de bebés asesinados con el consentimiento de las leyes. Todo esto a su vez persigue un objetivo característico de esta narrativa, que es enganchar, agitar y confundir al ampliar y desdibujar los márgenes de la discusión pública.

Los objetivos de esta narrativa se pueden identificar en la intervención del arzobispo de la Diócesis de Antequera, Pedro Vázquez, quien recurrió a significados movilizadores como la supuesta violencia y muerte que vive la entidad, así como demandas para tener más trabajo y educación que nada tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Asimismo, sobresale que comenzó su intervención hablando desde una figura de autoridad casi representativa de las y los oaxaqueños: «la entidad no necesita esto, sino esto otro».

La entidad no necesita una ley del aborto, sino leyes para que salgamos de la violencia, para que se termine la violencia y muerte, para tener trabajo y para una mejor educación, pero no para promover la muerte, sino la vida […] Dios es el que decide que nazca quien fue engendrado en el vientre de una mujer, no los diputados, porque tiene derecho a vivir (Relevante 2019).

Al analizar la frecuencia de palabras más utilizadas en los argumentos de política antiderechos, encontramos que las más empleadas fueron aborto, vida y derecho. Si se compara la nube de palabras conservadora con la feminista, se identifica que los términos utilizados son similares. En particular, resulta sorpresivo el uso conservador de la palabra «derechos»; esto refuerza la idea del secularismo religioso, donde existe una reconfiguración de los argumentos fundamentalistas a través de la reapropiación de estrategias proaborto basadas en el lenguaje de derechos humanos. El uso de palabras clave basadas en la vida y el aborto da pistas del tipo de marco interpretativo utilizado en la narrativa fundamentalista y ayuda a complementar el análisis de argumentos sobre la política sexual.

En particular, la narrativa conservadora incorporó argumentaciones polifacéticas al integrar una amplia gama de dimensiones y significados que abarcan una variedad de temas políticamente polémicos —como la muerte y los asesinatos—, así como elementos protocientíficos o biologicistas con los que buscó legitimar o sustentar sus argumentos. Asimismo, integró elementos abiertamente políticos o ideológicos que buscaron confrontar y alejarse extremadamente del «otro». También sobresale que ofrecieron múltiples causas y significados para interpelar al mayor número de personas.

La narrativa de política utilizada por el presidente del FNF, Rodrigo Iván Cortés, ejemplifica bien este tipo de argumento. Es un discurso rico en significado que apela a símbolos movilizadores. Responsabiliza y confronta directamente al gobierno y ofrece elementos abiertamente ideológicos al acusar al partido Morena. Finalmente, no solo interpela al pueblo oaxaqueño, sino que se identifica como la encarnación de este pueblo y busca credibilidad al incorporar la idea de una supuesta evidencia científica.

En el mismo argumento, la selección de palabras no es aleatoria, sino que se asocia con significados sociales pro vocadores porque pertenecen a la dimensión individual de lo cotidiano, como por ejemplo «pueblo», «derecho a la vida», «Morena», «bebés en las calles», «salud pública» y «evidencia científica». El trasfondo de esta narrativa es profundamente conservador y suprime cualquier tipo de agencia de las mujeres; supone que la solución es ofrecer «mejores oportunidades y servicios para tener hijos».

Se tendría que eliminar la protección a la vida en su Constitución y eso no será posible porque el pueblo oaxaqueño es provida y, además, no se reformó la Constitución porque no tenían los votos y por lo tanto pararon la sesión. Morena no logró reformar la Constitución que sí protege la vida. […] Actualmente en Oaxaca las mujeres tienen a sus bebés en las calles y jardines de los hospitales y no es justo que el gobierno se deslinde de esta gran responsabilidad, ya que con el aborto solo institucionaliza el desamparo hacia las mujeres porque ofrece solo el aborto y no mejores oportunidades y servicios para tener hijos […] Existen recomendaciones de salud pública basadas en evidencia científica para frenar la mortalidad materna en Oaxaca, no es necesaria la despenalización del aborto, sino atender las siguientes recomendaciones (Torres 2019b).

Como se podría esperar, en el caso de Oaxaca se identifica la táctica de reapropiación del lenguaje de los derechos humanos al asignar nuevos significados para fines conservadores. Esta táctica es común sobre todo en los sectores más institucionales o cercanos al aparato estatal. Un ejemplo que ilustra bien esta argumentación es la intervención de María de Jesús Mendoza Sánchez, diputada local del PAN, quien no solo se opuso abiertamente a los DSR, sino que hizo pasar su causa como una demanda apolítica y amoral, estrategia muy clásica de los discursos de centro y derecha, para terminar legitimando su demanda en la normativa constitucional que protege la vida desde la concepción:

Más allá de posiciones partidistas, creencias religiosas o motivaciones de género, la despenalización del aborto que se pretende aprobar en el Congreso estatal atenta contra el derecho a la vida consagrado en la Constitución y los derechos humanos de las personas (Velásquez 2019).

Por otro lado, se encontró un elemento novedoso en la argumentación prohibitiva que sugiere que los grupos conservadores incorporan paulatinamente o replican las tácticas comunicativas de sus adversarios que califican como exitosas. Contrario a lo que se esperaba, estos grupos integraron marginalmente estrategias comunicativas angelicales. Esto quiere decir que han comenzado a resaltar sus demandas en términos afirmativos, otro camino totalmente distinto al de la provocación del miedo social y lejos de la confrontación. Esta mezcla de estrategias presenta un argumento novedoso, pero al mismo tiempo moral, en el que se defiende el derecho a la vida con un discurso afirmativo pero altamente movilizador.

Un ejemplo de la incorporación de esta tendencia se identifica en la intervención de Alejandro Ramírez Barrita, cirujano y sacerdote integrante del grupo Área Médica por la Vida, quien concentró su argumento en el sentido de la vida humana resaltando diversas perspectivas como la filosofía, la moral, la biología e incluso la ética. Contrario a otro tipo de narrativas adversariales, en este caso existe cierta calma en el desarrollo del argumento, es un ritmo totalmente distinto; señala la naturaleza y los ciclos de la vida del ser humano. En su demanda de nuevo sale a la superficie argumentativa un elemento disruptivo que lo devuelve acaso al espectro perverso, que es la idea de matar a un ser humano con el consentimiento de las leyes:

Nos manifestamos en favor de la vida y por supuesto sabiendo el sentido que tiene la vida humana desde los diferentes sentidos filosóficos, moral, biológico, ético, social, también sabemos y defendemos la vida desde el momento de la concepción, son diferentes etapas las que atraviesa el ser humano hasta llegar a morir en diferentes edades y circunstancias, no debemos minimizar estas etapas, la eutanasia y el aborto no son los medios para matar a un ser humano (Carrera 2020a).

Al respecto, sobresale también la postura de enunciación. Al tratarse de una figura médica, su intervención busca legitimar la postura provida desde un estatus social reconocido como científico y objetivo.

Sin embargo, el uso de estrategias angelicales por grupos conservadores no es generalizable a todas las narrativas de este tipo, sino que es una pista que sugiere que más allá de la diversidad de los grupos reaccionarios, existe la sospecha de modificaciones internas y estructurales en la comunicación más prohibitiva frente a los dsr. Debido a que es un elemento novedoso, es importante no perder de vista la evolución de esta posible tendencia conservadora.

NARRATIVAS INDEFINIDAS
SOBRE LA POLÍTICA SEXUAL

La indecisión narrativa frente a un tema tan políticamente con troversial y polarizante es un fenómeno interesante porque representa de alguna manera la zona gris que divide la postura narrativa de apoyar u oponerse a la despenalización del aborto. Es decir, hay un margen estrecho en el que un argumento sobre la política del aborto puede pasar desapercibido por no ofrecer elementos identificables que lo posicionen a favor o en contra. En Oaxaca, tan solo un 22% de las narrativas de política sexual se encuentran en esta zona gris.

Pese a que este tipo de argumentaciones tienden a ser pronunciadas por instancias del sector salud local u otro tipo de organizaciones gubernamentales, sobresale que la academia también tiene narrativas en las que no es fácil identificar una postura clara frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto último se debe a que, al igual que las y los funcionarios deben apegar sus intervenciones a la normativa vigente, cuando se consulta a los grupos académicos estos han procurado argumentos de tipo más informativo que de declaración política, lo que suele dejar abierta la definición personal y política frente al fenómeno.

En un tono informativo casi descriptivo, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) argumenta que «en el caso de Oaxaca, el estado no cumple con la atención a las víctimas de violencia sexual y existe un desconocimiento en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en los servicios de salud» (Sosa 2019c). Con la información anterior resulta ambiguo ubicar dicha intervención de un lado o del otro. Esto no quiere decir que en los argumentos indefinidos no exista una postura política frente al aborto —el principio teórico del MNP supone que todo argumento de política tiene una intencionalidad; unas más evidentes que otras—, sino que esta se encuentra lo suficientemente velada como para ser codifica metodológicamente aquí.

Asimismo, unos días antes de la discusión legislativa, la narrativa de José Ramón, director de Prevención y Promoción de la Salud de los SSO, representó un buen ejemplo sobre esta zona argumentativa gris. Por un lado, el funcionario habló de sensibilizar al personal mé dico, pero por otro, de reconocer a quienes exigen objeción de conciencia; mencionó también la necesidad de conocer las unidades hospitalarias capacitadas para realizar este procedimiento y, en tono acaso de queja, el aumento de trabajo si se despenalizaba el aborto. Es decir, su intervención va de un lado argumentativo al otro con desenvoltura y sin comprometerse con ninguna postura.

En todo el año no se ha realizado un solo aborto por esta causal, ni en años anteriores porque el tema no está aterrizado bien con todas las instancias. […] Se requerirá capacitar y sensibilizar al personal, pero también identificar a quienes tienen objeción de conciencia para no practicar un aborto. Será necesario identificar también qué unidades hospitalarias tienen la capacidad para realizar la interrupción legal de embarazos, porque la mayoría tiene una carga de trabajo que se vendría a incrementar si se despenaliza el aborto en Oaxaca (Sosa 2019c).

En cuanto a elementos narrativos, se identifica que al igual que los argumentos conservadores y feministas, la indecisión tiende a ofrecer soluciones al conflicto en la mayoría de sus intervenciones con un 60%. La propuesta resolutiva más mencionada fue la defensa del Estado de derecho (6 menciones), con un énfasis general en las bases legales de todo procedimiento relacionado con el aborto. También se mencionó la protección de objeción de conciencia (3) en términos de consultar y capacitar al sector médico en materia de interrupción del aborto. La última solución al conflicto propuesta en las narrativas indefinidas está asociada con el trabajo pendiente en el sector médico (3), donde destaca la falta de capacidades presupuestarias y de infraestructura para poder desempeñar dichas labores.

Asimismo, el uso de la figura victimizada ocupó gran número de sus narrativas con un 40%. No sorprende que la víctima más repetida fuera el sector salud (5 menciones) —ya que este grupo representa la mayoría de enunciadores—, seguida de las mujeres (3). Las narrativas indefinidas comparten similitudes con las estructuras conservadoras, pero también con los argumentos feministas. En similitud con los argumentos conservadores, se identificó la preferencia por el uso de villanos con un 25%, entre los que se encuentra el Congreso local (4 menciones) y el sector salud con una mención. Mientras, en consonancia con los argumentos feministas, se utiliza la figura del personaje aliado también en un 25% del total de sus narraciones. Como aliado destaca el sector salud (4 menciones), seguido de la Constitución Federal y los tratados internacionales con una mención.

Los argumentos indefinidos frente al aborto en el caso de Oaxaca están caracterizados por el juego de personajes narrativos constituido por el actor/coalición del sector salud, ya que este aparece como héroe, víctima, aliado, villano e incluso como parte resolutiva en la moraleja. Así, mientras que en la narrativa feminista la yuxtaposición de personajes o juego narrativo sucede con el Estado y en la narrativa conservadora sucede con el pueblo oaxaqueño, en la narrativa indefinida ocurre con el sector salud.

EL SILENCIO DEL PRESIDENTE

Al igual que las narrativas, los temas sobre los cuales los actores políticos relevantes guardan silencio afectan la forma en que se implementan las reformas (Sutton y Borland 2013: 197). Con el paso del tiempo, los silencios, ausencias o sobrerrepresentaciones se concatenan en un nuevo guion histórico-político que comienza a estructurarse como mitos políticos, es decir, alcanzan una estructura narrativa más compleja que excede a la técnica de comunicación en sí misma (D’Adamo y Beaudoux 2012: 13). Finalmente, estas características integran y resignifican historias compartidas.

En 2018, el sistema de partidos en México experimentó un cambio nunca antes visto. El poder ejecutivo que hasta entonces se había alternado entre el centro con el PRI y la derecha, a través del mandato del PAN, fue ganado democráticamente por Morena, partido de reciente creación asociado con la izquierda. Así, el giro tardío a la izquierda ocurrió con la victoria de Andrés Manuel López Obrador (A.M.L.O.) —tras dos intentos fallidos por llegar a la presidencia— con una ventaja y participación ciudadana inéditas, con el 53% de votos efectivos, el respaldo más amplio jamás logrado por un candidato.

En el proceso electoral llevado a cabo en 2018 también se eligieron 128 senadurías y 500 diputaciones federales. La irrupción de Morena no solo aseguró el control del Ejecutivo y la mayoría en ambas cámaras legislativas, sino también la mayoría de las gobernaciones locales disputadas, entre las que se encontraba la Ciudad de México. Los 12 estados que celebraron elecciones legislativas y se encontraban controlados por el PRI pasaron a Morena en 2018. En la Cámara Federal de Diputados, la representación del pri se desplomó de 204 escaños (de 500) a solo 47, mientras que Morena logró 252 curules por sí solo. Esto básicamente le dio al partido victorioso la posibilidad de llevar a cabo su propia agenda política.

Así, los partidos hasta entonces dominantes sufrieron una severa derrota electoral. Se piensa que, entre otros factores, los fuertes escándalos de corrupción y el mal desempeño en las pasadas administraciones, tanto del PRI como del PAN, generaron el rechazo electoral para estos partidos (Zaremberg y Rezende 2022: 43) como un costo político. Este drástico cambio en la política mexicana trajo consigo una sensación de optimismo y generó altas expectativas en torno a la nueva administración. Como sostienen Kingdon et al. (2014), varios acontecimientos anticipan la apertura de «ventanas de oportunidad» para el cambio político, que pueden darse por un cambio de administración o por la afluencia de nuevos miembros en la le gislatura; México experimentaba los dos. Tras las elecciones presi denciales de 2018, el estado de ánimo nacional era optimista.

Tan solo un año después del éxito de A.M.L.O., las diputadas y los diputados del Congreso de Oaxaca mayoritariamente morenistas —62% de la LXVI legislatura—, quienes recientemente habían tomado posesión, aprobaron la DAO en un contexto de regulación del aborto que en lo local estaba basado en causales diferenciadas por estado, pero donde a nivel nacional imperaba un contexto normativo restrictivo, sobre todo después de la ola antiderechos impulsada por grupos conservadores a partir de 2007.

La falta de un pronunciamiento presidencial acerca del tema causó sorpresa sobre todo porque A.M.L.O. se ha caracterizado no solo por ser un mandatario que ha demostrado sentir se cómodo opinando de una variedad de temas, sino por su capacidad comunicativa para influir constantemente en la agenda pública y política del país. Desde el inicio de su gobierno ha ofrecido conferencias de prensa matutinas, consideradas como una novedosa estrategia de comunicación política para gobernar: el Ejecutivo anuncia los programas de su gobierno, gira instrucciones a sus colaboradoras(es) y usualmente envía mensajes políticos en ellas. Además, establece qué existe, qué sucede y qué importa en la vida pública del país.

Antes de la DAO, A.M.L.O. se había mostrado renuente a pronunciarse sobre los derechos sexuales y reproductivos. El 12 de marzo de 2019, el presidente respondió «soy dueño de mis silencios» frente a un cuestionamiento sobre la política del aborto.55 Esto ocurrió luego de que en el marco del 8 de marzo la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se posicionara en repetidas ocasiones a favor de la despenalización del aborto en las primeras semanas. Más tarde, cuando el Congreso de Oaxaca despenalizó el aborto, el silencio del presidente fue absoluto.56

La reticencia presidencial para pronunciarse abiertamente al respecto se ha interpretado por distintos sectores como una postura conservadora y carente de compromiso con la agenda de género. Considerando el éxito de este y otros esfuerzos progresistas respecto al aborto, es factible pensar que el titubeante silencio presidencial frente a la DAO fuera visto de manera pragmática por algunos grupos feministas y legisladoras(es) morenistas, sobre todo a nivel local, como una señal de que no había costos políticos si se impulsaba la reforma. El hecho de que A.M.L.O. no opinara a favor o en contra de la reforma despejó la incertidumbre política que hubiese causado la propuesta de una consulta popular sobre derechos sexuales y reproductivos.57 Por el contrario, el silencio ensanchó la frontera de lo posible y cambió el ambiente político al ofrecer la idea de lo que era factible.

Días antes de que se votara la iniciativa en Oaxaca, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entidad del gobierno federal, hizo un llamado58 a diputadas y diputados locales para que, en congruencia con la promulgación del Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, «se unan para votar a favor de la iniciativa […] que permitirá a las mujeres de este estado el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos». Una vez aprobada la reforma el Instituto reconoció la labor del Congreso oaxaqueño en Twitter.59

Después de que la despenalización se abriera camino en Hidalgo y Veracruz —más tarde lo hizo en Baja California y Colima—, y frente a la posibilidad de que la scjn invalidara el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que castigaba con prisión el aborto voluntario, la fracción del 198 que impedía a una mujer ser asistida por personal de salud en el procedimiento, y la modificación al artículo 199 que limitaba a las primeras doce semanas de gestación el plazo para que una víctima de violación pudiera abortar, el presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo evitó pronunciarse a favor o en contra, y más bien dijo: «Este asunto es bastante polémico, entonces si ya lo tiene la SCJN, a ellos les corresponde». La decisión se aprobó de manera unánime el 7 de septiembre de 2021, por lo que se estableció un criterio obligatorio de no criminalización para todas las juezas y los jueces del país.

Dos días después, la SCJN invalidó la disposición de la Constitución del estado de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva (art. 4 Bis A, fracción I), con lo que igual mente se estableció como criterio obligatorio para todas las juezas y los jueces del país. En el mismo sentido, semanas más tarde, frente al descontento de un grupo de profesionales de la salud con los últimos fallos del Poder Judicial, la SCJN declaró inconstitucional el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, mas no el derecho a objetar la prestación de servicios. Sin embargo, las y los ministros hicieron un llamado al Congreso de la Unión para establecer lineamientos claros que permitieran ejercer la objeción de conciencia sin que esto afectara el ejercicio de otros derechos como el acceso a servicios de interrupción del embarazo.60

El contexto político mexicano de los últimos tres años ha demostrado ser favorable para la liberalización de los derechos sexuales y reproductivos. Empero, como he argumentado aquí, pese a que el ambiente político pueda facilitar que se lleven a cabo procesos para la despenalización del aborto, existen casos que demuestran que la presencia de condiciones óptimas no siempre resulta suficiente para generar un cambio normativo a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que sugiere que las variables tradicionales no alcanzan a explicar la complejidad inherente a los procesos de cambio respecto al aborto.

44En el proceso de codificación se evidenció que la aparición de personajes (víctimas, villanos, héroes y aliados) no siempre se narra de manera expresa, sino que muchas veces aparece de manera potencial o implícita. Es decir, se trata de narrativas con dimensiones hipotéticas. Por ejemplo, en el contexto mexicano en el que el presidente ha amenazado con llevar a consulta temas polémicos, el Estado se personifica en la narrativa de Mayra Morales más que como un villano manifiesto, como uno potencial: «Que quede claro, los derechos no se deben consultar, el Estado está obligado a garantizarlos para el ejercicio y goce de la ciudadanía» (Cruz 2019b). También podría decirse que la ciudadanía es la víctima potencial en caso de que se realice una consulta popular sobre sus derechos.

45Cuando me refiero al Congreso local y marcos legales se incluyen, por ejemplo, las siguientes menciones: legislación oaxaqueña, Ley para Despenalizar el Aborto, Congreso local y reformas al Código Penal, entre otras. Mientras que, cuando me refiero al Estado, es porque se incluye literalmente la palabra Estado, por ejemplo: estado de Oaxaca, Estado mexicano e incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

46Fray Julián Cruzalta menciona el Código de Derecho Canónico como una normativa aliada en la que se contemplan excepciones en la aplicación de penas para aquellas mujeres que interrumpen su embarazo si es menor de 16 años, cuando esta ignora que infringe una ley, actúa por violencia o de manera accidental, actúa presionada por miedo, lo hace por necesidad, actúa para evitar un grave daño, actúa en legítima defensa o carecía de uso de razón.

47Entre estos se encontraron «grupos de derecha» y «ultraderecha», la Iglesia católica y organizaciones provida como Área Médica por la Vida en Oaxaca.

48El caso llegó hasta la SCJN. El 20 de septiembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, mas no el derecho a objetar la prestación de servicios. Las y los ministros hicieron un llamado al Congreso de la Unión para establecer lineamientos claros que permitieran ejercer la objeción de conciencia sin que esto afectara el ejercicio de otros derechos como el acceso a servicios de interrupción del embarazo. Con ello, la SCJN de nuevo actuó como un aliado para liberalizar los DSR.

49La decisión de agrupar a estas tres figuras en la categoría analítica de «otros» es estrictamente metodológica. No se encontró otro grupo de mejor identificación.

50Mexfam es una fundación de carácter nacional de muy larga trayectoria, fundada en 1965 con el objetivo de promover la planeación familiar y la educación sexual como respuesta al crecimiento de la natalidad en México. Desde entonces se ha dedicado a trabajar con familias rurales y urbano-marginadas facilitando vías de acceso a la información, servicios educativos y médicos de calidad. Asimismo, es relevante el reconocimiento internacional de esta organización. En 1969 se afilió a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) dentro de la Región del Hemisferio Occidental (RHO), organismo que procura mejorar la salud de mujeres, hombres y jóvenes en América Latina y el Caribe al fortalecer la capacidad de organizaciones locales para brindar servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad. En este sentido, Mexfam y GIRE podrían ser consideradas las dos organizaciones feministas más consolidadas en México en materia de derechos reproductivos y sexuales.

51Como se encuentra desarrollado en el capítulo metodológico, el índice argumentativo se refiere al grado de elementos básicos que conforman la estructura narrativa. En este caso, la narrativa de Yésica Sánchez integra 5/5 elementos: héroe, villano, víctima, aliado y moraleja.

52Una de las reformas del expresidente y exgobernador de Oaxaca fue la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos el 12 de julio de 1859, la cual impidió a la Iglesia tener propiedades en México. Este acontecimiento es un hito en la historia pública de México por marcar una división institucional entre el Estado y la Iglesia.

53A.M.L.O. autodenominó su sexenio como la cuarta transformación del país. La primera transformación es la Independencia (1810-1821), movimiento armado para la liberación del dominio español. La segunda es la Reforma (1859-1961), la guerra entre liberales y conservadores de la que surgieron las Leyes de Reforma, entre las que destaca la separación de la Iglesia y el Estado. Finalmente, la tercera transformación es la Revolución (1910-1917), conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz del que surgió la Constitución mexicana aún vigente.

54De acuerdo con la misma nota periodística, el foro también fue presenciado por las diputadas Victoria Cruz Villar (Partido Verde Ecologista de México [PVEM], Inés Leal (Morena) y Elena Cuevas (Morena).

55Días antes, el 8 de marzo de 2019 en la conferencia titulada Mujeres Transformando México, las declaraciones del presidente fueron interpretadas por algunos grupos feministas, de la sociedad civil y la academia como un adelanto de sus intenciones para consultar el derecho al aborto. Sin embargo, lo cierto es que durante la conferencia no se mencionó de manera directa el tema del aborto, pero sí la defensa de consultar a la ciudadanía sobre temas polémicos. Las palabras de Andrés Manuel López Obrador fueron: «Siempre, cuando se tiene que decidir sobre un tema polémico decimos: vamos a la consulta, a la democracia, para no imponer nada. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho».

56El único comunicado, aunque indirecto, ocurrió el 26 de septiembre de 2019 a través de la cuenta oficial del Gobierno de México en Twitter (@GobiernoMX), donde se reconoció al Congreso de Oaxaca por la ampliación de derechos y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. El mensaje puede ser consultado a través del siguiente enlace https://twitter.com/GobiernoMX/status/1177048610074218499?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1177048610074218499%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Festados%2Fgobierno-de-amlo-celebra-despenalizacion-del-aborto-en-oaxaca.

57Así lo sugirió el 31 de diciembre de 2020. Un día después de la aprobación de la Ley del Aborto en Argentina, el presidente mexicano propuso someter la despenalización del aborto a una consulta pública argumentando que se trata de un tema muy polémico. La indignación de colectivas feministas y otros grupos de la sociedad mexicana reprobaron la propuesta, y se opusieron severamente a que los derechos reproductivos y sexuales fueran sometidos a consulta popular.

58El comunicado puede consultarse a través del siguiente enlace https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/el-inmujeres-celebra-la-iniciativa-de-reforma-a-la-constitucion-del-estado-de-oaxaca-para-garantizar-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-de-las-mujeres.

59El comunicado puede consultarse a través del siguiente enlace https://twitter.com/inmujeres/status/1176981376517779456.

60En México, la objeción de conciencia es una estrategia utilizada por los oponentes al aborto, sin embargo, al igual que en Argentina, este derecho es de carácter individual, por lo que requiere que cada prestador del servicio lo ejerza al momento de enfrentarse a cada caso (Vaggione 2018).

REFLEXIONES FINALES

Las narrativas de política no suceden en el aire, sino que buscan dirigirse a alguien; buscan convencer no solo para que creas sino para que adoptes su perspectiva sobre el problema. De ahí que resulta importante comprender toda narrativa de política como una acción, y «como todo comportamiento social, la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales» (Sigal y Verón 2003: 16).

Así, las estrategias narrativas de política sobre aborto se definen a partir del ambiente en el que ocurren. La atención al contexto es fundamental para analizar los marcos del derecho al aborto porque si bien las activistas feministas han sabido innovar, también han aprendido a aprovechar los recursos culturales existentes y las historias políticas para desarrollar sus demandas. Para Sigal y Verón (2003), el ambiente representa las condiciones sociales de producción de los contenidos narrativos sobre política. Las autoras se refieren al contexto como el plano de enunciación. Este es el nivel del discurso en el que se construye no lo que se dice, sino la relación del que habla con aquello que dice.

En este sentido, las variables institucionales y las de organización feminista conforman los espacios de enunciación que posibilitan que una narrativa feminista proaborto determinada se vuelva dominante. El contexto político a nivel local, nacional y regional en el que se dio la DAO importan para comprender la dimensión narrativa del fenómeno mismo, ya que, aunque los objetivos del derecho al aborto en diferentes contextos pueden parecer similares, los argumentos del movimiento pueden ser diferentes (Linders en Sutton y Borlan 2013).61

La victoria de Morena en todos los niveles de gobierno ocurrida en 2018, la aprobación de la IVE en Argentina aunada al ambiente regional proderechos consiguiente, los fallos de la SCJN mexicana en los últimos años, la conformación de redes feministas a nivel local más las reconocidas organizaciones de alcance nacional, la experiencia de 2007 en la Ciudad de México, así como el favorable silencio del presidente, son algunos de los elementos importantes que configuraron la ventana de oportunidad política.

En este análisis de las narrativas sobre la política del aborto en Oaxaca podemos observar las diferencias entre coaliciones en el uso de elementos narrativos, estrategias y creencias políticas. Argumenté que los grupos antiaborto y proderecho utilizaron diferentes tipos de historias, variados usos de personajes y distintas maneras de proponer una solución al problema de política. Asimismo, identifiqué variaciones en el uso de estrategias en términos del giro diabólico y balance del conflicto.

En cuanto al contenido, mostré que la narrativa predominante estuvo desarrollada en términos afirmativos, basada en el uso de héroes y en la combinación de estrategias comunicativas de tipo balance del conflicto y giro angelical. Esto último refuerza los hallazgos identificados en la literatura que sostienen que la estructura narrativa basada en héroes tiende a ser efectiva para lograr cambios en los resultados de política (Jones, McBeth y Shanahan 2014). Así, la estrategia feminista utilizada en Oaxaca se basó en dos elementos: 1) crear una imagen positiva del Estado y de las legislaciones locales, y 2) demostrar que gran parte de la población se vería beneficiada si se aprobaba la liberalización del aborto.

De esto último se desprenden cuatro implicaciones. 1) Existió un proceso de rearticulación de la figura de héroe, donde la estrategia feminista ofreció una oportunidad política a las y los legisladores de convertirse en héroes. Mientras que el con servadurismo los vio como los malos de la historia, las narrativas feministas les brindaron un escenario de posible retribución política al crearles una imagen positiva. 2) Se redujeron los costos políticos. Dada la oportunidad política (presentada sobre todo por el silencio presidencial y las mayorías de izquierda), invertir en convertir a las y los legisladores en protagonistas, y demostrar que hay más ganancias que pérdidas, de alguna manera protegió a los actores políticos locales y les brindó un campo de acción antes no disponible. 3) A través de esta estrategia se armó un escenario propicio para la legislación. Centrarse en los altos beneficios de la política proporcionó un ambiente favorable para la legislación porque generó la idea de que había mucho que ganar y casi nada que perder. Por último, 4) la estrategia feminista fue de tipo elitista porque armó una imagen positiva de las legisladoras y del Estado, y no buscó movilizar a las masas. Esto da pie a posibles comparaciones futuras, por ejemplo, en Argentina parecen existir narrativas basadas más en lo popular en busca de cierta proximidad con las bases ciudadanas. Sería relevante investigar a futuro qué implicaciones tiene que las feministas se dirijan al Estado y no a la población, sobre todo considerando que el movimiento mexicano ha tenido dificultades históricas para enraizarse a nivel subnacional.

Por otro lado, destaqué la capacidad de aprovechamiento de las ventanas de oportunidad para pronunciarse e incorporarse en el debate público. El trabajo de las impulsoras de la DAO; Hilda Pérez, Laura Estrada y Rocío Machuca, es importante porque no solo esperaron para incorporar el problema del aborto en un momento político adecuado, sino que debieron desarrollar sus ideas, experiencia y propuestas mucho antes del periodo en que se abrió la ventana. Sin esa consideración previa y ablandamiento, no hubiesen podido aprovechar la oportunidad cuando se presentó (Kingdon 2013).

En contraparte, mostré que la narrativa conservadora predominante sobre aborto estuvo basada en el uso de villanos y en la estrategia de giro diabólico. Es decir, atacando, quizá en un acto de desesperación (Jones, McBeth y Shanahan 2014), a la coalición opositora. Incluyeron en su trama elementos asociados sobre todo con el miedo. En algunos casos presumieron la defensa de los valores, de la familia tradicional, del feto e incluso en algunas ocasiones argumentaron que buscaban proteger a las mujeres. Empero, dejaron a un lado un factor relevante para las narrativas de política, que es la verosimilitud de lo que se cuenta. De acuerdo con McBeth (2010), el éxito de la historia se deriva de su plausibilidad, la confianza en la fuente de la historia y el grado en que la narrativa es aceptable para las y los destinatarios. Sin veracidad en la trama no hay confianza en la historia. Este quizá fue el error narrativo más grande de los grupos prohibicionistas en el caso de Oaxaca.

Los argumentos de política prohibicionista estuvieron fuertemente apoyados en la retórica del pueblo. La potencialidad para polarizar puede estar vinculada con la capacidad de rearticular el papel del pueblo como víctima, o como figura heroica y aliado para solucionar el conflicto. Con ello se ampliaron los márgenes del fenómeno, y se buscó que más personas e intereses se sintieran identificados con la causa. No obstante, la construcción de narrativas conservadoras no logró abstraerse para simplificar sus ideas. En términos de comunicación política, hizo falta pasar del razonamiento a la emotividad y de la complejidad a la simplificación (D’Adamo y Beaudoux 2012), y sus intervenciones no lograron lo segundo.

En conclusión, a partir del análisis sistemático de las narrativas sobre aborto en el caso oaxaqueño, podemos aprender que, en contextos de oportunidad política, basarse en discursos simples y afirmativos centrados en la legislación y el Estado, así como enfatizar los beneficios del cambio político, podría ser más efectivo para generar ambientes favorables para discutir legislativamente la liberalización del aborto y otros derechos sexuales.

En este sentido, es interesante preguntarse cómo es que la estrategia movilizadora basada en la retórica de la ideología de género utilizada por los grupos conservadores aparentemente perdió fuerza frente a una estrategia feminista más ilustrada, planteada en términos afirmativos y de cercanía con el Estado, ligada a un discurso de derechos —es decir, usualmente menos movilizadora—. La estrategia comunicativa conservadora adoptada hace poco menos de tres décadas había demostrado ser efectiva, sin embargo, lo sucedido en Oaxaca sugiere que la narrativa feminista mexicana también ha comenzado a redefinir su estrategia discursiva sobre la política del aborto, de modo que ha podido contrarrestar efectivamente las visiones más prohibitivas a nivel subnacional.

61Por ejemplo, en Suecia, un país con una fuerte tradición de bienestar social, el activismo impulsó interpretaciones del aborto como una medida de emergencia tomada por mujeres que experimentan dificultades sociales o económicas. Mientras, en los Estados Unidos, donde prevalece el individualismo liberal, el derecho de las mujeres a elegir se convirtió en un marco interpretativo feminista imperante. En América Latina, las feministas han trabajado para presentar el aborto inseguro como un tema de salud pública y de justicia social, defendiendo al mismo tiempo los derechos reproductivos internacionalmente reconocidos (Sutton y Borlan 2013: 199).

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